Propone también subir los tipos reducidos del IVA, que drenan 18.000 millones anuales de las arcas públicas
23 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Con la vista puesta en la necesidad de recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas -eso sí, una vez superada la crisis sanitaria y devuelto el pulso a la economía-, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de hacer público un análisis de los beneficios fiscales que se aplican en España y que suponen que las arcas públicas dejen de ingresar 60.000 millones anuales. De los trece incentivos estudiados (suponen un coste recaudatorio de 35.000 millones, el 60 % del total), el organismo destaca la necesidad de revisar algunos, incluso cambiándolos totalmente, ya que el beneficio social que logran no compensa la merma de recaudación.
El caso más evidente es el de la deducción a los planes de pensiones en el IRPF (1.643 millones de coste), para la que la AIReF recomienda su «reformulación completa», incardinándola en la reforma de las pensiones públicas que debe salir del Pacto de Toledo. La crítica a este instrumento privado de ahorro para la jubilación es demoledora.
«No incentivan el ahorro»
No solo considera que «no consigue su objetivo, que es incentivar el ahorro a largo plazo» para complementar la prestación pública, sino que, además, las desgravaciones en el IRPF son «regresivas»: el 1 % más rico se lleva dos de cada tres euros de ahorro fiscal (1.084 de los más de 1.600 totales).
El estudio constata que, en general, los hogares usan poco este vehículo, como lo demuestra que el ahorro acumulado justo antes de la jubilación es reducido, tanto entre quienes tienen rentas bajas (11.000 euros acumulados de media) como altas (20.000 euros).
Aunque los contribuyentes con ingresos altos son los que más utilizan esta desgravación, no es un instrumento atractivo para ellos, teniendo en cuenta las comisiones aplicadas a los planes de pensiones y los impuestos a pagar al rescatarlos. Por contra, sí suponen un ahorro fiscal para las rentas bajas que, paradójicamente, son las que no tienen capacidad de ahorro para abrir un plan privado.
IVA reducido, el gran agujero
La AIReF también concluye que los tipos reducidos del IVA (del y del 10 %, frente al 21 % general), drenan 18.000 millones de recaudación (el agujero más profundo de todos los analizados). A diferencia de los planes de pensiones, los tipos bajos sí cumplen su objetivo -facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad-, aunque no del modo más eficiente desde el punto de vista distributivo.
Gravan alimentos y productos básicos, pero también servicios asociados a la cultura y el ocio, cuyo consumo es mayor entre las rentas medias y altas. Por ello, el informe recoge que el 61 % de dichos incentivos benefician a los hogares con mayores ingresos.
Por ello, su propuesta es hacer una «revisión paulatina» de los tipos reducidos cuando se reactive la economía tras la crisis. Además, «para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas e incrementar la desigualdad», la subida debería ir acompañada de medidas de gasto para los colectivos más vulnerables y sectores estratégicos.
La declaración conjunta desincentiva el empleo femenino
Bajo la lupa de la AIReF también está la declaración conjunta en el IRPF (con la que el erario pierde 2.392 millones anuales), diseñada para adecuar el impuesto a la composición de rentas del hogar. Aunque admite que logra su objetivo de beneficiar a familias donde solo uno de los miembros tenga ingresos, alerta de que «genera un desincentivo a la participación laboral de las mujeres».
Por ello, propone «acelerar su paulatina desaparición» (en línea con la UE) y establecer un régimen transitorio para no perjudicar a los hogares con menor capacidad para adaptarse a la nueva situación. Añade que había que equilibrar el efecto negativo de su supresión con «nuevos incentivos» a la incorporación de las mujeres al mercado laboral, que disminuirá la brecha de género.
En lo que respecta a la reducción en el IRPF por arrendamiento de vivienda a los propietarios de la casa (1.039 millones de coste), la propuesta de la Autoridad Fiscal es rediseñarla para que facilite el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las necesidades especiales que existen en las grandes ciudades. Añade, además, que este beneficio fiscal generó un «significativo aumento de la oferta de alquiler declarado, aunque no se puede identificar la diferencia entre la nueva oferta y las rentas que emergen de la economía informal».
La AIReF también analiza las sicav, que tributan al 1 % en el impuesto de sociedades, en lugar de al 25 %. Duda de la naturaleza colectiva de la inversión a través de estos instrumentos, por lo que aconseja fijar un límite máximo a la participación por accionista, aunque no cuestiona sus ventajas fiscales, que suponen una pérdida de recaudación de 323 millones.