La morosidad de los clientes, una soga al cuello de los trabajadores por cuenta propia
27 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Bien se podía comenzar la crónica de este domingo con aquel: «Érase una vez». Porque lo que se relata bien parece un cuento de terror, al menos para el protagonista y su familia. Un empresario, pequeño y autónomo, tiene una compañía de alquiler de vehículos industriales. Llega en febrero la pandemia del coronavirus y constata con terror que en marzo toda su flota -50 coches- se queda varada en el garaje. La actividad económica se para y la empresa comienza a hibernar hasta que llega un contrato con una gran compañía que opera en el sector energético. Le alquila ocho furgonetas durante un mes. Al cabo de ese tiempo devuelve los coches y pregunta al pequeño empresario cómo hacen con la factura. «Como vosotros acostumbréis», les dice, consciente de que no iba a ser él quien impusiese las condiciones a Goliat. De acuerdo con las indicaciones que le dieron, el pequeño emprendedor le envía una factura a 90 días, que no acaban de pagar. Llega el 29 de julio, después el 5 de agosto, después el 10, y no tiene el dinero en el banco. Vuelve a interesarse entonces por el abono y le dicen que rectifique y que envíe una nueva orden de pedido porque los documentos están mal emitidos. Debe figurar en ellos otra empresa del grupo. ¿Entonces comienzan a contar otros 90 días? No lo sabe. Desde que les entregó los coches ya han transcurrido 6 meses, y no han abonado ni un euro de alquiler ni de fianza. «Son estrategias de mal pagador. Juegan con nosotros retrasando los pagos», advierte, al tiempo que subraya dos hechos: él ya ingresó el IVA de esa operación en Hacienda y las facturas, por ley, han de ser abonadas en 60 días, 30 para las Administraciones.
Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, recuerda que el colectivo al que representa integra a más de tres millones de personas en España, 217.000 en Galicia, que aportan un 36 % del PIB, y en su conjunto conforman «el último eslabón de la cadena productiva y de contratación». Dice que ese eslabón más débil -que opera como subcontratista para grandes compañías que trabajan para la Administración- se ve afectado muy directamente por la morosidad de sus clientes, debido al retraso del cobro de las facturas que, en ocasiones, puede llegar a convertirse directamente en impago. Condenando así al empresario al cierre, «con la consecuencia de verse con una mano delante y otra detrás, sin la prestación por desempleo, ni ayuda que valga; y además teniendo que hacer frente a las consecuencias previsibles del cierre con todo su patrimonio empresarial y personal». «Es una tragedia irreversible -añade- y sin vuelta atrás, porque los mecanismos previstos en la Ley de Segunda Oportunidad tampoco funcionan como debieran, cuando el afectado es un autónomo, por los requisitos exigidos y la lentitud de los procedimientos y, sobre todo, por la falta de protección social que padece el colectivo». Así están las cosas.