La recuperación económica que se venía registrando hasta que estalló la pandemia no se había notado aún en el empleo de la Administración General del Estado (AGE).
En la última década se ha destruido casi uno de cada cinco empleos públicos, pese al período de bonanza económico transcurrido desde el 2014 al 2019, según un informe publicado ayer por la Federación de Servicios Públicos de UGT. Concretamente, la Administración tiene 43.477 trabajadores menos que hace una década y, en la actualidad, ni siquiera alcanza los 180.000 efectivos en plantilla, muy lejos de los cerca de 223.500 que tenía a inicios del 2010. Supone así un recorte del 18 %. Se trata de los empleados públicos en los ministerios, organismos autónomos y áreas vinculadas, en las agencias estatales y en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social y Defensa. Si se les suman las personas que trabajan para las comunidades autónomas (sanitarios y profesores), diputaciones y ayuntamientos, se superan los 2,5 millones de empleados públicos.
Uno de los mayores recortes se ha producido en la Seguridad Social, organismo encargado del pago de las nóminas de nueve millones de pensionistas y sobre el que recae ahora la gestión del nuevo ingreso mínimo vital (IMV). Así, pese a tener una mayor carga de trabajo, la plantilla se ha reducido más de un 21 %, al pasar de 30.500 trabajadores en el 2010 a poco más de 23.900. En la actualidad, confía en incorporar 1.050 interinos para hacer frente a la situación de colapso por la avalancha de solicitudes de la renta mínima. «La destrucción de empleo ha ido evolucionando hasta dejar al sistema en una queja continua de los ciudadanos por su progresiva decadencia en la atención que demandan», denunció UGT, que también lamentó el «colapso» en otros organismos considerados servicios esenciales, como el Fogasa y el SEPE. Este último, encargado de tramitar los más de 5,2 millones de prestaciones por desempleo que llegó a haber el pasado mayo. También cabe destacar la disminución drástica de un 25 % en el personal de los ministerios y organismos autónomos y de casi el 10 % en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que gestiona el sistema tributario y aduanero estatal.
Administración envejecida
UGT culpa de esta situación a que en el primer quinquenio de la década no hubo ofertas de empleo público debido a la crisis económica. Aunque desde el 2016 se habían retomado e incrementado, ahora se ha ralentizado. Entre el 2018 y el 2019 se han ofertado 27.530 plazas de empleo público de los que solo se han incorporado 621 personas de la convocatoria del 2018 y aún ninguno de la de 2019. En concreto, de las 11.166 plazas ofertadas en la AGE para el 2018, se encuentran en proceso 10.440. Respecto a las de 2019, del total de 16.364 no se ha terminado ningún procedimiento y solo 5.209 están en proceso.
Esta falta de renovación de los puestos ha provocado un envejecimiento en la plantilla. De hecho, dos de cada tres trabajadores del Estado tienen más de 50 años. Incluso la edad media de los funcionarios de la Seguridad Social se sitúa en los 58 años, por lo que están a las puertas de la jubilación.