Industria pedirá a la multinacional que devuelva todas las ayudas recibidas
06 oct 2020 . Actualizado a las 20:45 h.Gobierno central y Xunta de Galicia van definitivamente de la mano para tratar de frenar el ERE que puede aplicar Alcoa la próxima semana, de cumplir la multinacional del aluminio el plan establecido para la planta de A Mariña.
Ambas Administraciones coinciden en la necesidad de acudir a la vía judicial (y administrativa y laboral) para parar el despido colectivo y garantizar la continuidad de la producción de aluminio primario en San Cibrao.
Lo adelantaba ayer por la mañana la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Senado: «El Gobierno sigue comprometido con la factoría de Alcoa en A Mariña y estamos analizando en estos momentos todos los instrumentos disponibles dentro del ordenamiento jurídico y del marco de la Comisión Europea para garantizar un futuro industrial».
«A pesar de la negativa de Alcoa de vender su fábrica en Lugo, el interés de Liberty House por invertir en la planta de aluminio continúa y su proyecto garantiza el futuro de la actividad».
Con estas declaraciones coincidía poco después el conselleiro de Economía y vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, quien se mostraba radical: «Se Alcoa aplica o ERE, acudiremos á vía xudicial para defender a continuidade da fábrica e os postos de traballo. Mantemos unha colaboración efectiva co Goberno central neste sentido. Cremos que Alcoa actuou de mala fe durante a negociación para a venda da planta a Liberty House -nunca tivo vontade de vendela- e, por tanto, o ERE nesas circunstancias incumpriría a legalidade».
«Non estamos dispostos a permitir que Alcoa apague as cubas e finalice a súa actividade na planta de aluminio de San Cibrao, de ningunha maneira. Esiximos unha rectificación á empresa e pedímoslle que se aveña a un acordo, aínda hai tempo de buscar unha solución», manifestaba ayer el conselleiro.
Por la tarde el secretario general del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, mantenía un encuentro con el conselleiro Francisco Conde y con representantes sindicales de Alcoa; la empresa no fue convocada ya a esta reunión. Raúl Blanco explicó a los asistentes que ambas Administraciones «van a extremar la vigilancia sobre Alcoa y le exigirán que justifique el cumplimiento de la legislación laboral y medioambiental. En caso de que existan evidencias de algún tipo de incumplimiento, se le pedirá a Alcoa que devuelva todas las ayudas públicas recibidas».
En dicha reunión Raúl Blanco señaló que «los próximos días van a ser decisivos y es importante mantener la unidad de acción para conseguir el mejor desenlace».
Mientras los trabajadores de Alcoa San Cibrao y de las empresas auxiliares continúan la huelga indefinida que comenzaron este pasado domingo con guardias las 24 horas para impedir que salga de la factoría el aluminio elaborado (sí dejan salir producto esencial destinado a farmacias y a plantas depuradoras de diversos puntos de España).
Hasta el próximo martes
Alcoa tiene hasta el próximo martes, día 13, para tomar una decisión. Inicialmente su intención, de continuar el plan establecido, es aplicar un ERE, un despido colectivo para unos 500 trabajadores de la planta de aluminio primario que tendría efecto sobre centenares de empleados de las auxiliares. Los trabajadores esperan que ambas Administraciones «cumplan su palabra».
