Magdalena Valerio: «Hay que reforzar las pensiones con impuestos si queremos que sean sostenibles»

lucía palacios MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Emilio Naranjo | Efe

La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo aboga por llevar a cabo una potente reforma fiscal y luchar contra el fraude para mejorar los ingresos de la Seguridad Social

01 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Concita simpatía allá donde va. Esa cordialidad, naturalidad y vehemencia que desprende Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959) puede haber sido una de las claves para haber logrado, 10 años después, un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, tras más de 4 años de intenso trabajo. Y lo ha conseguido en apenas 10 meses al frente y con unas condiciones muy difíciles: con un Parlamento más fragmentado que nunca y con una pandemia que ha puesto el país patas arriba. Su trayectoria la hacía una candidata inmejorable para este puesto de presidenta del Pacto de Toledo: jurista y funcionaria de carrera de la Seguridad Social, ha pasado por casi todos los escalones de la clase política, incluido el de ministra de Trabajo y Seguridad Social. Y no ha decepcionado, como así se demostró en la sesión de la aprobación del acuerdo del Pacto de Toledo, donde todos los grupos sin excepción alabaron su buen hacer.

-¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es el secreto?

-Es verdad que, con la que está cayendo, escuchar la palabra acuerdo es difícil, pero es que estamos en el Pacto de Toledo. Si en el Pacto de Toledo no somos capaces de ponernos de acuerdo fuerzas políticas de distinto signo en aras de algo tan importante como es garantizar el presente y el futuro del sistema de bienestar... Hemos puesto muchas dosis de paciencia, ha habido un debate relajado, tranquilo, en el que evidentemente se ha podido discrepar, pero no ha existido el insulto. Habiendo un buen clima de trabajo es más fácil hallar puntos de encuentro, porque todo el mundo tiene que ceder.

-¿Confía en que el acuerdo reciba un apoyo mayoritario?

-Como mínimo me gustaría que recibiera el mismo apoyo que ha tenido en la comisión. Espero que pueda obtener alguno más, pero 30 votos a favor de 37 es una mayoría muy cualificada. Si una reforma de las pensiones se asienta en dos pilares, acuerdo en el Pacto de Toledo y en el diálogo social, las posibilidades de que permanezca en el tiempo son mayores que la que se genera de manera unilateral por un partido político y sin acuerdo.

-Hay voces que reprochan que sea un pacto de mínimos.

-A mí me parece que se avanza en muchas cuestiones y es un logro haber conseguido un apoyo mayoritario. Nosotros no legislamos, solo recomendamos, marcamos unas directrices, pero tiene que ser el Gobierno el que presente los proyectos de ley.

-¿Qué diferencias tiene este texto con el de febrero del 2019, cuando el acuerdo que se creía inminente saltó por los aires?

-No muchas. La filosofía se mantiene. Lo que se ha hecho es aligerar un poco el texto, porque era largo. Más que cambios de fondo en muchas recomendaciones han sido de forma. Sí ha habido por ejemplo un cambio en la recomendación 12, que habla de la edad de jubilación. Hemos pedido que en el plazo de tres meses el ministerio haga un análisis profundo de las jubilaciones anticipadas con coeficiente reductor, deslindar cuáles han sido voluntarias y cuales forzosas por la situación de crisis anterior, por si hubiese que rectificarlos para evitar iniquidades. La propuesta de alguna asociación es eliminarlos, pero en todo caso que se analice todo esto en profundidad y se determine qué colectivos son los afectados.

-¿Apoya la decisión anunciada por el ministro Escrivá de penalizar las jubilaciones anticipadas?

-No quiero dar opiniones personales. No todas las jubilaciones son iguales y tienen que regularse el retiro anticipado de los colectivos con tareas penosas o insalubres. También de las personas con discapacidad. Y luego hay personas que, sin formar parte de esos colectivos, tienen problemas de salud y para eso existe la pensión de invalidez o gran invalidez. A veces se busca como opción la jubilación anticipada, cuando lo que hay que hacer es concederle una pensión de invalidez, si está justificado desde el punto de vista médico. Por otro lado, no se va a incrementar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años, pero sí queremos ir cuadrando la edad de jubilación real a la legal. Por eso también instamos a incentivar que aquellas personas que quieran puedan alargar el retiro.

-Se ha acordado traspasar todos los gastos que no sean pensiones al Estado para terminar con el déficit de la Seguridad Social, pero eso es trasladar el problema a otra parte.

-Los trabajadores de este país, con cotizaciones, han contribuido a que la Sanidad sea la que es, a que existan complementos a mínimos, a que haya prestaciones no contributivas, de maternidad, paternidad... Hemos ayudado a muchas políticas sociales y resulta que llega un momento de crisis, bajan los salarios y las cotizaciones, ya no tenemos para pagar lo nuestro, pero seguimos pagando cosas que se tenían que financiar con impuestos. Todo esto hay que clarificarlo y luego cumplir la ley, que dice que las prestaciones no contributivas se financian con los presupuestos del Estado y las contributivas se financian básicamente con cotizaciones, pero también se pueden inyectar impuestos.

-Entonces harán falta más impuestos para pagar las pensiones. -Si queremos hacer el sistema de pensiones sostenible, hay que hacer muchas cosas. Más empleo y de más calidad, reordenar todos los gastos e ingresos de la Seguridad Social, controlar el fraude... Y, evidentemente, reforzar los presupuestos de la Seguridad Social, primero con transferencias del Estado para acabar con el déficit y luego, en un futuro, habrá que reforzarlo como están haciendo otros países: vía impuestos. Esto es así y eso implica que hay que hacer una reforma fiscal potente, porque en nuestro sistema tenemos varios puntos menos que en otros países de la UE equiparables. Además hay que hacer una lucha sin cuartel contra el fraude laboral, contra el fraude a la Seguridad Social y contra el fraude fiscal. Con el plan director que pusimos en marcha siendo yo ministra afloraron 187.000 puestos de trabajo, lo que implicó una recaudación de más de 1.500 millones de euros a la Seguridad Social.

-Hay quien interpreta que el Pacto de Toledo abre la puerta a crear un impuesto a los robots.

-No se dice eso, pero sí que el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social más allá de las cotizaciones para corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones en un contexto productivo y demográfico muy distinto al del siglo XX. Así se reforzaría la estructura financiera del sistema. A lo mejor no es un impuesto a los robots, pero a lo mejor sí a las empresas que estén muy mecanizadas, muy robotizadas, que tengan que hacer un plus de contribución.

La revisión de la viudedad, pospuesta hasta que «haya equiparación laboral» en este país

 

 

Valerio da por hecho que en el 2021 habrá que pagar las pensiones con préstamos, porque el impacto de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social, así que los cambios habrán de esperar.

-El texto deja abierta la recomendación sobre el fondo de reserva. ¿Por qué se ha eliminado el mínimo del 7 % del gasto anual en pensiones contributivas?

-No hemos querido poner ningún porcentaje porque en estos momentos no hay excedentes. Pudiéramos haber puesto el que nos dé la gana, pero no se va a poder cumplir en los próximos 5 años. Por eso lo hemos eliminado. El fondo de reserva hay que mantenerlo porque a nivel público pasa igual que a nivel privado: es bueno tener unos ahorros porque dan mucha tranquilidad.

-Se ha creado alarma en torno a las pensiones de viudedad al instar a realizar una reformulación integral. ¿Hay razones para ello?

-Creo que no genera mucha alarma, porque se deja apuntado pero sin profundizar. Y en la comisión se tiene claro que no se puede plantear qué hacemos con las pensiones de viudedad y si se condicionan a rentas o se hace incompatible con otra pensión hasta que en este país no haya una equiparación laboral entre hombres y mujeres, hasta que no sean siempre las mujeres las que tienen más precariedad laboral, más contratos a tiempo parcial, hasta que no haya una corresponsabilidad real dentro de las casas y tengan a igual trabajo igual salario, hasta que no consigamos acabar con la brecha de género en pensiones. A lo mejor, cuando nos hayamos equiparado todos y todas en el mercado de trabajo y en las pensiones y todas las mujeres tengan una pensión de jubilación, a lo mejor en ese momento se puede plantear qué hacemos.

-Otra puerta que dejan abierta es fijar una pensión digna y un mínimo...

-El Pacto de Toledo llega a un punto de encuentro de todos, pero tiene que ser el Gobierno de turno el que haga un análisis para ver cómo se tiene que hacer esto. Sería bueno tener referenciadas las pensiones, igual que se recomienda que el salario mínimo sea el 60 % del salario medio. Por otro lado, se dice que hay que analizar también la pensión máxima y la cotización máxima, porque la esta es bastante superior a lo que luego puede quedar de prestación máxima. Hay que establecer también una ratio entre pensión y cotización máxima para no quebrar muchísimo el principio de contributividad.