La bajada de la pensión un 5,5 % al subir los años de cálculo abre otro cisma político

Nuevo cisma político en el seno del Gobierno. Si ya saltaron chispas la pasada semana, tras la noticia de que el Ministerio de Seguridad Social ultimaba una propuesta de reforma de las pensiones para remitir a Bruselas que incluía prolongar diez años —hasta los 35— el período de cotización para calcular la cuantía de la jubilación, este lunes el incendio era manifiesto, tras conocerse que el citado borrador de reforma cuantifica que el impacto de tal medida supondrá una bajada media del 5,5 % en las pensiones públicas.

La reacción de la formación morada no se hizo esperar: «Inaceptable». Así lo calificó el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter, después de que El País avanzara el mordisco que supondría subir los años de cómputo. Defendió que hay otras «alternativas» para hacer sostenible el sistema público de pensiones, como «destopar la cotización máxima sin aumentar la pensión máxima», así como «pasar los gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado» (algo que ya incluyen las cuentas del 2021) o «eliminar las desgravaciones a los planes privados».

La semana pasada también Isa Serra, portavoz de Podemos, rechazó la medida que baraja el ministerio, por considerar que implica «ir hacia atrás» en la mejora del poder adquisitivo de los pensionistas.

Tampoco a los sindicatos les gustó la idea del ministro Escrivá, pese a que siempre ha defendido como mejor fórmula para la sostenibilidad del sistema usar toda la vida laboral para calcular la prestación. No en vano, todas las estimaciones avanzan un gasto expansivo en los próximos años, al comenzar a jubilarse la generación del baby boom, que disparará hasta los 15 millones de pensionistas en el 2050 los algo más de nueve millones actuales.

Las organizaciones de trabajadores también mostraron su malestar con el hecho de que el ministerio no hubiera trasladado tampoco el borrador a la mesa de diálogo social de pensiones, cuyas reuniones ya han comenzado.

Ante las críticas generalizadas, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, aseguró que el Gobierno «no está barajando medidas que supongan un recorte de las pensiones», insistiendo en que el núcleo de la reforma es garantizar el poder adquisitivo de las mismas y que cualquier medida pasará por el diálogo social.

El impacto de la ampliación del período de cómputo sobre la pensión media «dependería extraordinariamente de los detalles de su implementación», insistió Arroyo, defendiendo que hay medidas que, «sin incrementar el gasto, suponen mejorar la eficiencia y la equidad del sistema». Entre ellas estarían, además de los 35 años de cotización, acompasar la edad efectiva a la edad legal de jubilación o «buscar soluciones a la existencia de carreras de cotización irregulares

 

Aunque Arroyo negó que se fueran a aplicar medidas que implicaran recortes en las prestaciones, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmó ayer que el Ejecutivo efectivamente baraja la ampliación del período de cómputo. «Tenemos que explorar todas las alternativas», aseguró.

Excluir los peores años de cotización

Sin embargo, matizó que le constaba Escrivá «ha planteado que los trabajadores puedan excluir los años más negativos de sus cotizaciones». De este modo, la reducción de la prestación se suavizaría.

Calviño coincidió con Arroyo al insistir en que el Gobierno buscará el mayor consenso social y político sobre la reforma de las pensiones, y pidió «tranquilidad», ya que el Ejecutivo tiene un compromiso firme con la revalorización de las prestaciones y con la sostenibilidad futura del sistema público.

La última reforma se completará en el 2022, calculando el retiro sobre 25 años de cotizaciones

Ampliar el número de años cotizados sobre los que calcular la pensión es una de las fórmulas que se utilizaron en la reforma del 2011, cuando el período se elevó de 15 a 25 años, además de retrasarse paulatinamente la edad legal de jubilación, que pasó de los 65 a los 67 años. De hecho, una de las críticas que han hecho los sindicatos a lo que hasta ahora ha trascendido del documento que Escrivá pretende remitir a Bruselas con los ejes de la reforma del sistema público, es que los efectos de la última aún no se han completado.

Y es que, dado que su implementación fue progresiva, no será hasta el 2022 cuando el retiro se calcule sobre el último cuarto de siglo cotizado (los 67 como edad legal de jubilación tardarán más en llegar, hasta el 2027), mientras que en la actualidad se usan 23 años, que serán 24 a partir de enero. Cabe recordar que la ampliación de diez años acometida en la anterior reforma ya rebajó de media un 5,5 % las pensiones, según cálculos como el del Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de las universidades de Valencia y Extremadura, que estiman ahora un recorte de la misma cuantía (el ministerio la cifra en el 5,45 %).

En la tarde del martes está convocada una nueva reunión de la mesa de diálogo social, en la que los sindicatos pedirán explicaciones al ministerio sobre las informaciones que han trascendido en los últimos días. Lo que sí se les ha trasladado ya a los agentes sociales es el nuevo sistema de cálculo de la revalorización, basado en un índice deflactor que utilizará datos del IPC pasado y futuro. Es decir, no será una estimación del IPC del año como ahora, ni la media del ejercicio.

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