Abanca y Caixabank se suman al protocolo de reestructuración de deudas empresariales
ECONOMÍA
El Código de Buenas Prácticas permite extender los vencimientos a 10 años y abre la puerta a quitas de hasta el 70 %
25 may 2021 . Actualizado a las 13:39 h.Dos semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el Código de Buenas Prácticas para facilitar a las empresas y autónomos la renegociación de sus deudas avaladas por el Estado, ya se conocen los primeros nombres de las entidades dispuestas que participarán. Serán los bancos vinculados a la patronal CECA, según Efe: CaixaBank, Kutxabank, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco y Liberbank. Todas ellas aprobaron 342.236 préstamos con aval del ICO hasta finales de abril, lo que permitió conceder financiación por importe de 37.439 millones.
Las firmas bancarias abren así la puerta a extender el vencimiento de préstamos con aval del estado de los ocho años vigentes a los diez, evaluar la posible conversión de la deuda avalada en préstamos participativos e incluso la posibilidad de aplicar quitas del 50 % por norma general -junto con el ICO- y de hasta el 70 % a empresas y autónomos (si su facturación cayó durante la pandemia más del 70 %) para reducir el volumen de deuda pendiente de devolución si se considera que la carga es inasumible y hay riesgo de impago. Las ayudas movilizadas por el Gobierno para tapar esos agujeros ascienden a 3.000 millones de euros. El plazo máximo para la ejecución de las quitas se ha fijado en el 1 de diciembre del 2022.
Para poder acceder a esta vía de ayudas el banco y el deudor deberán llegar a un acuerdo de renegociación de toda la deuda, tanto la avalada como la no avalada, que mantiene la empresa con el banco desde el 17 de marzo del 2020. La reducción podrá ser del 50 % del crédito avalado pendiente de cada operación de financiación, siempre que la caída de la facturación fuera inferior en el 2020 al 70 %. La quita podría llegar al 75 % del importe avalado si la caída superó el 70 %. Para poder acogerse, la empresa o autónomo deberá demostrar una caída de la facturación del 30 % al menos en el 2020 y pérdidas netas en dicho ejercicio. Será muy difícil poder utilizar esta tercera vía porque se exige a los bancos un esfuerzo: deberán asumir una quita por la parte del préstamo que el Estado no avaló.
