El Gobierno aparca las cuestiones más controvertidas sobre pensiones en el inminente pacto con los agentes sociales

Es inminente. Gobierno, sindicatos y patronal han acelerado los contactos en las últimas semanas para alcanzar un acuerdo sobre el primer bloque de la reforma de las pensiones. Medidas con las que el Ejecutivo se ha comprometido a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, además de ajustar la edad efectiva y la ordinaria de la jubilación, entre otros puntos.

Fuentes del Ministerio de José Luis Escrivá indican que las negociaciones continuarán en las próximas jornadas, con la esperanza de que el acuerdo definitivo salga de la reunión que todas las partes mantendrán el próximo lunes 21 de junio. «Aún no está cerrado, falta la letra pequeña de los detalles, pero confiamos en sacarlo adelante», coinciden desde los sindicatos.

De salir adelante, es previsible que el texto aclare puntos ya conocidos en el borrador de la norma, como la revalorización de las pensiones o el nuevo sistema de jubilaciones anticipadas. Sin embargo, las fuentes consultadas indican que el documento también incluirá medidas que no estarán detalladas al cien por cien y que se irán desgranando en los próximos meses, dentro del marco del diálogo con sindicatos y empresas que, según recuerdan, «también ha sido respaldado por la Comisión Europea».

No hay que olvidar, no obstante, que junto a la laboral, la reforma de las pensiones es uno de los hitos más inmediatos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. De hecho, a partir del último trimestre de este mismo año tienen que empezar a ver la luz algunas medidas comprometidas. Pero es evidente que las más controvertidas se dejarán para el 2022.

En cuanto al mecanismo de revalorización, ya se sabe que estará ligado al IPC (frente al anterior sistema que ligaba la actualización de las pensiones a la situación financiera del sistema a medio plazo). También habrá incentivos para la demora de la jubilación y cambios en la regulación de las anticipadas, con penalizaciones en determinados casos. Por ejemplo, y según detalla el borrador del documento que podría ser aún modificado, si una persona tiene cotizados menos de 38 años y seis meses y adelanta dos años su jubilación, verá reducida su pensión en un 21 %, con una escala que irá aumentando por cada mes que se anticipe la jubilación.

Compromiso

«El compromiso con Europa es que este primer paquete de modernización del sistema de pensiones esté aprobado a final de año», indican desde el Gobierno. Pero hay dudas sobre el grado de detalle del documento que se conocerá el lunes. No se ponen en duda puntos clave como la derogación del factor de sostenibilidad que aprobó el PP en su anterior reforma, sustituyendo este mecanismo por un índice de equidad intergeneracional.

Sin embargo, no se conoce cómo funcionará, más allá de que operará a partir del 2027.

En un reciente documento, los analistas de Fedea ya advertían de que este índice de equidad «no se describe con demasiada precisión» en los planes remitidos a Bruselas. «Se habla, en particular, de revisar periódicamente los parámetros del sistema en función del equilibrio entre la población ocupada y la pensionista y del nivel de gasto agregado».

Pero nada más. Así que es previsible que este sea uno de los puntos que el Gobierno tendrá que definir en los próximos meses en sus negociaciones.

Tampoco se esperan novedades inmediatas para el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, una de las promesas para ayudar a garantizar el sistema público. La industria del ahorro privado lleva años abogando por una medida similar, pero el objetivo de que las empresas contribuyan a engordar la hucha de las pensiones de sus empleados no es urgente ahora mismo, con las negociaciones centradas en el refuerzo del primer pilar (seguridad social). Además, esta medida también requerirá de un esfuerzo adicional para cambiar la misma mentalidad de los trabajadores en los próximos años.

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