La incertidumbre sobre su endurecimiento no ha provocado efecto llamada
28 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Pese a la incertidumbre lógica ante los cambios que introducirá la reforma del sistema de pensiones que está a punto de ver la luz, quienes están cerca de la edad de jubilarse no han anticipado su decisión de hacerlo para eludir el potencial endurecimiento de las condiciones para ello. Así lo certifican las estadísticas de la Seguridad Social que, lejos de mostrar una oleada creciente de prejubilaciones, devuelven una instantánea que refleja lo contrario: el abandono anticipado de la actividad laboral está en su menor cota en una década (excluyendo la distorsión que la pandemia provocó en el 2020), ya que en los primeros cinco meses de este año poco más de 42.500 personas se jubilaron en España antes de cumplir los 65 años.
Maica Bouza, secretaria de Emprego de CC.OO. Galicia, comparte idéntico diagnóstico en el caso de la comunidad. Aunque la Seguridad Social no ofrece los datos territorializados, Bouza sostiene que no está habiendo un efecto de anticipación en las jubilaciones por la reforma que -previsiblemente y salvo sorpresas de última hora- acordarán este lunes el Gobierno y los agentes sociales. «Hace un par de años sí había bastante intranquilidad y muchas consultas. Pero ahora parece que no está entre las preocupaciones principales de la gente», señala, para poner el foco en que precisamente eran determinados colectivos de trabajadores con una situación más acomodada, de grandes empresas y del sector público, los que tenían cierto miedo a que les empeoraran las condiciones para jubilarse.
Bouza matiza, sin embargo, que eso no quita que a partir de ahora, cuando trasciendan los detalles de la reforma y cómo afectarán a los retiros anticipados los nuevos coeficientes reductores de la pensión, «la gente se preocupe y haya un efecto rebote en las prejubilaciones».
En lo que llevamos de año no se ha producido, como prueba que los 42.500 jubilados hasta mayo con menos de 65 años sean la cifra más baja desde el 2010 (excluyendo el 2020, porque el confinamiento retrasó las tramitaciones). Se ha rebajado por primera vez en los últimos años la barrera del 40 % de prejubilaciones sobre el total (menos de cuatro de cada diez nuevos retirados lo hacen antes de la edad legal), frente al 45 % del último lustro antes de la pandemia.
Desbandada de funcionarios
Con la tranquilidad general que ha imperado hasta el momento contrasta el comportamiento de los empleados públicos, ya que se está registrando una desbandada de funcionarios que deciden jubilarse anticipadamente. Entre junio y diciembre del pasado año se registraron 10.387 retiros voluntarios a los 60 años entre los funcionarios de clases pasivas, lo que supone un 26 % más que en el mismo período del año anterior, tal y como el Gobierno reconoció en una respuesta parlamentaria al PP.
Tras este llamativo repunte está la decisión del ministro Escrivá de traspasar la gestión de las pensiones de las clases pasivas a la Seguridad Social, en lugar de mantenerla en manos de Hacienda. Ese movimiento, que coincidió con los primeros compases de la pandemia, desató el miedo del colectivo ante un potencial recorte de sus condiciones (como mantener en los 65 la edad legal de jubilación o en los 60 años la anticipada), lo que provocó la avalancha de jubilaciones anticipadas. Estas se concentraron especialmente en la educación, que registró casi ocho de cada diez.
Cabe recordar, sin embargo, que el régimen de clases pasivas al que pertenecen los funcionarios está llamado a desaparecer -actualmente hay en él casi 67.000 pensionistas-, puesto que los que se incorporan a la administración desde el 2011 ya lo hacen en el régimen general.
La aplicación de las nuevas penalizaciones se retrasa al 2024
A falta de que la reunión de hoy del diálogo social se cierre con la esperada fumata blanca —lo que permitiría escenificar el 1 de julio la firma del acuerdo—, el primer bloque de la reforma de las pensiones no supondría un golpe inminente para las jubilaciones anticipadas. Y es que la última concesión del Ministerio de Seguridad Social en la mesa de negociación ha sido posponer hasta el 2024 la entrada en vigor de los nuevos coeficientes reductores. Con ellos se busca favorecer la sostenibilidad del sistema público conteniendo el gasto, al desincentivar la salida prematura de la actividad profesional.
Paralelamente al endurecimiento de las penalizaciones por el retiro anticipado, se introducen incentivos para continuar en activo (el trabajador podrá escoger entre una subida del 4 %, un abono anual de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos).
Junto con la derogación del factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno del PP, proteger del castigo a la jubilación anticipada a los trabajadores afectados por los ajustes de plantilla provocados por esta crisis —un ejemplo es el sector bancario— era uno de los planteamientos irrenunciables de patronal y sindicatos.
Finalmente el ministro Escrivá aceptó, además de retrasar su aplicación hasta el 1 de enero del 2024 (lo que, además, desactivará una inminente oleada de retiros anticipados), también aplicar paulatinamente el endurecimiento de los coeficientes, para completarlo en una década, en lugar de en seis años, tal y como se recogía en la propuesta inicial del ministerio.
La prejubilación máxima resiste
En cualquier caso, como recuerda la secretaria de Emprego de CC.OO. Galicia, Maica Bouza, «los nuevos coeficientes reductores mejoran para el grueso de las pensiones», con una excepción: las de quienes cotizan por la base máxima y se jubilan en los meses 23 y 24 antes de la edad legal.
Durante la negociación de la reforma, Escrivá ha ido rebajando el calado y la velocidad a la que aplicar los cambios que pretendía introducir, en aras a alcanzar un consenso con los agentes sociales. Por ello acabó desistiendo de su idea inicial de comenzar a endurecer ya los coeficientes reductores a aplicar a quienes cotizasen por la base máxima y anticipasen su retiro, cuya penalización pretendía subir del 4 % actual al 21 %.
A falta de conocer el texto definitivo, cuyos flecos quieren acabar de negociar hoy Gobierno y agentes sociales, la reforma del PP quedará desmontada, ya que se recuperará la revalorización anual de las pensiones con el IPC y se derogará el factor de sostenibilidad.