Esta semana, Gobierno y agentes sociales firmábamos el primer acuerdo en pensiones desde el año 2011. Vaya por delante que, al margen de la parte que ya había sido previamente consensuada por los grupos parlamentarios en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, como es la revalorización de las prestaciones según el IPC, nuestra prioridad en la negociación ha sido siempre la responsabilidad ante el mandato de la Unión Europea de afrontar esta reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Somos conscientes de que con esta firma hemos superado solo algunos de los retos que estaban en la mesa de negociación, como que en un contexto de presión demográfica y una esperanza de vida creciente, el nuevo sistema despliegue incentivos para retrasar la decisión de jubilación anticipada, prolongándose la vida activa; el incentivo al mantenimiento y contratación de trabajadores sénior; la participación de las mujeres en sectores de actividad tradicionalmente masculinos; o la incorporación de los jóvenes en el sistema de la Seguridad Social desde su primer contacto con la empresa. Nuestra apuesta por un mercado laboral inclusivo, sostenible y diverso ha quedado patente.
Tenemos todavía por delante duras y difíciles decisiones que atañen a la sostenibilidad del sistema de pensiones, como la negociación en el diálogo social del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir del 2027 y que sustituye al factor de sostenibilidad. Por este último motivo, y dado que la definición de este nuevo mecanismo ha quedado supeditada a una futura negociación, nos desmarcamos de las pretensiones del ministerio que dirige Escrivá de concentrar el impacto de la puesta en marcha del nuevo mecanismo sobre los baby boomers.
Más bien, y puesto que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del número de cotizantes y de la fortaleza del mercado laboral, este se debería dotar de una mayor flexibilidad que garantice la creación y el mantenimiento del empleo y la adaptabilidad de las empresas y de las personas trabajadoras. Esta fórmula abriría la posibilidad de atemperar la transición hacia la edad de jubilación ligada a la esperanza de vida, y aumentaría la oferta de trabajo global.
Configuremos para ello un entorno normativo que dote de certidumbre y seguridad a la actuación de las empresas, asentado en los necesarios consensos del diálogo social.