Los sindicatos tachan la medida de «perversa», discriminatoria e ineficaz
03 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La gran patronal (CEOE), no cede: ni es momento de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) -congelado desde hace ocho meses en los 950 euros brutos al mes-ni tampoco se debería fijar este suelo de forma homogénea en toda España. Es el mensaje que lanzó ayer su presidente, Antonio Garamendi, quien sugirió establecer distintos salarios mínimos por comunidades autónomas, de tal forma que se adapten a una «España diversa»: «Sí creo que hay que evaluar un SMI que se acople a cada uno de los territorios de este país», deslizó en una entrevista a Capital Radio.
¿Qué esconde esa «España diversa» de la que habla el presidente de la patronal? Diferentes ratios de productividad y diferentes niveles de vida. Para poder adelgazar la factura que tendrá la subida del SMI -el Ministerio de Trabajo quiere alzas de quince euros este año y de 31 en el 2022 y el 2023-, los empresarios españoles han propuesto fijar distintos salarios mínimos atendiendo a la productividad y las condiciones medias de vida de cada territorio. Eso significaría que, un trabajador gallego del comercio, de la limpieza o la hostelería -sectores donde está más extendido el SMI-percibiría menos salario que un madrileño por el mismo trabajo. En apariencia, podría ser discriminatorio, pero los convenios colectivos ya ejercen esas labores de adaptación a cada empresa, sector y territorio, como recordó ayer el propio Garamendi, poniendo como ejemplo a los trabajadores del metal del País Vasco, quienes disfrutan de mejores condiciones laborales que sus vecinos.
La propuesta ha levantado ampollas entre los sindicatos. La responsable de Empleo de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Galicia, Maica Bouza, tacha de «perversa» la sugerencia de Garamendi, a la que también califica de discriminatoria e ineficaz: «Redundaría en una profunda desigualdad. Para Galicia sería muy perjudicial, teniendo en cuenta los salarios que tenemos y las deficiencias en infraestructura y tecnología. Peores trabajos, salarios más bajos y más situación de pobreza», resume. Y es que en ese cálculo «simple» de la patronal excluye condicionantes externos que hacen a las empresas gallegas menos productivas que otras del Estado: «Estamos en el extrarradio y peor comunicados. Colocar un producto en otros mercados es más difícil, así que no es equitativo. Nosotros no hemos decidido tener esa situación de discriminación», alega Bouza, quien alerta de que se está jugando con la cohesión territorial y de mercado.
Entre quienes han acogido con los brazos abiertos la propuesta de Garamendi está el economista José Antonio Herce, quien cree que «un salario mínimo idéntico no redunda en beneficio de los territorios menos favorecidos [como Galicia], los hace menos competitivos», explica. De tal forma que una compañía gallega tendría más dificultades para poder asumir los mismos costes laborales que una firma madrileña: «Hay empresas que no van a poder pagarlo [el SMI] con la misma facilidad con la que podrán otras firmas, a priori, más productivas», alega.
SMI más alto en ciudades
También pone el foco en otro factor importante: el nivel de vida. No es lo mismo vivir con 950 euros al mes en una ciudad como Barcelona que en cualquier pueblo gallego o extremeño: «Vivir en una ciudad conlleva costes más elevados de vivienda, transporte...Se podrían crear entre tres y cuatro categorías de SMI por comunidades», defiende Herce.
Algunos datos le dan la razón: un trabajador en Madrid tendría que pagar de media para alquilar una vivienda de 80m2 hasta 6.624 euros más al año que un gallego, según un estudio de Fotocasa. Supone el 50 % del salario bruto medio, frente al 31 %. No obstante, la tendencia está cambiando. El salario medio creció más en Madrid en el 2020 que en Galicia y el precio del alquiler cayó un 5,1 %, frente al alza del 6,7 % en Galicia, donde la cesta de la compra (IPC) ya es la segunda que más se ha encarecido en España (3,5 %).
«Si los SMI son iguales en regiones avanzadas y menos avanzadas, las empresas no se van a ubicar en las menos avanzadas», defiende Herce. No considera que la medida pueda generar competencia desleal y trasvase de trabajadores hacia regiones más ricas. Maica Bouza rechaza de plano sus argumentos: «Entonces, ¿por qué no vienen ya si tenemos salarios más bajos? Además, aquí pagamos luz y carburantes por igual».
Los empresarios gallegos marcan distancias: «No estamos de acuerdo con la propuesta»
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha conseguido algo muy difícil en los últimos tiempos: poner de acuerdo a empresarios y trabajadores gallegos. Todos coinciden en rechazar la implantación de diferentes salarios mínimos: «No estamos de acuerdo con la propuesta», aseguraron ayer fuentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). La organización cree que la medida rompería la unidad de mercado en España, algo que la propia CEOE, en palabras de su vicepresidente, Íñigo Fernández de Mesa, reclamó -al igual que Bruselas- en declaraciones a este periódico: «Necesitamos hacer reformas estructurales para que la economía sea más competitiva y crear un mercado único en España, simplificando normativas». Una visión bien distinta de esa «España diversa» que invocó ayer Garamendi.
Congelación temporal
Donde sí hay sintonía entre empresarios es en la defensa de la congelación del salario mínimo: «La patronal gallega no está en contra del incremento, pero considera que, tras un año y medio de desgaste para el tejido productivo, lo único que conseguirá esta medida planteada por el Gobierno de forma unilateral es la pérdida de empleo o la contracción en la creación del mismo», denunciaron ayer en un comunicado, en el que alertan de que la subida frenará en seco la creación de puestos de trabajo en el colectivo de jóvenes y empleados con menores salarios. La CEG ha subrayado en varias ocasiones que hay enorme incertidumbre en el mercado, a causa del aumento de los precios del transporte, la energía y las materias primas y, por consiguiente, la recuperación está en el alambre. Los sindicatos abogan por limitar las subidas en las empresas y sectores más expuestos a pérdidas, no a todo el tejido productivo.
