Los funcionarios exigen compensar la inflación y una subida extra en el 2022

La cesta de la compra se ha encarecido un 3,3 % en el último año. Poner la lavadora, repostar en la gasolinera o hacer una escapada de fin de semana pesa cada vez más en el bolsillo de los españoles. Este alza tendrá consecuencias en el conjunto de la economía, también en los salarios.

Al igual que los pensionistas, los funcionarios han exigido esta semana al Gobierno que garantice en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022 el poder adquisitivo de los casi 3 millones de trabajadores públicos que hay en España. No se conforman con una subida parcial como la decretada este mes para el salario mínimo interprofesional (SMI) -solo del 1,58 %-.

El sindicato CSIF confirma que han solicitado una reunión «de urgencia» para trasladar al Ejecutivo sus demandas. Rechazan que la congelación del sueldo de los diputados se traduzca en una congelación de sueldo generalizada en el conjunto de las Administraciones Públicas. «Queremos un plan a dos años para recuperar el poder salarial», explican fuentes sindicales. Y es que, según apuntan, todavía cobran un 10 % menos de lo que percibían en el 2010, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero bajó por primera vez en la historia los salarios públicos para ajustar el déficit del Estado, que alcanzó el 11 %. Durante varios años sus rentas permanecieron congeladas, hasta que en el 2018, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cerraba un acuerdo con los sindicatos para revalorizar los salarios públicos hasta un 8,8 % en tres años.

Esta no es la única derrama a la que se enfrenta el Gobierno. Y es que, los empleados públicos también exigen compensar la inflación en el 2022 con una nueva subida salarial, como ocurrió el año pasado, cuando se acordó un alza del 0,9 %.

La tercera de las reclamaciones tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que ha provocado el IPC en el 2021. Los sueldos de los funcionarios subieron un 0,9 % este año, pero los precios se han disparado hasta el 3,3 %. Por el camino han perdido unos 47 euros al mes de media. Por eso instan al Gobierno a extender una «paguilla» de 1.686 millones de euros similar a la que perciben los pensionistas cuando sus rentas pierden poder de compra. «El sindicato se movilizará si el Gobierno, de nuevo, no negocia e impone el incremento retributivo, como hizo con el 0,9 % del 2021», advierte Comisiones Obreras (CC.OO.).

Hasta 121 euros más al mes

El coste extra para el Estado oscilaría entre los 6.322 millones de euros -si el IPC se mantiene en el 3,3 % y se compensa la inflación del 2021- y los 4.074 millones de euros -en el mismo supuesto, pero tomando como referencia la inflación prevista por el Gobierno (1,9 %)-.

La revalorización de los salarios también se notaría en los bolsillos. Un funcionario con un salario medio de 2.241 euros mensuales pasaría a cobrar 121 euros más en el primer supuesto y 65 euros en el segundo escenario.

Trabajadores gallegos

La eventual subida de los sueldos equipararía los derechos de los empleados públicos a los de los pensionistas, aunque no cerraría la brecha que todavía persiste entre territorios. En Galicia, donde hay más de 154.000 trabajadores activos en las Administraciones, el salario medio de un funcionario de máximo nivel no llega a los 39.000 euros mensuales. En el País Vasco el umbral alcanza los 62.400 euros.

Otras reclamaciones

El objetivo principal de los sindicatos es recuperar el poder adquisitivo perdido y «algo más» para compensar la subida de los precios, pero no renuncian a otras demandas largamente aplazadas como la «urgente» renovación de las plantillas, envejecidas y mermadas. También tratarán de eliminar de los planes del Gobierno la tasa de reposición «de manera que se ponga fin al período de austeridad del 2008» y se pueda recuperar el empleo público, al alza desde el segundo trimestre del 2020.

El Gobierno se ha comprometido a presentar los PGE a lo largo de las próximas dos semanas.

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