Supedita la medida para bajar la luz aprobada hace casi un mes a que Bruselas actúe de forma contundente contra la crisis energética
08 oct 2021 . Actualizado a las 10:33 h.El 16 de septiembre entró en vigor el real decreto ley 17/2021 con medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Todo un plan de choque temporal diseñado para rebajar un 22 % la factura eléctrica que pagan los consumidores y protegerla de la vorágine alcista. Amén de bajadas directas de impuestos y cargas fiscales, entre las recetas figura la polémica creación de un mecanismo de minoración del exceso de retribución (beneficios caídos del cielo) que están percibiendo centrales hidráulicas, nucleares y algunas plantas renovables por ese incremento del mercado mayorista de electricidad. El Ministerio para la Transición Ecológica calculó que recaudaría 2.600 millones de beneficios de las compañías para dedicarlos a adelgazar costes del recibo doméstico. Pero, tres semanas después, la ministra Teresa Ribera medita olvidarse de estas soluciones nacionales, como ella misma las calificó durante una jornada organizada por la agencia Reuters. Ahí aclaró que lo hará si Bruselas presenta medidas contundentes para atajar la crisis de precios.
Fuentes del ministerio avanzaron este jueves: «Preferimos una solución de ámbito europeo y aguardamos al paquete de medidas que la Comisión ha anunciado que presentará la semana que viene». Ribera espera contundencia por parte de Bruselas. «No basta con clarificar que se puede hacer uso de la fiscalidad, que se pueden hacer transferencias del presupuesto público al sistema eléctrico o que se puede proteger a los consumidores más vulnerables. Eso es algo que ya hemos aplicado y no es suficiente. Ante situaciones excepcionales, es necesario adoptar medidas excepcionales», defendió Ribera en el consejo de ministros de Medio Ambiente.
España aguarda que decida una compra conjunta de gas y, sobre todo, una reforma del mercado mayorista que permita que los combustibles fósiles (como el gas natural) no sean los que marquen el precio eléctrico.
De momento, Ribera ha iniciado una ronda de contactos con los directivos de las principales eléctricas del país para explicarles y escucharlos. Estos son algunos de los argumentos en contra de la minoración que esgrimirán las empresas.
No hay ingresos extra
La mitad de la energía se vendió el año pasado. Fuentes del sector explican que el real decreto impone una obligación de pago a los generadores hidráulicos, nucleares y renovables en función de un exceso de ingresos que no es tal. Porque la mitad de la energía que se produce y se vende en España no se negocia al precio del mercado mayorista diario. Así, la producción nuclear o renovable que se consume este año se contrató con grandes clientes en el 2020 a los precios a plazo que había entonces, que eran de 45 y 50 euros. La que se comercializa al día es la del carbón, por ejemplo, pues estas centrales no saben por adelantado cuándo van a poder funcionar porque dependerá de si ha llovido mucho o poco, o de si hay mucha o poca demanda. Así que, según el sector, la obligación de pago se le impone a la mayor parte de los generadores que no han tenido ese ingreso. En muchos casos venderán a pérdidas con la aplicación del recorte.
Consecuencias
Paralización de inversiones. Iberdrola ya ha anunciado que paraliza proyectos en fase de licitación en España. Además, ha invitado a clientes industriales a renegociar precios o a romper los contratos. Las centrales de producción no pueden parar así como así. De hecho, están obligadas a realizar ofertas al mercado cada día, salvo que estén averiadas o en revisión. El domingo pasado varias plantas renovables retiraron sus ofertas y el Gobierno ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a investigar ese hecho. Fuentes del sector alertan de que el recorte de beneficios a las compañías pone en riesgo todo el clima de inversión a futuro, aunque está planteado como una medida temporal (hasta el 31 de marzo del 2022). Sin embargo, las empresas temen que vaya más allá porque es poco probable que el precio del gas baje en abril de los 20 euros el megavatio hora que fija como suelo la ley. «En este clima, las inversiones son muy complejas», reconocen fuentes del sector. Están en peligro planes de futuro para avanzar en la transición energética como el almacenamiento con baterías o hidráulicas de bombeo. «Pero un proyecto de ese tipo requiere un mercado que funcione para comprar energía en las horas baratas y venderla en las caras» y ya no hay casi horas baratas.
Litigios a la vista. El sector está analizando cómo frenar el real decreto. En España no pueden recurrir esa ley, solo podría hacerlo ante el Tribunal Constitucional una comunidad autónoma, grupos de parlamentarios o algunas otras instituciones. Las liquidaciones sí se podrían recurrir ante la CNMC y, si no da la razón, ante la Audiencia Nacional. De momento, el sector ya ha pedido a Bruselas que lo impugne pues considera que es una intervención del mercado en toda regla y que va en contra de la directiva y del reglamento de electricidad, modificado en el 2019, que consagra que los precios de mercado se tienen que generar sin distorsiones. Pero la minoración, aunque se efectúe a posteriori de las negociaciones, impone unos costes adicionales que cambian el comportamiento de los generadores. La ley también podría vulnerar la normativa de competencia pues introduce una discriminación entre unas centrales y otras; ir en contra de la normativa de renovables porque dificulta las inversiones en nuevas instalaciones; y contra el comercio de derechos de emisión porque su fundamento es que precisamente las tecnologías no emisoras ganen más dinero que las emisoras para que todo el mundo invierta en las primeras.
Alternativas
Tirar de las reservas de gas. Tirar de las reservas estratégicas de gas natural: unos veinte teravatios hora, que es lo que consumen todos los ciclos combinados en seis meses, que se compraron hace tiempo a 22 euros por megavatio hora. El sector propone tirar de ese combustible almacenado y rellenar de nuevo los depósitos a los precios actuales. También plantea cambiar la forma en que se calcula la tarifa eléctrica regulada para aplicar unos precios a plazo más estables. El ministerio ha iniciado los trámites para modificar ese precio.
El Congreso deberá convalidar el decreto el próximo jueves
La obligación de pago por el exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo como consecuencia del incremento de los precios mayoristas de electricidad por la cotización del gas está en vigor desde el 17 de septiembre y la primera liquidación, ya con el descuento aplicado, llegará este mes de octubre. La ley será debatida el jueves próximo en el Congreso para su convalidación, o no, por mayoría simple de diputados. Si es anulada, los días en que estuvo en vigor no se devuelven.