Francisco Conde pide una solución para Alu Ibérica e insta a negociar precios competitivos para la industria
25 nov 2021 . Actualizado a las 13:32 h.El anuncio de Enel, matriz de Endesa, de poner fin a su negocio gasístico en el año 2040 -con su consecuente impacto sobre la planta de ciclo combinado de As Pontes-, ha cogido al Gobierno con el pie cambiado.
En plena escalada de los precios de la energía, la noticia ha hecho saltar las alarmas también en Galicia, donde la industria ya está notando los estragos de la factura eléctrica. Algunas factorías han tenido que paralizar temporalmente o reducir su producción para ahorrar costes, con la consecuente pérdida de competitividad que en su momento ya advirtió el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde.
Ha sido el propio Conde quien este jueves ha exigido al Gobierno central un «cambio de rumbo» en su política energética para evitar el cierre de las electrointensivas. Insiste en que cualquier solución a la subida disparatada de los costes de la energía pasa por negociar un precio energético: «Es una condición para trabajar en el contexto de identificar un proyecto industrial [...] Esperamos una reacción inmediata por parte del Gobierno», ha recalcado esta mañana en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de denunciar la «descoordinación» entre el Ejecutivo central y las empresas, que ha desencadenado «una situación de caos energético». «España está en una situación de estado de alarma energético [...] No hay una agenda planificada, estamos en situación de descoordinación y desgobierno desde el punto de vista de la política energética», ha dicho.
El conselleiro ha instado al Gobierno a dar «una respuesta» ante la situación en la que se encuentra la planta de Alu Ibérica en A Coruña, después de que la Audiencia Nacional autorizase al administrador judicial a tramitar el concurso voluntario de acreedores, como única vía, según la jueza, de salvar los empleos. Al fin y al cabo, recuerda Conde, fue el Gobierno el que «avaló la venta» de la fábrica coruñesa, por eso ha exigido «una implicación clara del Gobierno».
Alu Ibérica está bajo administración judicial a raíz de una investigación que inició la Audiencia Nacional sobre las dos operaciones de venta de las fábricas (de Alcoa a Parter y de Parter al grupo Riesgo), ante los serios indicios de descapitalización.
