La pandemia y la penalización fiscal disparan las herencias en vida un 39 %
ECONOMÍA
Hacienda redujo a mediados del 2021 las ventajas de los pactos sucesorios
03 mar 2022 . Actualizado a las 21:15 h.Ya se intuía en las consultas en las notarías y en los despachos especializados en tributos, y se ha confirmado con el balance de herencias en vida activadas por las familias gallegas en el 2021. Fueron un total de 42.100, lo que supone un incremento del 39 % respecto al 2020.
La interpretación de la notable subida tiene que ser necesariamente doble. Por un lado, se recuperan los pactos sucesorios que se quedaron embalsados durante los meses de confinamiento, que redujeron todas las transacciones y operaciones patrimoniales, pasando de las 33.405 herencias en vida del 2019 a las 30.154 del año en el que comenzó la pandemia. Pero la parte más sustancial del salto adelante solo se puede entender por el cambio impulsado por el Gobierno de España a mediados del año pasado y que entraría en vigor en el presente, limitando los beneficios fiscales de las familias que se acogen a esta figura incluida en el derecho civil de Galicia.
Hacienda puso la lupa en este tipo de operaciones y decidió penalizar a los sucesores que venden la propiedad heredada en vida antes de cinco años cuando el progenitor todavía vive, entendiendo que se estaban realizando operaciones fraudulentas para evitar el pago de las plusvalías generadas por las propiedades. La Xunta interpreta que esto no es así, que los gallegos que se acogen a los pactos sucesorios son en su inmensa mayoría familias normales que solo buscan poner en valor en el momento que lo necesitan propiedades que se convertirán en herencia más adelante o que dinamizan la sucesión en las empresas, aspectos que cree que no se deben de castigar. Al contrario, los técnicos estatales elaboraron una ley a la medida para desincentivar los pactos sucesorios en base a un hecho que el Gobierno gallego califica de «inexistente», por cuanto no se han podido demostrar casos de fraude o elusión fiscal.
Hasta el 2015, unos 11.000 gallegos se acogían anualmente a esta figura, y fue en el 2016 cuando se duplicó esta cifra de pactos, que siguió creciendo de forma imparable, coincidiendo con la aplicación de una potente rebaja fiscal a la que se acogieron desde entonces 276.771 gallegos.
La penalización fiscal aplicada por el Gobierno de España a las herencias en vida llevó a la Xunta a presentar una queja formal al Ejecutivo, al que trató de disuadir durante la tramitación de la ley en el Congreso con el apoyo del PP y del BNG. Lo único que consiguieron fue matizar algún aspecto en la aplicación de la ley, pero persistió la idea de fulminar el gran atractivo de los pactos sucesorios a los que Galicia da alas en su derecho civil.
El malestar de la Administración gallega quedó patente con un duro informe técnico que desmenuza las cuestiones consideradas inconstitucionales y aquellas que técnicamente suponen un «ninguneo» para las competencias autonómicas. Además, se considera incongruente que una herencia en vida deje de ser fraudulenta por el hecho de que se produzca la venta del bien transmitido un mes más tarde de recibirlo o cinco años después, como puso Hacienda como límite. O que la persona a la que finalmente se penalice con subidas en el IRPF sea la que recibe el bien (los hijos normalmente), y no el que genera el supuesto fraude (los progenitores).
Para resolver estas cuestiones la Xunta pidió una comisión bilateral con los representantes legales del Estado, que fue aceptada y que lleva trabajando desde el mes de noviembre. «Todo segue o seu curso», señalan desde el Gobierno gallego, que mantendrá abierta la vía del diálogo hasta el mes de abril. Entonces, si no hay una rectificación, se planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La Atriga activa el pago del impuesto de sucesiones y donaciones a través de TPV
Desde el mes de febrero los gallegos podrán pagar en las delegaciones de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) con TPV físico y hasta un importe máximo de 3.000 euros el impuesto de sucesiones y donaciones, así como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La directora del ente autonómico, María Victoria González, explicó en comisión parlamentaria que esta medida tiene como objetivo ampliar los métodos de abono al alcance de los ciudadanos y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Durante su intervención, la dirigente hizo balance del servicio prestado durante los meses de pandemia, en el 2020, en los que las oficinas permanecieron cerradas, momento en el que se reforzó la atención telefónica pasando de 15 a 61 líneas en activo. Durante ese tiempo se atendió a 46.501 ciudadanos, a los que hay que sumar otras 54.000 personas que acudieron presencialmente tras la reapertura. Ya en el 2021, en mayo, los servicios que se prestaban con cita previa se complementaron con la posibilidad de solicitar otra cita telefónica para obtener información tributaria general o para la asistencia en la confección de los modelos digitales. Hasta diciembre se gestionaron 5.000 casos.
Además, en el segundo semestre del año pasado se unificó el número de atención telefónica, que recibió 70.700 llamadas y se abrió la posibilidad de hacer pagos tributarios en línea en la oficina virtual, modalidad que ya ha generado desde su implantación 77.600 operaciones.