El dictamen, no vinculante, ve invasión de competencias autonómicas
27 ene 2022 . Actualizado a las 21:30 h.Con 15 votos a favor y seis en contra, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este jueves su informe jurídico sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. A lo largo de sus 59 folios, el dictamen critica con dureza el texto legal redactado por el Gobierno de coalición, advirtiendo de que invade competencias, pues la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», lo que puede ser foco de litigiosidad.
Así, afea al Ejecutivo que «limite» estas competencias de las comunidades, que es a quien corresponde ejercerlas «conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas».
En el mismo sentido, recuerda que la actuación estatal sobre la vivienda se ha desarrollado siempre a través de los «Planes Nacionales o de la intervención en el sector en momentos de grave crisis económica, con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan a hipotecas, alquileres urbanos, sobreendeudamiento de las familias, protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética». Y advierte que la competencia autonómica es sobre todo el conjunto de la materia de vivienda, de modo que el anteproyecto analizado debería «ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas».
De «nocivo» a «incongruente»
Las críticas del órgano de los jueces al anteproyecto de la Ley de Vivienda del Ejecutivo no son menores. «Sobrecargado», «contradictorio», «farragoso», «incongruente», «nocivo», «innecesario» o «inoportuno» son algunos de los calificativos con los que se refiere a la normativa con la que el Gobierno de coalición pretende regular el mercado de la vivienda. Abunda en que sus directrices generales «están imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias».
En este sentido, recuerda que la vivienda es competencia de las comunidades y acusa al Gobierno central de perpetrar una «expropiación» regulatoria con esta normativa. A lo largo de sus 59 páginas, carga contra lo que considera es «una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda», que interfiere en el libre mercado y que pretende «fosilizar» el concepto de función social de la propiedad.
Límite de precios «farragoso»
Y no se queda ahí, ya que califica de «vulgares» sus conceptos jurídicos y rechaza —por «innecesarias», «redundantes» o porque colisionan con otras leyes, como la del suelo— casi todas las definiciones jurídicas.
Tampoco escapa de la crítica la contención de los precios del alquiler, uno de los aspectos más polémicos de la normativa. Sobre las medidas para limitar los precios en los contratos de arrendamiento de vivienda, los jueces apuntan que «siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido», por lo que concluyen que «su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales».
Igualmente, sostiene que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta «a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales» previstos y avisa del «posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no son coincidentes con las contenidas en el anteproyecto».
Sin embargo, pese al centenar de observaciones críticas del informe, este es preceptivo, pero no vinculante, de modo que aunque es necesario para que el Ejecutivo apruebe el texto legal en segunda vuelta y lo remita ya al Congreso para su tramitación parlamentaria, no impide que efectivamente la norma salga del Consejo de Ministros sin modificaciones que resuelvan las deficiencias detectadas por el órgano de gobierno de los jueces.
El dictamen, fechado este pasado lunes y redactado por los vocales José Antonio Ballestero Pascual y Enrique Lucas Murillo de la Cueva, incluirá «algunas observaciones menores» al texto de la propuesta, pero «sin alterar su contenido sustancial», según explicaron fuentes del Poder Judicial.
Votos particulares
En el pleno de ayer, el informe contó con los votos en contra de seis vocales, de los que cinco de ellos anunciaron voto particular. Entre ellos, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que fue el encargado de redactar el primer borrador del texto, que los jueces rechazaron el pasado día 14.
En esta ocasión, han aprobado el texto el presidente del Supremo y del CGPJ (que suma 1.000 días en funciones), Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach (PSOE), José Antonio Ballestero (PP), Ángeles Carmona (PP), Victoria Cinto (PSOE), Nuria Díaz (PP), Juan Manuel Fernández (PP), Rafael Fernández Valverde (PP), Vicente Guilarte (PP), Enrique Lucas (PNV), Carmen Llombart (PP), José María Macías (PP), Juan Martínez Moya (PP), Gerardo Martínez Tristán (PP) y Wenceslao Olea (PP).
El Gobierno ignora las críticas y asegura que «habrá» ley
El jarro de agua fría del CGPJ no impedirá que el Ejecutivo saque adelante la Ley de Vivienda tal y como tenía previsto. Así lo confirmó ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, vía Twitter, leyendo el dictamen de los jueces en clave política. Irá al Consejo de Ministros del próximo martes.
«La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los Gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género», escribió en la red social, para asegurar después que «no nos distraerán de nuestros objetivos: habrá Ley de Vivienda».
Cabe recordar que desde que a principios de semana trascendió el contenido del informe del Poder Judicial, los socios de Gobierno han defendido su norma atacando la legitimidad del órgano judicial, que lleva en funciones 1.000 días —no representa a la actual mayoría parlamentaria— y cuya renovación está bloqueada por la falta de acuerdo con el PP.
Desde el Ministerio de Transportes defienden que el anteproyecto de ley está «bien armado técnica y jurídicamente» y aseguran que, en contra de lo que sostiene el CGPJ, respeta «escrupulosamente» las competencias de las comunidades autónomas en la materia sobre la que se legisla.
Por su parte, desde las filas de Podemos, la secretaria general de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es quien más beligerante se ha mostrado, reclamando al PSOE que cumpla el acuerdo y la ley se apruebe sin cambios.
De hecho, ha iniciado una ronda de contactos con colectivos sociales y del movimiento por la vivienda para mostrar el «respaldo social» que la normativa tiene. «Esta ley tiene urgencia», sostuvo Belarra.
