Una guerra a 4.000 kilómetros de distancia que hará subir aún más la luz y los carburantes
ECONOMÍA
El Gobierno reconoce que, aunque España no depende del gas ruso, el conflicto encarecerá los precios de todos los productos energéticos
24 feb 2022 . Actualizado a las 19:09 h.La pregunta del millón: ¿cómo es posible que una guerra en Ucrania, a 4.000 kilómetros de distancia de la catedral de Santiago, haga subir los precios de la electricidad o de los combustibles que consumen los gallegos? Porque eso es exactamente lo que va a pasar. De hecho, ya está pasando. Tras el ataque lanzado por Putin, el precio mayorista de la electricidad se cotizará este viernes un 17 % más caro que el día anterior y costará 240 euros el megavatio hora. Es el más alto desde el 17 de enero. Mientras, el gas natural repuntó un 40 % hasta los 125 euros el megavatio hora.
Los productos energéticos llevan meses en una furiosa huida hacia adelante alentados por una crisis política entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos que ha provocado una escalada de las cotizaciones internacionales del gas natural y del petróleo, de la que no pueden escabullirse ni los habitantes del rincón más alejado de Europa. Porque esas materias primas siguen siendo imprescindibles para vivir, hay que importarlas de fuera de España y comprarlas a unos precios que se fijan en unos mercados atemorizados por la guerra.
Lo resumió bien la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este jueves en Lugo: «Nosotros no somos ajenos a los mecanismos de configuración de precios de los mercados internacionales de las materias primas energéticas, y esto, evidentemente, incide en nuestros precios energéticos y eventualmente, en el conjunto de la economía». La recuperación económica puede irse al garete, en resumen.
En el último año, desde enero del 2021 concretamente, los precios del gas natural se han multiplicado por tres. Lo mismo que los de la electricidad en el mercado mayorista, que se configuran a partir del hidrocarburo. De hecho, fuentes del mercado aclaran que de todo el aumento del precio de la luz en el 2021 (+230 %), un 85 % fue por el gas. El resto, consecuencia del incremento de los costes de los derechos de emisión de CO2.
A partir de ahí, las subidas de los productos de consumo final se han producido en cascada: el de la factura de la luz, de un 40 %; el de los carburantes de automoción entre un 24 % y un 27 %... De momento. Porque el estallido de la guerra acentuará esa escalada. Pero, ¿cuánto?
Depende. Fuentes del mercado explicaron que «la evolución de los precios va a depender de la intensidad del conflicto. Y, sobre todo, de si Rusia corta o no el suministro de gas a Europa. De ese país proceden el 40 % de las importaciones de ese hidrocaburo. Sin ellas no pueden vivir, de momento, los países centroeuropeos. España, sí, porque el gas llega principalmente desde Argelia, Estados Unidos y Nigeria. Aunque Rusia fue el año pasado el cuarto proveedor, con el 8,6 % de todo el producto importado, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El gestor del sistema gasista, Enagás, subrayó que España tiene garantizado el abastecimiento para los próximos meses.
Como recordó Teresa Ribera, «en España, la situación de seguridad de suministro está garantizada por otras vías», pero el país no se librará de la subida de las cotizaciones. Sobre todo si el suministro ruso se interrumpe. Fuentes del mercado avanzaron que, en este momento, el país sigue cumpliendo con sus contratos. «Si eso sigue siendo así, aun a pesar de un conflicto, el impacto en los precios podría ser puntualmente elevado. Si esos suministros se ven interrumpidos, pasaríamos a tener niveles de precio de escasez».
De momento, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ya ha elevado un punto su previsión de inflación para este año, hasta el 5,6 %, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque si el nivel de precios se perpetúa, llegaría al 6,5 %, el más elevado en casi tres décadas.
Consecuencias: contratos de gas a la basura
La escalada de precios tiene consecuencias en las economías familiares y en las de las empresas. Más cuando las comercializadoras de luz y gas están revisando al alza los precios incluso de contratos que aún están en vigor. Como Naturgy, la principal comercializadora de gas natural en España, tanto en el mercado mayorista como en el minorista. En diciembre, el mes con el gas y la electricidad más caras hasta el momento, la empresa empezó a contactar con sus clientes industriales de gas para renegociar los precios. Según la empresa, tratan de buscar un «acuerdo con ellos que permita adecuar los contratos vigentes a las nuevas condiciones de mercado». La compañía avanzó que confía en que esta revisión sea coyuntural.
Sin embargo, Naturgy está rompiendo los contratos con aquellos clientes que no aceptan las nuevas tarifas y pagando indemnizaciones por ello. De hecho, la compañía ha reservado 234 millones en sus cuentas para hacer frente a esas compensaciones. Durante una conferencia con analistas, tras la presentación de resultados del 2021, a principios de febrero, el responsable de Planificación y Control Financiero del grupo, Jon Ganuza, reconoció la cancelación de varios contratos en diciembre y enero por «las perspectivas actuales del escenario energético y considerando las incertidumbres», informó Europa Press. Ganuza detalló que se trata principalmente de contratos de suministro con clientes industriales.
España exige medidas a Bruselas para desvincular el precio de la electricidad del gas
Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera han vuelto a pedir a la Comisión Europea herramientas «nuevas y poderosas» para hacer frente a los elevados precios de la energía en una carta enviada a la capital europea un día antes de que Rusia iniciase su ataque a Ucrania. Porque las medidas desplegadas hasta ahora, centradas en apoyar a los hogares y empresas más vulnerables, «no son sostenibles en el tiempo», suponen «un coste muy elevado» y dependen de la «capacidad presupuestaria» de cada país, reza la misiva, a la que tuvo acceso Efe.
El Gobierno español lleva meses reclamando que las autoridades comunitarias permitan cambiar temporalmente el funcionamiento de los mercados de electricidad, de modo que la tecnología más cara (el gas) deje de ser la que determina los precios eléctricos finales. Así, en la carta, las ministras reclaman que «la formación de los precios mayoristas de la electricidad debe ser desvinculada de la alta volatilidad de los precios de gas» a través de un «freno de emergencia» que divida los mecanismos de formación de precios. El texto aboga, por ejemplo, por establecer un precio máximo a la electricidad generada a partir de fuentes de gas natural.
