Los sabios de Hacienda vuelven a la carga contra los módulos de autónomos
ECONOMÍA
Piden eliminar el sistema para recaudar más y evitar el riesgo de fraude
06 mar 2022 . Actualizado a las 09:15 h.En plena era digital, casi 400.000 autónomos españoles siguen tributando no por sus ganancias reales, sino por el tamaño del local que ocupan, la potencia eléctrica que tengan contratada o la longitud de la barra de la que disponen para despachar los cafés. Aunque el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta —popularmente conocido como módulos— puede tener los días contados. Eso es, al menos, lo que pide el comité de expertos que esta semana presentó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su propuesta para una reforma fiscal integral.
Consideran los sabios que «existen razones fundadas para la supresión del régimen de estimación objetiva» en el IRPF y del régimen especial simplificado del IVA con el que se aplica conjuntamente. Aducen que supone una «pérdida de recaudación para el Estado» y un tratamiento desigual para las empresas que, con la misma capacidad económica, tienen que tributar más al hacerlo por estimación directa, eso es, por sus rendimientos reales. Baste un dato de la Agencia Tributaria. Las compañías no agrícolas acogidas al sistema de módulos soportaron en el 2019 (último año del que hay datos) un tipo efectivo del 7,8 %, una tercera parte del 22,5 % de los profesionales encuadrados en el régimen de estimación directa.
A eso hay que añadir, apuntan los expertos, que el sistema de módulos «todavía contiene algunos estímulos al fraude fiscal». No solo para los autónomos y pymes acogidas a ese régimen, que pueden verse tentados a ocultar elementos determinantes para la exclusión de este sistema (ingresos, compras, trabajadores...) o «a manipular los signos y módulos a partir de los que se cuantifica el rendimiento neto de su actividad económica». Sino también para las empresas que hacen negocios con ellas, que pueden pedirles que emitan facturas falsas para deducírselas en el impuesto sobre la renta o en sociedades, ya que para la que tributa en módulos hacerlas no tiene efecto fiscal alguno siempre que no le haga superar el umbral para permanecer en ese régimen.
Frente a todos esos riesgos, los defensores del sistema de módulos argumentaban que es la mejor fórmula para garantizar que estos pequeños negocios (como peluquerías, bares, panaderías o taxistas) cumplan con sus obligaciones tributarias sin esfuerzo y sin asumir un coste excesivamente alto. Sin embargo, los expertos recuerdan que ese razonamiento «podía resultar aceptable hace cuatro décadas», pero no en plena era de la digitalización, ya que «parece extraño que existan actividades empresariales en las que los titulares no dispongan de estos datos [registro de ingresos, gastos y bienes de inversión], a efectos de seguir la marcha ordinaria del negocio». «Por otra parte, las tecnologías de la información permiten llevar dichos registros con un esfuerzo muy reducido, en nada comparable al que suponían los registros contables a principios de los ochenta del pasado siglo».
Supresión «rápida»
Por todos estos motivos, el comité de sabios propone al Gobierno la supresión «gradual, pero rápida» del sistema de módulos, «permitiendo, en su caso, a los sujetos afectados la aplicación de la modalidad simplificada de estimación directa». Una medida que afectaría a 372.358 pequeños empresarios, según los datos de la Agencia Tributaria, y a otros 852.000 que tributan por el régimen de estimación objetiva agrícola, a los que abogan por conceder «un período de adaptación un poco más largo», por las peculiaridades de su actividad.
Desde las asociaciones de autónomos reconocen que llevan meses negociando con Hacienda cambios en su régimen fiscal, y que los módulos están encima de la mesa. No es la primera vez que un Gobierno pretende restringir este régimen. Ya lo hizo, en el anterior Ejecutivo del PP, con el exministro Montoro, al que otra comisión de expertos, entonces presidida por Manuel Lagares, también aconsejó suprimir el régimen de estimación objetiva, con argumentos muy similares a los actuales. Aunque inicialmente se aplicaron restricciones que expulsaron de este sistema a profesionales como fontaneros, carpinteros o pintores, y se rebajaron los umbrales para poder acogerse a él, nunca se llegó a aplicar la última fase de esa reforma, diseñada para sacar de este régimen de tributación a dos tercios de los autónomos que se mantienen en él. Para ello, se pretendía rebajar de 250.000 a 150.000 euros el límite de rendimiento anual para aquellos negocios que facturan directamente al consumidor final y de 125.000 a 75.000 para los que facturan a otras empresas, aunque en los últimos siete años los distintos Gobiernos han rechazado aplicar la medida.
Proponen endurecer el impuesto de matriculación y aplicar un recargo a los coches grandes para ingresar hasta seis veces más
Además de proponer subidas fiscales en los combustibles para equiparar la tributación del diésel a la de la gasolina, el comité de expertos propone que la futura reforma fiscal endurezca el impuesto de matriculación —impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT), en jerga oficial—, argumentando que supone un instrumento «más efectivo para dirigir las decisiones de compra de los consumidores» hacia vehículos menos contaminantes que los impuestos anuales de circulación. Frente a algunas voces que defendían fusionar ambos tributos o cargar más el de rodaje, los sabios que han aconsejado a la ministra Montero recuerdan que «los consumidores tienden a dar mayor importancia a los costes y beneficios a corto plazo».
Advierten, eso sí, que es necesario reformular el diseño actual del impuesto de matriculación, cuya base imponible viene determinada por las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido y que ha quedado desactualizado por la «evolución tecnológica del sector».
Por ello, proponen ampliar el número de tramos y subir los tipos impositivos en cada uno de ellos (con un máximo de hasta el 20 % del precio de compra para los coches más contaminantes, frente al 14,75 % actual) «para incentivar, con mayor intensidad, la compra de vehículos de bajas emisiones». Y abogan por añadir un recargo para los vehículos de mayor tamaño, siguiendo el modelo que se aplicará en Francia desde este año, suplemento que fijan inicialmente en 10 euros por cada kilo por encima de los 1.800, para «acentuar los efectos disuasorios ante la creciente adquisición de vehículos de gran tamaño», que no solo contaminan más sino que provocan otros problemas, especialmente en zonas urbanas.
Frente a estas propuestas, más continuistas con el diseño actual del tributo, ofrecen una tercera que, siguiendo el modelo holandés, desvincularía el impuesto del precio de compra del vehículo, ya la que la base imponible serían las emisiones esperadas durante la vida útil del mismo. Con ella se conseguiría, dicen, desincentivar la compra de coches contaminantes de precio bajo. Esta sería la propuesta que más elevaría la recaudación, hasta 2.335 millones al año (seis veces más que ahora), frente a una horquilla de entre 862 y 1.847 adicionales en las propuestas que mantienen como base imponible el precio del vehículo.