La Comisión autoriza a recortar beneficios de las eléctricas para adelgazar la factura de la luz
ECONOMÍA
Bruselas ya no descarta reformar el mercado mayorista de electricidad para que el gas deje de fijar los precios finales
09 mar 2022 . Actualizado a las 15:02 h.En plena invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo comunitario ha lanzado una segunda tanda de propuestas a los Estados para reducir las facturas energéticas de sus ciudadanos, castigados por una imparable escalada de los precios de la electricidad, el gas y el petróleo.
Bajo el nombre REPowerEU, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simson, han puesto sobre la mesa una batería de medidas para paliar los efectos de la guerra sobre los costes energéticos. Las principales son estas.
RECORTE DE BENEFICIOS EXTRA A LAS ELÉCTRICAS
200.000 millones para rebajar las facturas. La principal medida propuesta por Bruselas a los Estados es que recauden parte de los beneficios extraordinarios que están obteniendo las compañías por la venta de electricidad en el mercado mayorista a cuenta del fuerte encarecimiento del gas natural. Este hidrocarburo, que utilizan las centrales de ciclo combinado, es el que está marcando el precio medio diario que cobran el resto de las tecnologías, y que está muy por encima de sus costes de producción. La propuesta de Bruselas es que los Gobiernos recauden parte de esos beneficios extra y los destinen a reducir la factura eléctrica de los consumidores. Según estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), esa medida podría movilizar hasta 200.000 millones de euros en el 2022 para compensar parcialmente el encarecimiento de los recibos energéticos. El recorte de ingresos será temporal, hasta el 30 de junio, y no se podrá aplicar de forma retroactiva, avisa la Comisión. La AIE avanza que esa medida la están aplicando ya países como Italia y Rumanía. España también, pero muy descafeinada sobre la propuesta inicial de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En septiembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó ejecutar un recorte de 2.600 millones a los beneficios de las eléctricas hasta el 31 de marzo de este año. Se trataba de descontarles de los ingresos que recibían por la venta de electricidad en el mercado el sobrecoste originado por el precio del gas trasladado a todas las tecnologías. El recorte no afectaba a los ciclos combinados, sí a todas las demás. Sin embargo, esa medida fue modificada, y casi totalmente vaciada, semanas después. Ribera atendió los argumentos de las compañías sobre que la mayor parte de la electricidad que pasa cada día por el mercado mayorista no se cobra a esos precios, sino a otros más bajos pactados con un año de antelación en contratos bilaterales a plazo. La rebaja se aplica, pero el ministerio no ha facilitado el dato de cuánto se ha reducido la recaudación prevista inicialmente, aunque algunos medios apuntan a que son 100 millones de euros, en lugar de 2.600. Esa primera estimación de dinero tenía como destino la rebaja en un 90 % de una parte de los costes regulados que gravan la factura de la luz, que se aplicó igualmente hasta el 31 de diciembre pasado.
precios eléctricos regulados
Para consumidores vulnerables. La comunicación de la Comisión Europea acepta también que, «en las circunstancias excepcionales actuales, los Estados miembros puedan establecer precios regulados para consumidores vulnerables, hogares y microempresas con el fin de ayudar a proteger a los ciudadanos y nuestra economía». En España hay ya una tarifa regulada que pueden suscribir hogares, comercios o pequeñas empresas con una potencia contratada inferior a diez kilovatios. Pero se ha convertido en una ratonera para once millones de consumidores, porque el precio está vinculado directamente a la evolución del mercado mayorista de electricidad. Por primera vez, ese tipo de contrato es menos competitivo que las ofertas de mercado libre y su coste se ha duplicado en el último año. Teresa Ribera planteó hace unos meses cambiar la referencia para desvincularla del mercado mayorista, hasta hoy. Durante una entrevista reciente con La Voz de Galicia, la ministra reconoció que la Comisión Europea había autorizado al Gobierno de Rajoy a establecer esa tarifa regulada abierta a todos los consumidores, no solo a los vulnerables, «porque estaba indexada al mercado y, por tanto, no había ningún tipo de intervención. Por tanto, la Comisión nos dice que, si la vamos a cambiar, lo tiene que autorizar, porque nos permite una tarifa regulada para vulnerables, pero no para todos». Según la agencia Colpisa, la reforma que quiere acometer ahora la ministra es establecer una especie de tarifa social, al margen de los precios de mercado, para los 1,2 millones de consumidores que disfrutan del bono social. Son familias vulnerables con umbrales de renta muy bajos que están viendo cómo incluso con los descuentos que les proporciona el mecanismo (de entre un 60 y un 70 % de forma temporal, habitualmente es del 25 % y del 40 % en función de la renta) están pagando más por la luz que nunca. Durante una comparecencia este martes en el Senado, y a preguntas el senador del PP Juan Juncal, Ribera avanzó que prepara medidas para proteger a los consumidores vulnerables y a la industria, pero no detalló cuáles. La ministra estaba aguardando a que hablara la Comisión para lanzar su nuevo salvavidas. Lo hará en breve, dijo en el Senado. Hasta el momento, el Gobierno ha aplicado rebajas fiscales en la factura (del IVA y del impuesto especial de electricidad), que, de momento, regirán hasta finales de junio. Si para entonces no escampa, podría volver a aplazarlas. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, instó al Gobierno a «tomar decisións» para enfriar la crisis de precios, que achacó también a una apuesta «abrupta» y «precipitada» por la transición energética.
la intervención del mercado eléctrico
Bruselas ya no se niega, pero hay que esperar. La comunicación dada a conocer por la Comisión Europea no incluye la reforma del sistema de fijación de precios del mercado mayorista como ansiaba España. Pero Bruselas la estudiará, ya no la rechaza de plano como hasta ahora. Así lo recoge el documento presentado ayer: «La Comisión también evaluará opciones para optimizar el diseño del mercado de la electricidad para aprovechar los beneficios de la energía de bajo costo». Teresa Ribera instó de nuevo en el Senado a cambiar ese mecanismo de fijación de precios, porque, dijo, «el mercado no funciona, está reventado». La posible modificación es una medida «muy interesante, que España había propuesto hace meses y es muy importante para evitar que los altos precios del gas penalicen los recibos de la electricidad», en opinión del eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares. Un planteamiento ante el que el Ejecutivo comunitario se había mostrado muy reacio, «pese a que hay que ir más allá para conseguir desligar los precios del gas de los precios de la electricidad», zanjaba González Casares. Por lo tanto, Bruselas se ha abierto así a estudiar todas las opciones posibles de medidas de emergencia para limitar el efecto contagio de los precios del gas en los de la electricidad. La Comisión Europea no presentará una propuesta definitiva hasta que no disponga del informe que prepara la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER), que se conocerá en abril, sobre los beneficios y los inconvenientes de un mecanismo alternativo al conocido como sistema marginalista, que prima la tecnología más cara. Se implantó de ese modo para incentivar a las plantas renovables, que cobran así un precio de mercado muy por encima de sus costes de producción.
despliegue de renovables
Expulsar al gas. El Ejecutivo comunitario busca, además, acelerar el despliegue de renovables para que no sea necesario recurrir a las centrales de ciclo combinado (y, por tanto, al gas) para generar electricidad. También reducir más rápidamente el uso de combustibles fósiles e impulsar la eficiencia energética.
