Diez comunidades ofrecen deducciones a los contribuyentes de la España vaciada
24 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Los políticos aseguran que quieren repoblar el campo. ¿lo dirán de boquilla? Me explico, en la declaración de la renta de este año diez comunidades autónomas han optado por incentivar fiscalmente a aquellas personas que vivan o se vayan a vivir a sitios despoblados. A modo de ejemplo y en líneas generales (las normativas introducen más requisitos): en Aragón se permite deducir el 5 % en la compra o rehabilitación de vivienda si es residencia habitual en pueblos con menos de 3.000 habitantes, en Cantabria un inquilino que viva en un pueblo de menos de 2.000 habitantes tiene derecho a deducirse el 20 % del dinero destinado al alquiler, y en Galicia si se compra o rehabilita en aldeas modelo se deduce el 15 % de las cantidades invertidas durante el ejercicio fiscal.
La pregunta sería: ¿este tipo de medidas son suficientes para «invitar» a repoblar el campo? El economista Javier Santacruz lo tiene claro: las autonomías, en general, se han decantado por lo más fácil y lo que menos coste recaudatorio tiene que son las deducciones en cuota. Ponen unos límites y restricciones que hacen difícil acogerse a ellas y, en el caso de poder hacerlo, el ahorro en impuestos es tan insignificante que no genera incentivos para instalarse en un pueblo. Lo que, a su juicio, sí se podría hacer, pero eso tendría a muy corto plazo un coste recaudatorio importante, es reducir drásticamente la fiscalidad patrimonial (IBI, patrimonio o sucesiones y donaciones) vía reducción de las valoraciones catastrales, una discriminación según la liquidez del activo inmobiliario y, en última instancia, reducción y/o simplificación de tramos y tipos. Podrían además apostar por establecer un gravamen diferente en sociedades según el grado de despoblación de cada territorio siempre teniendo en cuenta lo que la UE permite.
Alberto Rocha, economista y abogado y socio director de Proactive & Proasa, apunta tres medidas; conseguir que las zonas rurales sean una especie de «paraísos fiscales» (los que viven en ellas tienen menos prestaciones que los ciudadanos de las grandes urbes); dotar a estas áreas despobladas de buenas conexiones de internet, y facilitar y agilizar los trámites para que empresas tanto españolas como extranjeras puedan contratar profesionales que quieran teletrabajar desde estas áreas.
Javier Gómez Taboada, socio responsable del área tributaria de Maio Legal, es más pesimista respecto a si la despoblación del rural tiene vuelta atrás. No obstante también se pregunta si con el objetivo de fijar población son más efectivos los incentivos fiscales que las infraestructuras (ADSL, 4 o 5G, etcétera)… «Dudo —dice— que una empresa, por mucho ahorro tributario que se le ofrezca, decida instalarse en O Courel (o en A Veiga o en Ancares; me da igual que me da lo mismo) si ahí tiene dificultades ya intrínsecas para facturar… De poco le servirá ahorrarse impuestos si lo que tiene es problemas para vender, ganar y generar negocio». «España —apostilla— es muy de vender ‘cosas', léase incentivos fiscales. Pero el problema práctico, de siempre, no es tanto que estos se publiquen en el BOE o en el DOGA como que luego, a la hora de la verdad, la Administración (en este caso, la AEAT) no venga con las rebajas del tío Paco: interpretaciones restrictivas por aquí, excesivos requisitos documentales por allá, cansinos procedimientos de comprobación… De eso, en España, hay evidencias para dar y tomar: exenciones por trabajos realizados en el extranjero, empresa familiar, consolidación fiscal, etcétera».