El Gobierno obvia las presiones de la inflación sobre el coste de la deuda
ECONOMÍA
El Programa de Estabilidad enviado a Bruselas se elabora con un escenario en el que el interés del bono a diez años es del 0,8 %, muy por debajo del 1,8 % actual
01 may 2022 . Actualizado a las 11:04 h.El Gobierno vigila de cerca el impacto de la posible subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) sobre el coste de las nuevas emisiones de deuda previstas con las que, entre otras cosas, se financia el déficit público. Se trata de un dato crucial para la sostenibilidad de las cuentas públicas, que copan buena parte de las promesas de la actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas.
En el documento, el Ejecutivo reconoce el riesgo de que la senda a la baja prevista para la deuda pública —con el compromiso de que la ratio cierre el 2025 en el 109 % del PIB— «puede verse alterada en el corto plazo por factores exógenos que deriven en una reducción más modesta».
Entre esos factores, cita el incremento de los tipos de interés, la caída en el crecimiento de la demanda de exportación de nuestro socios comerciales o un aumento en los precios de petróleo y del gas por su impacto en el crecimiento económico y, por tanto, en la ratio de deuda sobre PIB.
Sin embargo, en los supuestos técnicos sobre los que se elabora el plan, el Ejecutivo sitúa el tipo de interés del bono español a 10 años (la principal referencia para el mercado) en el 0,8 % este año, cuando en la actualidad la rentabilidad se encuentra en el 1,8 %. «Los tipos de interés empleados por el Ejecutivo podrían resultar optimistas al no reflejar las presiones inflacionistas», advierten desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el informe en el que, pese a ello, avalan las previsiones macro del Gobierno.
Con el BCE en retirada —poniendo fin a las compras de deuda y anticipando la primera subida de los tipos de interés para luchar contra la inflación—, los países deben asumir que tendrán que ofrecer mayor rentabilidad en sus nuevas emisiones de deuda para atraer a otros inversores.
Coste por financiarse
Es decir, el coste por financiarse se elevará. Incluso más de lo que lo ha hecho este año con la rentabilidad del bono pasando del 0,3 % al cierre del 2021 a rozar el 2 % actual. Frente a este escenario que anticipa mayores dificultades para financiarse barato en el mercado en comparación con los últimos ejercicios, el Gobierno defiende en el Programa de Estabilidad la «gestión prudente» del Tesoro, asegurando que el Estado ha aprovechado el reciente escenario de bajos tipos para reducir el coste de la deuda viva por debajo del 2 % del PIB y elevar la vida medida de la misma, hasta superar el máximo de ocho años. El fin de los estímulos anticipa emisiones más caras a partir de ahora, con lo que el Tesoro podría acelerar la colocación de deuda antes de que se inicie el ciclo alcista.
España solicita el segundo desembolso de los fondos europeos
El Gobierno de España confirmó ayer que ya ha solicitado el segundo desembolso de 12.000 millones de euros de los fondos Next Generation con los que se financia el Plan de Recuperación. Esta partida se sumará a los 9.000 millones recibidos en forma de prefinanciación en agosto del 2021 y a los 10.000 millones del primer pago que Bruselas transfirió a finales del pasado diciembre.
La Comisión Europea dispondrá a partir de ahora de un plazo de dos meses para analizar la documentación en la que se informa del cumplimiento de 31 hitos y 9 objetivos para acceder a los recursos, que se han culminado desde el segundo semestre del 2021. Entre ellos, la aprobación de la denominada ley rider, además de la reforma laboral o la derogación del factor de sostenibilidad aplicado en el primer bloque de la reforma de las pensiones. Dentro de los ejes verde y digital, esta segunda solicitud de desembolso también incluye la aprobación de la Hoja de Ruta de la energía eólica marina y otras energías del mar; la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada o la Carta de los Derechos Digitales. Así como la entrada en vigor del RD-Ley para la protección de las personas trabajadoras que se dedican a actividades de reparto a domicilio utilizando plataformas digitales o medidas fiscales para acelerar el despliegue de la red de 5G.
También se han puesto en marcha medidas para fortalecer la resiliencia, el crecimiento económico y la cohesión territorial, como puede ser la modernización de la Agencia Tributaria, la aprobación del Plan de Acción para la Atención Primaria y Comunitaria y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
Primero en solicitarlo
España se convierte en el primer Estado miembro en solicitar este segundo desembolso.