Galicia cuenta con más de 3.500 terrenos disponibles para construir

Sara Cabrero
S. Cabrero REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

OSCAR CELA

Los expertos defienden que su liberalización reduciría el precio de la vivienda

07 jul 2022 . Actualizado a las 19:31 h.

A pesar de contar con un vasto y extenso terreno, los promotores de vivienda se encuentran en nuestro país con numerosos problemas para encontrar suelo para construir. No por falta. Sino por lo tedioso de la tarea. Y, defienden los duchos en la materia, solucionar este problema puede ayudar a reducir los elevados precios de la vivienda. No en vano, acceder a un piso en propiedad se ha tornado en un imposible para muchas familias, sobre todo para las más jóvenes. Pero hay solución. Al menos eso es lo que aseguran expertos como Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein): «Reducir burocracia urbanística, agilizar los trámites de planificación y de licencias y liberalizar suelo es sin duda la solución más eficaz para reducir el precio de la vivienda habitual», resume.

Las cifras que revela acompañan a la tesis. Según los datos que manejan en Fegein, Galicia cuenta con más de 3.500 terrenos urbanizables en venta en el circuito de comercialización. La provincia que acumula el mayor número de parcelas es Pontevedra, en la que actualmente hay disponibles unos 1.400 solares por un precio medio de 200 euros por cada metro cuadrado. En la misma línea se mueven las cifras de la provincia de A Coruña, sobre la que se erigen 1.350 solares urbanizables a un precio medio de 150 euros el metro cuadrado.

Mucho más exiguas son las cifras de las otras dos provincias gallegas. En Ourense tan solo hay disponibles en la actualidad medio millar de parcelas (que se pueden adquirir a un precio de 120 euros por cada metro cuadrado); mientras que Lugo puede presumir de tener las más baratas, a un precio de 90 euros el metro, pero tan solo dispone de unas 300. «Los precios de la vivienda vuelven a subir. Y ya no solo por el incremento de costes de la energía, los carburantes, los materiales o los costes laborales, sino nuevamente, al igual que hace 20 años, por el coste del suelo y su repercusión en el precio final de la vivienda», explica Benito Iglesias.

Asegura este experto que, ante el intenso intervencionismo que están aplicando las administraciones sobre el mercado del suelo, hace falta una modificación de la legislación: «Debemos tratar de liberalizar un 25 % del suelo para abaratar el coste de la vivienda en Galicia. Desde Fegein hacemos este planteamiento porque con los actuales criterios de edificabilidad, ocupación y densidad únicamente se reduce la oferta de suelo encareciéndolo aún más».

Oferta rígida

Defiende Iglesias que simplificar todos los procesos y ampliar las parcelas sobre las que se pueden erigir edificios permitirá dibujar un mercado mucho más accesible y flexible: «La intervención urbanística en Galicia configura una oferta de suelo rígida que a su vez contribuye a generar una oferta de vivienda rígida en comparación con la de otros países de nuestro entorno», resume el presidente de Fegein.

Los fondos Next Generation exigirán agilizar los trámites

El Gobierno ha reservado una importante partida de los fondos europeos Next Generation EU para renovar y modernizar el añejo parque inmobiliario español. No en vano, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Fomento, las viviendas españolas tienen una media de más de cuarenta años. Además, un 42 % de las mismas, fueron construidas entre 1950 y 1980.

Galicia no presenta una realidad muy diferente de la del conjunto nacional. Casi cuatro de cada diez viviendas que se erigen en suelo gallego fueron construidas entre los 50 y los 80. Sus cimientos acumulan más de cuatro décadas de historia. Y muchas necesitan un profundo lavado de cara.

Pero las ayudas que vendrán de la mano de Europa pueden convertirse en un auténtico problema para las administraciones. Los expertos llevan ya un tiempo advirtiendo: para lograr el objetivo de estas subvenciones es necesario mejorar la flexibilidad y la agilidad en las concesiones de licencias. «Los ayuntamientos van a tener que afrontar un gran volumen de licencias para reformas y rehabilitación en los próximos meses y no nos podemos permitir que la gestión de los proyectos quede colapsada. Debemos poner en marcha ventanillas únicas de tramitación, porque si no se cierran los proyectos de rehabilitación, se tendrán que devolver las ayudas europeas, y no nos lo podemos permitir», apunta Iglesias.