Su liquidación acabó con la venta de la entidad al Santander por un euro
01 jun 2022 . Actualizado a las 13:13 h.El Tribunal General de la Unión Europea ha dado portazo este miércoles a las reclamaciones de los accionistas y acreedores que perdieron todo su dinero invertido en el Banco Popular tras su resolución en junio del 2017.
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la Fundación SFL, el empresario mexicano Antonio Del Valle Ruiz, el grupo Eleveté y los fondos Algebris, Anchorage y Ronit y Aeris se personaron en cinco causas distintas que los jueces han resuelto avalando la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de liquidar la entidad, que arrastraba serios problemas de solvencia por esas fechas.
La sentencia - contra la que todavía cabe recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)- desestima «en su totalidad» dichos recursos, que pedían la anulación del dispositivo de resolución del Banco Popular y la decisión del Ejecutivo comunitario que lo aprobó.
Ese dispositivo en manos de la JUR, diseñado tras la crisis bancaria y que establece una pirámide de afectados a la hora de asumir responsabilidades en caso de insolvencia, se aplicó por primera vez al Banco Popular, infligiendo cuantiosas pérdidas a los principales accionistas. Según los jueces, los denunciantes no han demostrado que existiera una alternativa menos lesiva que la resolución: «no existían medidas alternativas que pudieran impedir esa situación. La decisión de amortizar y convertir los instrumentos de capital del Banco Popular en el dispositivo de resolución no constituye una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho de la propiedad de las partes demandantes, sino que debe considerarse una restricción justificada y proporcionada de su derecho de propiedad», sentencian. Es más, consideran que la intervención de la JUR y la posterior autorización de la Comisión están justificadas por el «interés público».
También echan por tierra las acusaciones que vertieron los denunciantes contra la JUR y la Comisión Europea, a las que atribuyen cierto grado de responsabilidad en los problemas de liquidez que sufrió el banco antes de su resolución. Lo atribuyen a la filtración y publicación de información confidencial de la entidad, que habría derivado en esa crisis de liquidez. La Justicia europea rechaza tales imputaciones: ninguno de los dos organismos fue responsable del descalabro del Popular, cuyas cuentas ya arrastraban problemas por la gestión de su cúpula.
Venta al Santander
Y es que el 6 de junio del 2017, el propio Banco Central Europeo (BCE), su último supervisor, alertó de que, teniendo en cuenta los problemas de liquidez que arrastraba el Popular, la entidad no estaba en condiciones de hacer frente a sus deudas y vencimientos en el futuro. Ese fue el pistoletazo de salida para la JUR, que intervino un día después el banco. Tras su liquidación, tanto la cartera de clientes como su patrimonio, activos y deudas fueron vendidos al banco Santander por un euro.
