La gran industria española rechaza que Bruselas restrinja el consumo de gas a todos los países por igual
ECONOMÍA
Pide que se respete la inversión sufragada por los consumidores españoles para diversificar el suministro
20 jul 2022 . Actualizado a las 09:10 h.La gran patronal española no quiere ni oír hablar de cortes en el suministro de gas. Y mucho menos, que estos se impongan desde Bruselas haciendo tabla rasa entre todos los países, de forma que aquellos que tienen el suministro garantizado, como España, se vean penalizados para salir en auxilio de otros que, como Alemania, se han abonado durante años al monocultivo ruso.
Por ello, reclaman al Gobierno que «se oponga frontalmente» a la intención de la Comisión Europea de obligar a los Estados miembros a reducir su consumo de gas en unos porcentajes preestablecidos e iguales para todos los países, un mecanismo que se activaría unilateralmente bien por el propio Ejecutivo comunitario o por petición de dos Estados afectados por un problema en el suministro.
En una carta dirigida a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) destacan que no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la UE.
Además, advierte de que forzar paradas industriales en países en los que no es necesario «agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea».
Defiende la inversión realizada en redes en España
Las patronales defienden que los consumidores españoles, domésticos e industriales, han financiado una gran inversión en infraestructuras de gas, «precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador» y limitar la exposición a cortes de suministro, por lo que ve «incoherente» que desde Bruselas se pueda decidir una parada de fábricas y «se genere gratuitamente una caída de actividad y empleo».