Los negocios deberán disponer de un sistema automático de cierre de puertas para que no se escape el calor o el frío y tendrán que apagar los escaparates a partir de las diez de la noche
02 ago 2022 . Actualizado a las 10:24 h.El Gobierno ha aprobado un real decreto ley con un primer plan de ahorro y de eficiencia energética para reducir el consumo un 7 %, tal y como se comprometió con la Comisión Europea, que se aplicará hasta el 1 de noviembre del 2023. Para conseguirlo, tal y como explicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al término del Consejo de Ministros extraordinario, los edificios administrativos, pero también otros como centros comerciales, espacios culturales (como cines), y estaciones de autobús y de tren y aeropuertos, no podrán tener la calefacción a más de 19 grados centígrados en invierno y el aire acondicionado, a menos de 27 en verano. Además, los edificios de uso público que no estén ocupados y también los establecimientos comerciales y tiendas tendrán que apagar las luces de los escaparates a partir de las diez de la noche. La ministra aclaró que ese apagado se impondrá también a la iluminación de los monumentos, pero no a las luces ornamentales de las calles. Por tanto, no afectará al alumbrado navideño, confirmó Ribera.
Estas medidas estarán en vigor hasta el 1 de noviembre del 2023 y el Gobierno dará una semana de plazo para su aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo que previsiblemente ocurrirá este martes.
Los edificios deberán colocar paneles informativos con la temperatura en el interior.
Además, antes del próximo 30 de septiembre deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior.
El Gobierno, además, impulsará una revisión extraordinaria de las calderas antes del próximo 31 de diciembre siempre que la última sea anterior a enero del 2021, aclaró la ministra.
La ministra resaltó que las comunidades autónomas serán las encargadas de velar por el cumplimiento de estas normas. También subrayó que en la Administración general del Estado se implantarán otras medidas como el teletrabajo durante tres días a la semana en determinados puestos que así lo permiten.
Ribera resaltó que muchas empresas han expresado ya su compromiso con estas medidas y recordó que reducir la temperatura un grado supondrá un ahorro de un 7 % del consumo. De hecho, desveló que una cadena con 90 hoteles y 100 restaurantes ya calculó que la aplicación de este plan le permitirá ahorrar un millón de euros en un año.
La ministra para la Transición Ecológica explicó que la situación de Europa es crítica, pues se puede producir un corte de suministro de gas en cualquier momento y que Rusia ya ha ejecutado esa amenaza a países como Letonia, Polonia, Bulgaria, Países Bajos o Dinamarca por negarse a pagar el hidrocarburo en rublos. «Hay que ser solidarios, todos debemos esforzarnos, Europa necesita nuestra ayuda».
Ribera resaltó que estas medidas son necesarias para evitar el racionamiento de energía que sí se están planteando otros países, más dependientes del gas ruso que España. «Hay que remontarse a la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial para encontrar una situación parecida a la actual», alertó.
Aprobado un nuevo paquete de ayudas al transporte: 1.250 euros por camión
El Consejo de Ministros aprobó también la nueva ley que, inspirada en la de la cadena alimentaria, busca garantizar que los transportistas, sobre todo aquellos que prestan servicio como subcontratas, no trabajen a pérdidas. La regulación era una de las exigencias que puso el sector para desconvocar la huelga que paralizó el país durante las últimas semanas de marzo.
La nueva norma obliga a que los contratos firmados con el transportista efectivo (el que lleva la carga) se hagan por escrito y reflejen el precio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes asumidos. Este principio también se aplicará en los denominados contratos de transporte continuado, que suscriben los camioneros autónomos con las grandes empresas.
Además, el Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas para compensar a los profesionales del transporte por el alza del combustible, valorado en 450 millones de euros, que se suma al aprobado a finales de marzo. La subvención ascenderá a 1.250 euros en el caso de los camiones, 950 para los autobuses (también los urbanos, una de las novedades de este decreto), 500 para furgonetas y ambulancias y 300 para los taxis y los VTC.
Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado la petición del sector para que duplicase la bonificación por litro de combustible (hasta 40 céntimos) para los profesionales del volante. Una medida que desde el Ministerio de Transportes ven inviable por la normativa fiscal europea.
Desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) advirtieron de que harán un control exhaustivo para garantizar la aplicación efectiva de la nueva normativa, que calificaron de «no suficiente, ya que no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado». Eso sí, confía en que «las diferencias no sean insalvables» y muestra su disposición a negociar.
