El Gobierno ofrece subir el sueldo de los funcionarios un 8 % en tres años

Las primeras negociaciones apuntaban a una subida del 3,5 % en los salarios de los funcionarios para el 2023. Pero el documento que salió este miércoles de la primera jornada de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas que reunió al Gobierno con los principales sindicatos de la Función Pública (CSIF, CC.OO. y UGT) lo hizo con importantes cambios con respecto a esa cifra. Tal y como revelaron fuentes de la negociación, la primera propuesta que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre el tapete incluye un alza del 8 % que se dividiría en tres tramos y se extendería a lo largo de los próximos dos años. La primera subida —del 1,5 %— sería este mismo año y tendría carácter retroactivo. Es decir, se aplicaría a 1 de enero, sumándose al 2 % que ya se pactó hace unos meses. El segundo tramo entraría en vigor el año que viene, cuando los sueldos de los trabajadores públicos crecerían un 2,5 %; mientras que en el 2024 se añadiría un incremento adicional del 2 %.

Además de estos porcentajes, el Ministerio que capitanea María Jesús Montero estudia ofrecerles algunas otras mejoras que les permitan compensar la escalada que está experimentando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. En este primer borrador, destaca una posible reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas, una de las reivindicaciones que más han perseguido estos últimos años los sindicatos.

El pistoletazo de salida de la negociación se produce apenas cinco días después de que CSIF saliera a las calles de Madrid para manifestarse contra los recortes en las condiciones de jubilación y contra el deterioro que están padeciendo los servicios públicos. «Exigimos que este mismo año se suban los sueldos para poder afrontar la tremenda inflación que padecemos. Solo este año, los sueldos se han devaluado un 8 %. Además, reclamamos al Gobierno un acuerdo plurianual con una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, para recuperar el poder de compra que hemos perdido desde el 2010, cuando se nos bajó el sueldo», aseguraba ayer Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF, quien declaró que no aceptarán «migajas» y que negociarán hasta el final proponiendo todas las cuestiones fundamentales para el conjunto de empleados públicos.

A la vista del punto de partida con el que arrancan las dos partes, la negociación se prevé espinosa. Y eso, a pesar de que el Ejecutivo de Sánchez no cuenta con demasiado margen de tiempo. La negociación debería estar cerrada en los próximos días, ya que Hacienda tiene que terminar pronto de pulir los flecos de los Presupuestos Generales para el 2023, un texto que tiene que incluir la subida de sueldo finalmente pactada para los funcionarios.

«Buena intención»

Los sindicatos quisieron este miércoles destacar la «buena intención» que hay por parte del Ejecutivo al añadir ese 1,5 % retroactivo para el 2022. Lo que no recibieron con tanta algarabía fue la propuesta para los dos siguientes ejercicios, unas actualizaciones que consideraron «insuficientes». «Para el 2023, el Gobierno sabe que la inflación va a estar alta. Nos parece lógico pensar que si el Gobierno reacciona para el 2022, tiene que contemplar que no es una coyuntura. Estaríamos más satisfechos si el 2023 tuviera el mismo tratamiento que el 2022. Tampoco estaría tan lejos», expresó ayer el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda. En la misma línea se pronunciaron los portavoces de CC.OO. que aseguraron que «la impresión de este primer intercambio es positiva, pero con reservas».

No solo de sueldos se alimentará la negociación. CSIF, UGT y CC.OO. también quieren un acuerdo que permita implantar la jornada de 35 horas —a la que el Ejecutivo no parece mostrarse nada reticente—; así como mejorar otras cuestiones. Entre ellas, las condiciones de promoción y clasificación profesional, las indemnizaciones por razón de servicio, el desarrollo y actualización del Estatuto Básico del Empleo Público o algunos cambios normativos en materia de igualdad. También pretenden conseguir una extensión de la jubilación anticipada al conjunto de los empleados públicos y la derogación de los recortes que se llevaron a cabo en el sector público a partir del 2010.

Ambas partes volverán a reunirse este jueves a las 16.30 horas.

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