El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE cree necesario «recalcular» el importe
30 sep 2022 . Actualizado a las 10:15 h.El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Pritt Pikamäe, emitió ayer un informe en el que considera necesario «recalcular» el importe que deben devolver a Hacienda los beneficiarios del régimen de incentivos a la financiación de la construcción de buques (el viejo tax lease) que estuvo vigente en España entre el 2002 y el 2011, y del que se beneficiaron bancos y grandes empresas.
El letrado propone al alto tribunal anular el método utilizado para calcular las sumas, lo que podría conducir a una rebaja de la sanción o a su condonación definitiva, ante la dificultad de poder determinar las cantidades a devolver, que el Ministerio de Hacienda español cifró en su día en 126 millones de euros.
Pikamäe recomienda también al tribunal europeo que no devuelva el caso a primera instancia judicial como hizo con anterioridad, sino que resuelva definitivamente un litigio que se arrastra desde hace una década.
Se trata de una opinión, que no es vinculante, pero sí muy tenida en cuenta por los jueces. Aunque el sector apela a la cautela.
El 7 de julio del 2013, y después de dos años de instrucción del expediente abierto a España, a instancias de una denuncia encabezada por el naval holandés, la Dirección General de Competencia declaró ilegal el tax lease español y ordenó reintegrar las bonificaciones fiscales obtenidas en el período 2007-2011.
El litigio en curso no responsabiliza a los astilleros, sino que carga contra las empresas que supuestamente obtuvieron ventajas fiscales que conllevaba participar en la financiación de buques. Aunque se beneficiaron de forma indirecta de este esquema ilegal de ayudas, la carga del reembolso recaerá sobre los hombros de los inversores que fueron «quienes tuvieron el disfrute efectivo de la ayuda», explicó el Tribunal.
Hay multitud de bancos y empresas que participaron en este esquema para obtener desgravaciones fiscales en sus inversiones entre los años 2007 y 2011. Entidades financieras como el Santander, Bankia, Sabadell, el ya extinto Popular —hoy en manos del Santander—, y la actual Abanca participaron en el negocio de la construcción de grandes buques en los astilleros españoles atraídos por las ventajas que les ofrecían los ministerios de Industria y Hacienda. También empresas como Inditex, Ikea o El Corte Inglés.