Trabajadores de Navantia se movilizan por el pago de un complemento en su jubilación
ECONOMÍA
El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Ferrol acogió la protesta de un grupo de empleados que ascendieron a técnicos superiores por convenio colectivo, en un acto que se cerró sin acuerdo
05 jun 2023 . Actualizado a las 17:24 h.Un grupo de trabajadores de Navantia -que habían entrado como aprendices en los distintos centros de la compañía pública, ubicados en la ría de Ferrol, la bahía de Cádiz, Cartagena y Madrid y ascendieron por convenio colectivo a técnicos superiores- mantienen una disputa judicial con la empresa por el abono de un complemento económico en la jubilación, momento que ya ha llegado para ellos. Son alrededor de unos 160 empleados de todo el país -entre 60 y 70 en la ría ferrolana- que han salido anticipadamente de sus puestos (al cumplir los 61 años) como consecuencia de la aplicación del expediente de regulación de empleo ligado al plan estratégico actualmente en vigor y que, al alcanzar los 65 años, no han percibido dinero alguno.
El origen del problema, explican los afectados, se encuentra cuando, al ascender a técnicos superiores, la empresa pública reingresó el dinero de las pólizas que ya estaba pagando con anterioridad a ese ascenso, pero no les incluyó en ninguna nueva para que tuvieran un complemento a la jubilación. Por este motivo, en el 2015, se organizaron y presentaron acciones judiciales. «Iniciamos demandas y ganamos en los juzgados de lo Social de las ciudades de todos los centros que tiene Navantia: San Fernando, Cartagena, Ferrol y Madrid. La empresa siempre siguió recurriendo; ganamos en los Tribunales Superiores de Justicia de cada una de las comunidades autónomas y tenemos tres sentencias del Supremo ya firmes, nos falta Cartagena pero va a ir en el mismo sentido, lógicamente», explica Juan Polo, uno de los trabajadores jubilados en la ría ferrolana.
Una vez reconocido ese derecho y cumplidos los 65, insisten en que Navantia debe abonar ese complemento. Las pólizas establecen que para cobrarlas, añaden, tienen que tener los contratos en vigor. «La empresa, de forma torticera, con argumentos falsos y capciosos, nos dice exclusivamente a nosotros que no nos va a pagar porque estamos despedidos y no tenemos un contrato en vigor. Sin embargo, esto no lo aplicó en ningún expediente de regulación de empleo ni tampoco en el expediente del 2019. A la gente de convenio colectivo no les exige estar en activo y sí a nosotros», critican.
La firma pública apela a que en el acta del expediente de regulación temporal de empleo firmado entre la dirección y el comité intercentros no se reconocía ese derecho para ese grupo, y sí para otros. Por ello, los trabajadores han recurrido de nuevo a la vía judicial, con el fin de que se pronuncien los representantes sindicales a este respecto. En la mañana de este martes se celebró un acto en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Ferrol, que finalizó sin acuerdo. Algunos afectados se concentraron en el exterior.
No obstante, los representantes del comité intercentros explicaron que, en su momento, no habían recogido expresamente que el complemento les correspondía a este tipo de trabajadores porque no querían interferir en el proceso judicial que ellos tenían abierto con la empresa. «A nosa intención non era excluír dese concepto a ninguén, senón que non queríamos meternos en ningún conflito xudicial en curso», aseguró Emilio García Juanatey, presidente del comité de empresa de Ferrol y también del intercentros.
Los afectados afirman que continuarán con la vía judicial y que también iniciarán contactos políticos -recuerdan que el Ministerio de Trabajo, del que es titular la ferrolana Yolanda Díaz, cuenta con representación en el consejo de administración- para dar a conocer su reivindicación.