En su propuesta para la reforma de las reglas fiscales también contempla suspender los fondos si no se corrigen las desviaciones
09 nov 2022 . Actualizado a las 13:09 h.A finales del año pasado, 14 países de la Unión Europea (UE) superaban el umbral máximo permitido de deuda pública (60 % del PIB). Solo Grecia, Italia y Portugal superaron a España, que despidió el año con la deuda cerca del 120 % del PIB.
La pandemia primero y la guerra en Ucrania después obligaron a los Gobiernos a abrir el grifo del gasto público para evitar el cierre en cascada de empresas y desempleo masivo. El shock económico fue de tal magnitud, que se decidió suspender temporalmente las reglas fiscales. No se reactivarán hasta el 2024.
Y ese es el plazo que tiene la Comisión Europea para poder negociar con los 27 países miembro una reforma de las normas de disciplina fiscal. Las actuales, que obligan a una reducción exprés de la deuda y el déficit públicos hasta el 60 y el 3 % respectivamente, son imposibles de alcanzar en las circunstancias actuales.
Es por ello que Bruselas ha presentado este miércoles una propuesta para dar a los países un mayor margen de flexibilidad a la hora de poner en orden sus cuentas. Los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (deuda en el 60 % del PIB y déficit en el 3 %) seguirán vigentes.
Con el nuevo mecanismo, la Comisión Europea presentará una senda de ajuste fiscal de referencia a 4 años analizando la sostenibilidad de la deuda de cada país. En otras palabras: se fijarán hojas de ruta para equilibrar las cuentas, garantizando que los gastos de un país no superan en exceso sus ingresos y que ningún Gobierno se endeudará por encima de sus posibilidades en ese marco temporal.
Una vez fijada la senda, países como España deberán diseñar y enviar sus planes de ajuste a medio plazo, en los que consten reformas y compromisos de inversiones. De no ser posible cumplir con una senda realista en cuatro años, podrán pedir que se amplíe el calendario a tres años más. «La senda de ajuste será más progresiva», explicó este miércoles el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Test de estrés
Cuando el plan llegue a Bruselas, los funcionarios del Ejecutivo comunitario examinarán las cuentas. Y, según explica el Ejecutivo comunitario «para valorar su viabilidad, la Comisión empleará test de estrés y análisis, simulando shocks comunes vinculados a tipos de interés a corto y largo plazo, crecimiento del PIB o el balance [de las cuentas]». Por eso el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pidió hoy a los Gobiernos que sus Presupuestos nacionales sean realistas y se ajusten de los marcos de referencia establecidos. Más progresividad, sí, pero Bruselas exige más responsabilidad y cumplimiento.
Sanciones
Habrá más tiempo para ajustar las cuentas, pero los incumplimientos desencadenarán sanciones financieras. El actual marco de reglas fiscales ya contemplaba penalizaciones económicas para los países que se negaban de forma reiterada a reducir sus desequilibrios, pero han sido ineficaces.
Lo que se propone ahora es que se reduzcan las cuantías de las multas y que se activen con más frecuencia: «La financiación de la UE podría suspenderse cuando un país miembro no ha tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo [...] Además, una nueva herramienta garantizará que la aplicación de los compromisos se amolda a la senda de ajuste a largo plazo. Un incumplimiento en implementar las reformas e inversiones comprometidas podría resultar en una senda de ajuste más restrictiva y, para los países de la eurozona, en la imposición de sanciones financieras».
Dombrovskis cargó contra los Ejecutivos que, en los últimos años de crecimiento, previos a la pandemia, decidieron malgastar dinero: «No se han aprovechado los tiempos de bonanza para construir colchones. Casi todos los países miembro han incumplido las reglas en algún momento», señaló.
¿Cómo vigilarán que España cumple con la senda de ajuste? Bruselas quiere simplificar la supervisión. Tendrán como referencia un único indicador: el gasto neto primario -en el que se incluyen partidas como las transferencias a la Seguridad Social para costear la revalorización de pensiones-.