El Gobierno admite que recaudará menos de lo previsto por las concesiones en sus Presupuestos
25 nov 2022 . Actualizado a las 13:24 h.El Ministerio de Hacienda calcula que recaudará unos 400 millones de euros menos de lo esperado para 2023 y 2024 a través del impuesto a las energéticas a causa de las enmiendas que han incorporado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el PNV y PDeCAT y la adaptación a los criterios fijados por la Comisión Europea.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha explicado este viernes que esos 400 millones suponen un ajuste de en torno a un 10 %, respecto a los 4.000 millones que en principio el Ejecutivo esperaba recaudar en el 2023 y el 2024. Así, la recaudación total en dos años por este nuevo tributo temporal sería de unos 3.600 millones de euros.
Montero ha insistido en que aceptar las enmiendas para excluir del cálculo del gravamen la cifra de negocio del mercado regulado, la actividad fuera de España e incluir deducciones por inversión en renovables «no es un triunfo del lobby» de las energéticas. «Creo que no somos sospechosos justamente de tener que sucumbir a ningún tipo de lobby», ha enfatizado la titular de Hacienda, según recoge Europa Press.
La proposición de ley en la que se incluye este impuesto, en el que también se incorpora el nuevo tributo temporal a la banca y grandes fortunas, fue respaldada ayer por el Congreso de los Diputados.
Impuesto a la banca
En cuanto al nuevo impuesto temporal a la banca, Montero ha remarcado que el Gobierno seguirá adelante con su aplicación, pese a las opiniones emitidas por diferentes organismos internacionales, como el Banco Central Europeo (BCE).
La ministra defiende que «en ningún momento» ha sido recomendada la paralización de la puesta en marcha de este nuevo tributo. «El Banco Central Europeo nunca dijo que el impuesto no se no se contemplara, lo que sí advirtió es de lo que se debía tener alerta sobre los intereses de las entidades financieras», ha explicado Montero.
En este sentido, ha apuntado que «cada uno» tiene su tarea: en el caso del Gobierno es «proteger a la ciudadanía y a la mayoría social de este país» y en el caso del Banco Central Europeo es proteger a las entidades financieras.
