Las industrias solo recibirán ayudas públicas si garantizan la actividad durante cinco años
ECONOMÍA
La nueva ley prohibirá despidos masivos sin avisar al Gobierno
06 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Consejo de Ministros aprobó ayer en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, con la que el Gobierno pretende «blindar» el empleo en un sector clave para el acceso a los fondos europeos y que en España supone el 15,3 % del PIB. Para conseguirlo, el Ejecutivo obligará a las empresas que reciban ayudas públicas a mantener su actividad productiva al menos durante cinco años (un plazo que se reducirá a tres años en el caso de las pymes). Con esta medida, el Estado pretende evitar que se repitan situaciones del pasado, cuando algunas grandes multinacionales (como el fabricante de aluminio Alcoa o la cementera mexicana Cemex) protagonizaron sonoros procesos de reducción de plantilla y cierres de plantas tras años operando con préstamos y millonarias subvenciones públicas.
La norma —que además es un compromiso con Bruselas dentro del Plan de Recuperación para sustituir la actual ley, que data de 1992—, también obligará a las empresas del sector que quieran realizar despidos masivos a comunicarlo previamente al Gobierno. Para controlar estos procesos, se establece la creación de una mesa de reindustrialización en la que habrá representantes tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas para afrontar posibles situaciones de crisis en la industria, en la que también tendrían cabida los representantes de los trabajadores.
«Esta ley es un compromiso del Gobierno, que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular y potencia la autonomía industrial de nuestro país», según indicó la ministra del ramo, Reyes Maroto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El de mantener y reforzar el empleo en el sector es solo uno de los objetivos que persigue el texto que, según anticipó Maroto, también incentivará inversiones en estos sectores, especialmente en territorios más afectados por el reto demográfico, como el recientemente lanzado por Cepsa en Andalucía para construir el mayor proyecto de hidrógeno verde en Europa con una inversión prevista de 3.000 millones de euros.
A quién afecta la regulación
La nueva norma se aplicará sobre industrias manufactureras y «actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos».
También afectará a los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.
Además, por primera vez, la ley regulará los proyectos industriales de interés general.