Bruselas quiere obligar a Uber y Airbnb a recaudar el IVA

C. P. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

DADO RUVIC | REUTERS

Propone forzar a casas de compraventa de criptoactivos a informar sobre operaciones y reservas de clientes europeos para evitar escándalos como el de FTX

09 dic 2022 . Actualizado a las 08:31 h.

La Unión Europea (UE) perdió en su conjunto 93.000 millones de euros en el 2020, año de la pandemia, a causa del fraude del IVA.

Al menos 3.396 millones (4,7 % del total a recaudar) se esfumaron de España, un porcentaje muy moderado si se compara con los países de su entorno. Francia perdió casi 14.000 millones (8 %), Portugal 1.460 millones (8 %) e Italia 26.217 millones (20,8 %). Nada comparado con el país más defraudador: Rumanía. Fue incapaz de recaudar el 35,7 % de lo que debía, unos 7.421 millones. «La pérdida de ingresos por IVA tiene un impacto extremadamente negativo en el gasto en bienes y servicios públicos como escuelas, hospitales y transporte», advirtió este jueves la Comisión Europea, tras presentar una propuesta legislativa encaminada a cerrar esas brechas fiscales, especialmente en el entorno digital.

España no lo ha hecho nada mal. A pesar de que la recaudación en el año de la pandemia descendió un 11,5 %, Hacienda logró reducir el fraude del IVA a prácticamente la mitad, desde los 5.840 millones de euros que se le escaparon en el 2019. 

¿Qué novedades incorpora la propuesta de Bruselas

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado en rueda de prensa que quiere acabar con la competencia desleal de la que se aprovechan las plataformas digitales respecto a las empresas tradicionales. Las primeras pagan muchos menos impuestos de los que deberían y uno de ellos, es el IVA

La Comisión Europea quiere obligar a que compañías digitales que funcionan como intermediarias de servicios de transporte de pasajeros o alojamientos turísticos, como es el caso de Airbnb o Uber,  recauden y remitan el IVA a Hacienda cuando los proveedores de servicios que utilizan sus plataformas no lo hagan. El objetivo, apunta Gentiloni, es evitar que disfruten de ventajas injustas frente a taxis y hoteles, que sí declaran el IVA: «Contribuirá a una mayor igualdad de condiciones entre los servicios tradicionales de alojamiento y transporte de corta duración y aquellos en línea. También facilitará la vida a las pymes, que de otro modo tendrían que comprender y cumplir las normas del IVA en todos los Estados miembros en los que desarrollen actividades», señala el Ejecutivo comunitario. 

En la actualidad, muchos de los propietarios de inmuebles o vehículos que utilizan Airbnb o Uber desconocen su obligación de recaudar y remitir el IVA a Hacienda o tienen dificultades técnicas para poder hacerlo. 

Con este cambio, los Estados deberían poder recaudar alrededor de 6.600 millones de euros anuales extra en los próximos diez años

La segunda medida que ha adoptado Bruselas este jueves es el de simplificar la factura electrónica del IVA en las operaciones transfronterizas e introducir un medio de notificación en tiempo real, cuando se produce una venta. Sus expertos estiman que podría recaudar hasta 11.000 millones de euros más al año por esta vía. 

Por último, también se ha propuesto que las empresas que vendan en varios países de la UE puedan registrarse solo una vez a efectos del IVA a través de un portal en línea único en una sola lengua. «Se calcula que esta medida podría ahorrar a las empresas, especialmente a las pymes, unos 8.700 millones de euros en costes administrativos y de registro a lo largo de diez años», estima Bruselas.  

Abogados, exentos de revelar operaciones de elusión fiscal de sus clientes

Hay otro agujero peor que el del IVA y ese es el de la planificación fiscal agresiva. Se estima que la UE pierde entre 160.000 y 190.000 millones anuales porque grandes fortunas y compañías explotan agujeros legales para evitar a Hacienda. Y lo hacen con la ayuda de una red de intermediarios que tienen la obligación de notificar estos esquemas tributarios a las Administraciones. No obstante, el Tribunal de Justicia de la UE(TJUE)  acaba de eximir de esa obligación a los abogados en una sentencia reciente.

El tribunal reconoce que esa obligación pondría en cuestión el secreto profesional: «Supone una injerencia en el derecho al respeto de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes, garantizado por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales», estima.

La legislación europea introdujo esta obligación para prevenir el riesgo de elusión y evasión fiscal, pero el TJUE considera que se puede cumplir el cometido sin comprometer a estos profesionales.

Primeros pasos hacia la regulación de criptoactivos  

El colapso del coloso FTX, la segunda mayor casa de compraventa de criptomonedas del mundo, ha puesto en alerta a las autoridades regulatorias globales. Incluida Bruselas. 

La Comisión Europea también ha propuesto este jueves forzar a todas las empresas dedicadas a servicios de inversión en criptoactivos, como Binance, a compartir información con todas las Haciendas nacionales sobre las operaciones nacionales y transfronterizas y las reservas de sus clientes europeos en criptodivisas o NFTs para luchar contra la evasión de impuestos. Independientemente de dónde tengan la sede. 

En la actualidad, las autoridades fiscales tienen grandes problemas para poder trazar el flujo de inversiones en ese mercado encriptado. De hecho, solo pueden aspirar a controlar las operaciones que se produzcan con intermediarios financieros, porque no hay forma de rastrear o identificar a los propietarios de monederos privados, que gestionan directamente los contribuyentes. 

«El anonimato, el hecho de que hay más de 9.000 criptoactivos diferentes disponibles y la inherente naturaleza digital de su comercio significa que muchos usuarios de criptoactivos que están teniendo grandes beneficios escapan al radar de las autoridades tributarias nacionales», admitió Gentiloni. 

La medida supone un refuerzo a la nueva legislación (MiCA) que está articulando la UE para atar en corto el mercado de criptoactivos. Este nuevo marco regulatorio obligará a las casas de compraventa a obtener autorización para operar en la UE y deberán hacerse responsables de las pérdidas de sus inversores demostrando que disponen de suficiente capital en caja.