El Gobierno carga contra Ferrovial por trasladar su sede: «No es aceptable»
ECONOMÍA
Si se instala en los Países Bajos, se ahorraría 40 millones al año en impuestos
02 mar 2023 . Actualizado a las 10:30 h.La decisión de Ferrovial de hacer las maletas y trasladar su sede social a los Países Bajos ha caído como un auténtico jarro de agua fría en la Moncloa. Y algunos miembros del Ejecutivo no han querido quedarse de brazos cruzados. Este miércoles la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, decidió levantar el teléfono para llamar en persona al presidente de la compañía, Rafael del Pino, para trasladarle directamente su rechazo a la mudanza. Categórica, Calviño le mostró su «claro rechazo» por una decisión que considera «no resulta aceptable».
La responsable económica del Gobierno recordó al directivo de la constructora que una empresa como Ferrovial, «nacida y creada en España», no debe mostrar justo en el momento en el que se encuentra la economía «esta falta de compromiso con su país». Los reproches fueron un paso más allá y Calviño incidió en que es «paradójico» que decidan marcharse ahora a los Países Bajos, precisamente cuando hay en marcha «un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes puesto en marcha en los sectores en los que está presente el grupo Ferrovial». O lo que es lo mismo, la vicepresidenta recordó al directivo que la constructora se está beneficiando de la llegada de los fondos europeos. Calviño no fue la única que cargó las tintas contra Del Pino. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, reclamó a Europa la puesta en marcha de medidas conjuntas para erradicar «paraísos fiscales» dentro del club comunitario; mientras que Yolanda Díaz criticó que Ferrovial reconozca «sin rubor» que se marcha para pagar menos impuestos.
Algo más comedidas fueron las declaraciones del ala socialista del Gobierno. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, explicó que, a pesar de ser una decisión que «no agrada» al Gobierno, desde la empresa le han asegurado que «los planes de inversión y los puestos de trabajo se van a mantener en el país». Mientras que la de Hacienda, María Jesús Montero, quiso quitar algo de hierro al asunto al recordar que esta empresa ya tributaba por gran parte de sus beneficios fuera de España.
Críticas del PP
Quien no tardó en afear al Gobierno la decisión de Ferrovial ha sido el PP. Lo hizo por boca de su secretaria general, Cuca Gamarra, quien relacionó la decisión de la compañía con el «vapuleo» que a su juicio ejercen los de Sánchez contra las empresas españolas. Para la dirigente popular, la pregunta que debería hacerse Nadia Calviño es si el Ejecutivo ha hecho algo para «empujar [a Ferrovial] a que se tenga que ir» o si es «responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas compañías tengan que optar por otros países». Tampoco quiso desaprovechar la oportunidad la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso aseguró que el traslado de la constructora confirma que Pedro Sánchez «prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal, que va a arruinar al país».
Tras la bomba anunciada por Ferrovial el martes, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto se ahorrará la compañía con su traslado a Holanda? Tal y como recoge un análisis del Sabadell publicado por Europa Press, el ahorro ascendería hasta los 40 millones de euros al año en concepto de impuestos. Pero —según han defendido los responsables de la firma— el objetivo principal no es rebajar la factura fiscal, sino una mayor proyección internacional, ya que tener su sede en los Países Bajos le abriría muchas oportunidades en su principal mercado: Estados Unidos.
La operación no se llevará a cabo si un 2,6 % del capital se opone
Todavía existe un resquicio que puede dar al traste con el traslado de Ferrovial. Si más de un 2,6 % de los accionistas de la compañía se oponen a esta decisión, se paralizará el cambio de sede. La letra pequeña de la operación recoge la posibilidad de que aquellos accionistas que estén en contra del traslado puedan acogerse a su derecho de separación, una fórmula legal que permite a un accionista disconforme con los acuerdos adoptados en junta salir de la empresa a cambio de una contraprestación justa, que normalmente consiste en el precio de cotización de la compañía, en este caso de 26,7 euros por acción. Ferrovial ha limitado a 500 millones de euros el importe que dispuesto a pagar a los accionistas díscolos para seguir adelante con su plan, lo que equivaldría a un 2,6 % del capital.
Un 67 % de los títulos de Ferrovial están en manos de pequeños inversores y se negocian en bolsa. El otro tercio lo controla la familia Del Pino: Rafael, el presidente —la tercera mayor fortuna española, con un patrimonio estimado en 3.800 millones de euros—, ostenta más de un 20 %, más del doble de las participaciones de sus hermanos María, Leopoldo y Joaquín.