Reforma de las pensiones: se podrá elegir entre dos cómputos, uno de 25 años y otro de 29

La Voz REDACCIÓN

ECONOMÍA

Jubiladas gallegos reclaman pensiones dignas en una protesta en Lugo
Jubiladas gallegos reclaman pensiones dignas en una protesta en Lugo ALBERTO LÓPEZ

El segundo permitirá excluir los dos ejercicios de peor cotización. Escrivá intenta atraer a sindicatos y patronal a su propuesta, que ha pactado con Bruselas y que respalda Unidas Podemos

10 mar 2023 . Actualizado a las 16:05 h.

Recta final de la reforma de las pensiones tras un año de intensas negociaciones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha citado de urgencia a los sindicatos y a la patronal este viernes al mediodía para tratar de alcanzar un acuerdo. Lo hace, según sus propias palabras, tras tener «prácticamente» cerrado un acuerdo con la Comisión Europea, con la que ha tenido en las últimas semanas una «discusión en profundidad» con el objetivo de consensuar «todos los elementos».

La reforma permitirá a los pensionistas elegir entre el período de cómputo actual de 25 años o ampliarlo a 29 años pudiendo quitar los dos de peor cotización.

El ala socialista del Gobierno cuenta también con el respaldo de Unidas Podemos. En una semana difícil para la coalición, la dirigente del partido morado Lilith Verstrynge, confía en cerrar de forma inminente un acuerdo. «Creo que sería una buena noticia», dijo ante los micrófonos de la Cadena Ser la también secretaria de Estado para la Agenda 2030.

Ampliar el período de cómputo, es decir los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión inicial, se había convertido en el principal escollo de esta negociación. Tanto los sindicatos como Podemos se habían opuesto a abordar una ampliación al considerar que supone de facto un recorte de la pensión inicial.

Desde la Seguridad Social habían hecho un primer planteamiento que pasaba por ampliar de 25 a 30 años este período, pudiendo quitar dos. Finalmente la reforma será más flexible permitiendo al pensionista elegir entre mantener el cómputo de 25 o ampliarlo a 29 años si compensa al pensionista.

La reforma también incluye medidas para mejorar los ingresos del sistema empezando por un destope de las bases máximas de cotización, un elemento rechazado por la patronal que, previsiblemente, se descolgará del acuerdo. 

Escrivá, confiado en un acuerdo con los agentes sociales

 «Hemos convocado la mesa y eso debe entenderse como que estamos prácticamente llegando ya a un acuerdo con la Comisión», avanzó el ministro en un foro organizado el jueves. Y, una vez más, hizo gala de su habitual optimismo al confiar arrancar un sí al diálogo social «en los próximos días». 

Antes de que trascendiera el contenido fundamental de la reforma, el ministro se negó a dar ningún detalle como gesto a los interlocutores sociales. «No puedo anticipar los elementos, pero básicamente es el cierre del sistema, de la sostenibilidad completa, para que sea compatible con mantener el poder adquisitivo de los pensionistas», dijo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este viernes el anuncio por suponer un refuerzo para «las pensiones más bajas», que afectan especialmente a las mujeres, y por su el carácter «redistributivo del sistema».

Díaz asegura que la reforma de las pensiones elevará los ingresos que aportan las empresas por los salarios más altos y protegerá en mayor medida a las pensiones más bajas, ayudando a mejorar la cobertura de las lagunas de cotización «que se derivan de la inestabilidad laboral», especialmente entre los trabajadores de edad más avanzada. 

Los sindicatos, optimistas

Por el momento, el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha hecho alguna valoración inicial positiva sobre las líneas generales del acuerdo con Bruselas: «Si el paquete de medidas del Gobierno va en esa línea, creo que el acuerdo es posible y viable», ha asegurado. No obstante, ha insistido en que el sindicato acude con su propia agenda de demandas, que deberán ser analizadas en la reunión de este mediodía. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones «va en la buena dirección, se trata fundamentalmente de no recortar el gasto en pensiones, sino de aumentar los ingresos, que es lo que habíamos exigido desde el principio» y ve «extraordinariamente positivo» que se pueda elegir entre el cómputo actual de 25 años para calcular la pensión o ampliarlo a 29 años.

El apoyo del PP, en el aire

El Partido Popular (PP) ha expresado sus dudas en torno a la posibilidad de que la reforma pactada por Escrivá, y que todavía está pendiente de la evaluación de los sindicatos, ponga en riesgo las pensiones de los próximos años. 

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha expresado este viernes el temor de su partido: «Nos da mucho miedo que el plan de Escrivá sirva para asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tenemos entre 40 y 60 años», ha afirmado.

Ha incidido no obstante en que todo lo que conlleve un acuerdo o un consentimiento de Bruselas «está firmemente supervisado» y, por eso y a la espera de conocer exactamente la propuesta cerrada, el PP la apoyará si garantiza los derechos de los pensionistas.

Entre esos derechos, han apuntado el incremento de las pensiones para evitar pérdidas de poder adquisitivo y que los nacidos entre 1960 y 1980 también tengan la oportunidad de cobrarlas.

Próximos pasos

El respaldo de Bruselas no es absoluto. El propio ministro aseguró que estaba «prácticamente» cerrado el acuerdo, pero todavía queda por saber qué dice la letra pequeña de la reforma y si esta contará finalmente con el respado de los sindicatos.

No obstante, el propio Ejecutivo español deberá hacer un estudio de impacto de la reforma en su conjunto en la que demuestre que sus planteamientos son sostenibles e incluir estos cálculos en el Plan de Estabilidad que la Comisión Europea ha reclamado esta semana a los Estados y que deberían estar en la capital comunitaria hacia finales de abril, a más tardar.

Los funcionarios de Bruselas pasarán revista a los cambios en las pensiones para comprobar que son viables. Sin el visto bueno a esta segunda fase de la reforma, España podría ver congelados de forma parcial los fondos del cuarto tramo de ayudas (10.000 millones de euros) del Next Generation EU.