Radiografía a la vivienda social en España: solo el 3 % del parque se destina a alquiler público
ECONOMÍA
El Gobierno se compromete a elevar el porcentaje al 20 % movilizando 50.000 pisos de la Sareb para arrendarlos a precios bajos
17 abr 2023 . Actualizado a las 16:51 h.El Gobierno calienta motores en la antesala de la campaña electoral de las próximas elecciones. Y lo hace con la vivienda como filón. Esta misma semana, el Ejecutivo anunciaba —de la mano de ERC y EH Bildu— la inminente aprobación de la ley estatal de vivienda, una normativa que ha levantado una gran polvareda en el sector. Uno de los reproches que más han repetido propietarios y expertos estos últimos días es que la nueva ley, tal y como está planteada, no solucionará los grandes problemas del mercado inmobiliario para, a renglón seguido, apuntar que una de las grandes cuentas pendientes que tiene España es precisamente la de la vivienda social.
Basta con analizar los datos de algunos de nuestros vecinos del Viejo Continente para hacerse una idea. Mientras que España solo destina un 2,5 % de su parque inmobiliario a vivienda social, en los Países Bajos ese porcentaje asciende al 30 %, según datos del último Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda. Es decir, tres de cada diez viviendas que se construyen en suelo neerlandés están destinadas a convertirse en inmuebles públicos. Tampoco es exigua la cifra británica. En el Reino Unido, un 18 % de los pisos se reservan a este fin. Los datos de Eurostat y del Observatorio Housing Europe corroboran que el parque de vivienda pública en España se encuentra más de seis puntos porcentuales por debajo de la media del conjunto de la Unión Europea.
Frente a esa cifras, Sánchez se comprometió ayer a elevar del 3 al 20 % el porcentaje de vivienda pública en España. Eso sí, sin fijar ninguna fecha específica en el calendario. Y con ese objetivo, el presidente del Gobierno anunció ayer que movilizará hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) —popularmente conocida como el banco malo— para destinarlas a alquiler asequible. «Es un problemón porque la vivienda en España es un derecho constitucional, pero no real, lo que hace que nuestros jóvenes tengan edades inaceptables para acceder a una vivienda y emanciparse», señaló Sánchez durante la clausura de la conferencia municipal del PSOE celebrada en Valencia.
Así, mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas para que las destinen a alquileres públicos. Además, impulsarán el alquiler social en otros 14.000 pisos que ya están habitados y promoverán la construcción de 15.000 nuevos inmuebles públicos en suelos disponibles que tiene la Sareb.
Aumento del precio medio
Sánchez recalcó ayer que hay estudios que indican que un 70 % de la desigualdad de un país es producto de la dificultad de acceso a una vivienda digna y expuso algunos datos que reflejan, de manera «elocuente» aseguró, el «drama que supone para las familias» este aspecto. Así, España es el cuarto país de la Unión Europea en el que hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler, un mercado en el que la evolución del precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 45 % entre el año 2014 y el 2021.
Aprovechando la cita, el jefe del Ejecutivo volvió a cargar contra las políticas de vivienda del PP, que calificó de «rotundo fracaso» basadas en convertir «un derecho en una mercancía» con tres ejes de base: «El viejo mantra del neoliberalismo de liberalizar el suelo, las bonificaciones fiscales que solo beneficiaron a los promotores y la privatización de viviendas públicas a fondos buitres».
El 17 % de las familias gallegas viven en casas arrendadas
Son muchas las familias que miran de reojo a la actualidad con la necesidad de saber en qué medida les va a afectar la nueva ley de vivienda. Sobre todo aquellas que viven de alquiler. Y no son precisamente pocas. Porque, según las cifras que manejan en la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), en Galicia casi un 17 % de las familias (concretamente el 16,8 %) viven actualmente en un piso arrendado. La cifra es todavía mayor en las grandes ciudades, dentro de las que destaca de manera importante A Coruña (donde un 30 % de la población vive de alquiler). Tampoco dista mucho de ese porcentaje Santiago, ciudad de acogida de estudiantes universitarios, donde un 28,2 % de los ciudadanos también son inquilinos. Le siguen muy de cerca ourensanos (un 27,8 % habitan en un inmueble arrendado), vigueses (un 26 %) y pontevedreses (21,5 %). En Ferrol y en Lugo, las cifras rondan el 20 %.
Desequilibrio
Tal y como explican desde Fegein, el gran problema al que se enfrenta el mercado es el gran desequilibrio que existe entre un stock de vivienda cada vez más reducido y una demanda que no para de crecer: «Jamás hubo menos oferta de vivienda en alquiler y tampoco se han alcanzado nunca en la serie histórica unos precios más altos que los actuales», explica Benito Iglesias, presidente de la federación.
De las 1,6 millones de viviendas que conforman el parqué inmobiliario gallego, 160.000 están actualmente en alquiler y tan solo otras 3.000 están disponibles para recibir a nuevos habitantes. Y además, recuerda Iglesias, muchas de ellas no están en las mejores condiciones de habitabilidad, se encuentran en núcleos de población con escasa demanda o incluso tienen unos precios demasiado altos. El problema radica en que hay un importante número de viviendas que, a pesar de estar vacías, no entran en el mercado del alquiler por la desconfianza que este genera en sus dueños. «Los propietarios tienen miedo a lo que pueda pasar con la ley de vivienda, que los deja en una situación de inseguridad jurídica», explica el presidente de Fegein.
Para este experto hay otras causas que explican la falta de vivienda para arrendar, entre las que destaca la derivación del alquiler tradicional al vacacional, que ofrece una mayor rentabilidad y seguridad para los dueños de pisos. «También faltan incentivos y bonificaciones fiscales a los propietarios. La inseguridad jurídica, la prohibición de repercutir el IPC en la renovación de los contratos de alquiler, una ley de vivienda intervencionista y el aviso de penalización a las casas vacías provocan que los pequeños propietarios busquen una alternativa distinta al alquiler tradicional de su vivienda».
El sector pedirá a la Xunta que recurra la ley de vivienda, que consideran inconstitucional
«Esta ley de vivienda es un ataque frontal a la propiedad privada». Ese es el resumen que hacen de la nueva normativa desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Su presidente, Benito Iglesias, revelaba ayer mismo que ya ha solicitado a la Xunta que recurra esta normativa «por su más que posible inconstitucionalidad y porque invade claramente las competencias de la comunidad autónoma».
Desde Fegein consideran que provocará que muchos propietarios decidan retirar sus viviendas del circuito de alquiler para evitar la intervención, por lo que muchos pisos podrían acabar engrosando otros mercados como el de la venta o el alquiler turístico: «Intervenir el libre mercado y topar los precios únicamente derivará en que descienda la oferta y aumenten los precios, hay que decirlo así de cristalino», incide Iglesias.
Invade competencias
A ojos de este experto la polémica generada alrededor de la normativa no es una cuestión que tenga que ver con colores políticos, ni ideologías: «Se trata de coherencia, sentido común y conocimiento de la problemática». Asegura Iglesias que la ley invade claramente las competencias de las comunidades autónomas y, añade, su aplicación sería compleja, porque tal y como explica para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo Estatal y Autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150 % en el IBI a viviendas vacías tal y como propone el Ejecutivo o la ley de Haciendas locales. «Nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que eso conlleva».
Con todos estos mimbres, desde Fegein ya han solicitado formalmente un encuentro con la Xunta, a la que han trasladado su posicionamiento contra una ley que consideran un «ataque sin paliativos a la propiedad privada». En este sentido, solicitaran a la Administración gallega que presente un recurso de inconstitucionalidad contra una norma que «solo contribuye» a aumentar la «desmesurada inseguridad jurídica que ya hay en el sector y la desproporcionada carga burocrática». «La vivienda no es un mercado persa por mucho que se empeñe el actual Gobierno en tratarlo como tal», resume Iglesias.