Las operaciones con bitcoines u otros activos virtuales se rastrearán igual que las transferencias tradicionales de dinero
20 abr 2023 . Actualizado a las 14:15 h.La Eurocámara ha dado luz verde este jueves al primer reglamento europeo sobre criptoactivos. Con 529 votos a favor, 29 en contra y 14 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo (PE) ha dado el visto bueno al despliegue de un marco legal común que deberá aplicarse en los 27 países de la UE.
El organismo señala que este paso es crucial para proteger a los consumidores y evitar cualquier tipo de actividad delictiva, como el blanqueo de dinero o la manipulación del mercado.
La legislación permitirá rastrear las operaciones con criptoactivos de igual modo que las transferencias tradicionales de dinero, de forma que se podrá trazar el origen de las operaciones que se realicen con bitcoines u otros tokens (cupones) de dinero electrónico, además del beneficiario final. Todas aquellas transacciones que se consideren sospechosas podrán ser bloqueadas y toda la información de ese «viaje» deberá ser almacenada por si fuera necesario rastrear los datos.
¿Qué operaciones estarán sujetas a esta ley? El Parlamento Europeo aclara que la ley cubrirá las transacciones superiores a los 1.000 euros desde las carteras no alojadas (direcciones de monederos privados) hacia carteras o monederos alojados en casas de compraventa u otras plataformas que prestan servicios con criptoactivos. Sin embargo, las nuevas normas no se aplicarán a las transferencias de persona a persona cuando estas se realicen sin la mediación de un proveedor —son imposibles de rastrear— y tampoco a aquellas entre proveedores que actúen en su nombre propio.
El Pleno también ha aprobado las nuevas reglas de supervisión, protección del consumidor y garantías medioambientales y de protección frente a la manipulación de mercado y los delitos financieros.
Todas aquellas compañías que quieran emitir y negociar criptoactivos deberán cumplir con unos requisitos mínimos de transparencia, publicación de información, autorización y someterse a la supervisión de las transacciones. «Los consumidores estarán mejor informados sobre los riesgos, los costes y los gastos vinculados a sus operaciones. Además, el nuevo marco legal apoya la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas de criptoactivos», explica la Eurocámara.
Para evitar los riesgos de blanqueo de capitales y otros fraudes, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) deberá crear un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que incumplan la normativa y operen en la Unión Europea (UE) sin autorización.
Aquellos que sí estén autorizados a operar y tengan una actividad significativa en este mercado deberán divulgar el consumo de energía en el que incurren en su actividad, para reflejar la elevada y creciente huella de carbono que genera el minado masivo.
«Colocamos a la UE a la vanguardia, con 10.000 criptoactivos diferentes. Los consumidores estarán protegidos frente a engaños y fraudes, y el sector, muy dañado por el colapso de FTX, podrá recuperar la confianza. Los consumidores tendrán toda la información que necesitan y todos los riesgos subyacentes en torno a los criptoactivos serán monitoreados», deslizó este jueves el eurodiputado alemán Stefan Berger.
«Hoy en día, los flujos ilícitos de criptoactivos se mueven rápidamente por todo el mundo, con una alta probabilidad de no ser detectados nunca. Esta legislación obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a detectar y detener los movimientos ilegales y también garantizará que todas las categorías de criptoempresas estén sujetas al conjunto de obligaciones contra el blanqueo de capitales. Esto cerrará una importante laguna en nuestra legislación contra el lavado de dinero e implantará la normativa sobre transferencias más ambiciosa del mundo hasta el momento, en pleno cumplimiento de los estándares internacionales», celebró el co-ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Ernest Urtasun.
¿Cuándo entrará en vigor? El texto, sobre el que ya existe un consenso entre todas las instituciones europeas implicadas, deberá ser aprobado formalmente por el Consejo —donde están representados los 27 países de la UE— y publicado en el Diario Oficial de la UE. La legislación entrará en vigor 20 días después de que esto ocurra.
