El plan de estabilidad del Gobierno no incluye las 183.000 viviendas sociales
ECONOMÍA
Carece de respaldo económico en el programa 2023-2026 enviado a Brusela
30 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Las promesas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para alquiler asequible, realizadas en la última semana, y a poco más de un mes de las elecciones locales y autonómicas, no tienen respaldo económico en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a la Comisión Europea (CE).
Las cifras de distribución del gasto público por funciones mantienen en el mismo porcentaje que hubo en el 2021 (que ascendió al 0,5?% del PIB) la partida destinada a vivienda durante este año. Más aún, ese porcentaje se mantiene inalterable también para los ejercicios 2024, 2025 y 2026; que dicho de otro modo supone que en los tres próximos años no está contemplado invertir ni un euro más para lo que se considera uno de los principales problemas de los ciudadanos.
Aunque las competencias sobre vivienda están cedidas a las comunidades autónomas, de entre todas las vías sugeridas por el Gobierno algunas requieren que el Ejecutivo central destine dinero para ello. Por ejemplo, sería necesario para efectuar la compra de suelo al Ministerio de Defensa a través de SEPES, la entidad pública empresarial de suelo; aunque después la promoción de los inmuebles sea privada. Además, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana —que es el encargado de la política de vivienda—, han dejado la puerta abierta a que el Estado compre pisos a los grandes tenedores de inmuebles, fondos de capital riesgo como Blackstone o Cerberus.
En cuanto a la movilización de las viviendas de la Sareb, el Gobierno quiere que las paguen las comunidades autónomas, pero no está del todo claro.
Argumento de campaña
Lo más llamativo es que no existe mención alguna en la actualización del Programa de Estabilidad a actuaciones para promover vivienda pública de alquiler social. Y eso que Sánchez, en su mitin de este pasado viernes en Galicia, dijo que se trataba de «la mayor política de vivienda que se ha hecho en los últimos cuarenta años».
En el plan enviado a Bruselas, que cuenta con 125 páginas, hay únicamente seis referencias al término vivienda. Una de ellas es sobre fiscalidad, mientras que la segunda es otra sobre conexión a internet. También se destacan las medidas diseñadas para aliviar el pago de las hipotecas, se recuerda la prórroga hasta final de este año del límite al 2?% en la actualización de los alquileres y se menciona la vivienda en relación con el cumplimiento de las políticas de transición energética.
Solo hay una vez en la que aparece el gasto en vivienda, que es en el apartado dónde se dice cuál será la proyección de desembolsos sobre el PIB.
Pero no hay ninguna mención a estos planes para fomentar la vivienda asequible y pública. La ausencia en uno de los principales documentos que definen la política económica del Gobierno contrasta con los divulgados en los últimos días.
Aparentemente ajeno a ello, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, aprovechó ayer un acto electoral en Pamplona para elogiar la Ley de Vivienda recién aprobada, porque «dignifica el acceso de la gente joven a la vivienda en nuestro país», dijo, para recordar, acto seguido, la rehabilitación de cientos de miles de viviendas llevada a cabo, y confesar su «indignación porque España esté a la cola en vivienda protegida en Europa».
El gasto público ligado al envejecimiento de la población se incrementará hasta representar el 26,1?% del PIB
El envejecimiento de la población presiona al alza el gasto público ligado a esta parte de los ciudadanos. De hecho, se espera que llegue a representar más de la cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2050, según las proyecciones enviadas por el Gobierno a la CE en la actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026.
En concreto, supondrá el 26,1 % del PIB en el 2050. En el 2022 representaba el 23,2 %, lo que significa que se incrementará en tres puntos porcentuales en el período 2022-2050. Si lo trasladamos a euros, las proyecciones del Gobierno suponen que los gastos públicos asociados al envejecimiento pueden alcanzar al menos los 783.000 millones de euros (calculando que el PIB español en el 2050 se sitúe en los tres billones de euros como prevén algunos estudios).
En la actualidad el PIB español supera los 1,4 billones de euros, por lo que, a euros de hoy, el gasto superaría los 383.670 millones. La mayor subida se produce de aquí al 2040, cuando alcanzará el 25,2 % del PIB.
Peores previsiones
El Gobierno ha empeorado sus proyecciones respecto al impacto del envejecimiento de la población en el gasto público. Hace menos de un año, también en la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 calculaba que no llegaría a representar más del 24,5 % del PIB en el 2050 y solo el 23,6 % del PIB en el 2040.
La explicación de este agravamiento en el gasto viene exclusivamente por el lado de las pensiones; en el resto de gastos asociados al envejecimiento de los ciudadanos (sanidad, cuidados de larga duración, educación) mantiene el mismo peso sobre el PIB. Pero el de las pensiones crece en 1,7 puntos porcentuales sobre el producto interior bruto hasta llegar al 14,7 %, cuando hace un año se le dijo a Bruselas que se mantendría en el 13 % en el 2050.
El Gobierno calcula que el gasto subirá progresivamente en porcentaje del PIB hasta alcanzar el 14,9 % en el 2046 y, a partir de ese año, descenderá en las décadas siguientes al desaparecer la generación del baby bum.
En sus proyecciones incluye las medidas adoptadas como la nueva regla de revalorización basada en el IPC, que ha llevado a subir este año las prestaciones contributivas un 8,5 %, o los nuevos coeficientes reductores de jubilación anticipada. Además, considera que el nuevo incentivo a la jubilación demorada retrasará la edad efectiva de jubilación en 1,2 años en el 2040.
El gasto en sanidad representará el 7 % del PIB en el 2050 frente al 5,8 % actual y el gasto en cuidados de larga duración pasará del 0,8 % al 1,3 %, las mismas cifras que se preveían el año pasado.