Bruselas propone un límite estricto de 30 días para pagar facturas, con penalizaciones e intereses automáticos

Pagar tarde y mal cuesta dinero y empleo. Las empresas invierten unos cinco días de trabajo en perseguir a clientes morosos y eso le supone al conjunto de la economía europea un coste de 8.400 millones de euros, según cálculos de Bruselas que ha propuesto este martes endurecer la regulación para combatir las facturas atrasadas.

Argumenta que es «una práctica injusta que compromete la liquidez de las pymes y socava la competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro». Y arroja un dato revelador: la mitad de ellas no se paga a tiempo. Y esta es la causa que hay detrás de una de cada cuatro quiebras. 

Por ley, no se puede tardar más de 60 días en pagar a proveedores en España, pero este calendario es muy flexible en la práctica. Según un estudio de informa DyB, las empresas españolas tardan 95,49 días. Y cuanto más grandes son, más se demoran. Tal y como reconoció este martes el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, algunas llegan a tardar hasta 120 días en la UE. 

A este problema se suman ahora las dificultades que afrontan los pequeños negocios y autónomos para poder acceder a la financiación, cada vez más restringida desde que el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a subir los tipos de interés. Además, atraviesan graves dificultades vinculadas a crisis energética y la inflación, además de los cuellos de botella en los suministros, la falta de mano de obra y la competencia fiscal desleal de las grandes multinacionales.

Para aliviar el peso a los pequeños negocios, Bruselas ha propuesto este martes reforzar el calendario de pago reemplazando la actual directiva de pagos atrasados del 2011 por un nuevo reglamento que fija un «límite estricto y máximo de pago de 30 días», eliminando ambigüedades en su redacción y abordando brechas legales en el texto actual. 

Para ello, la Comisión ha propuesto a los países que el nuevo marco garantice a las pymes «pagos automáticos de los intereses e indemnizaciones» cuando un pagador se retrase, para evitar que tengan que acudir a los tribunales a reclamarlo. No habrá excepciones posibles. Cualquier transacción comercial deberá ejecutarse en el plazo de 30 días desde la recepción de la mercancía o servicio. Hasta ahora, la letra de la directiva permitía retrasos en algunos casos, como cuando el pagador fuera una entidad pública o si las empresas negociaban un plazo de pago que no fuera «extremadamente injusto», una redacción muy abstracta que ha dado lugar a un buen número de litigios. 

Exigencias a contratistas  

Otra de las medidas que ha lanzado Bruselas para blindar a las pymes es la que exigir a las empresas que consiguen contratos públicos demostrar que están al día en los pagos a las pymes que subcontratan para los proyectos. Según las autoridades comunitarias, es habitual que las compañías paguen una vez que se ha finalizado la obra, poniendo en aprietos financieros a los negocios más pequeños que tienen que adelantar gastos. Los países deberán crear agencias para vigilar el cumplimiento de esta norma e investigar si tienen sospechas.  

Reducir un 65% el coste de vender fuera de España 

La Comisión Europea también ha presentado medidas para reducir en un 65% los costes operativos en los que incurren las pymes cuando tienen que hacer cuentas con las 27 Haciendas que hay en la UE. Para facilitar ese trabajo, que previene a muchos negocios de comerciar en otros países, Bruselas ha propuesto que las empresas presenten una única declaración de impuestos en el país donde tengan su sede. El fisco de ese país será el que se encargue de recaudar los impuestos y transferir las cuantías que correspondan a otra Hacienda vecina. 

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