El Gobierno araña tiempo a Bruselas para ejecutar los grandes proyectos con fondos europeos
ECONOMÍA
Entidades públicas profesionales pueden gestionar de forma directa los recursos
03 oct 2023 . Actualizado a las 20:36 h.Mucho ha cambiado el escenario económico y financiero desde que en el 2021 el Gobierno aprobó el plan de recuperación que da acceso a los fondos europeos aprobados por Bruselas para hacer frente a la pandemia. Tras la crisis sanitaria, la zona euro ha tenido que convivir con otra energética, una guerra, una inflación desbocada y la subida del precio de muchas materias primas, que han obligado al Ejecutivo a modificar muchos compromisos de aquel primer plan en la actualización que acaba de ser aprobada por Bruselas y que da acceso a otros 94.000 millones adicionales entre préstamos —que computarán como deuda pública— y transferencias directas.
Tras intensas negociaciones, Bruselas ha permitido al Ejecutivo cierta flexibilidad para cumplir algunos de los pilares del programa, como el acceso a los incentivos fiscales para la rehabilitación energética de las viviendas —que ahora se amplía un año y se podrán solicitar hasta el cierre del 2024—, además de incluir nuevas reformas o eliminar del documento una de las más impopulares: la aplicación de peajes desde el 2024.
La realidad económica también se ha impuesto para los grandes proyectos, aquellos que de verdad servirán para llevar la economía nacional a otro nivel, si se cumplen los compromisos. «Todo lo que ha ocurrido estos dos años ha afectado a la ejecución de algunos de los programas contemplados en la primera fase del plan, a lo que se ha sumado el entorno de subidas de los tipos de interés», reconocen fuentes del Ejecutivo. Así, entre las principales concesiones de Bruselas en la ampliación del plan está la de permitir que entidades públicas profesionales gestionen de forma directa los recursos. Eso facilitaría que, sin pasar por encima de las reglas europeas, esas inversiones —las más grandes y complicadas de llevar a cabo por su dificultad técnica— puedan desarrollarse más allá del plazo oficial establecido en el 2026.
Este nuevo entorno beneficiará sobre todo a los grandes proyectos agrupados en los denominados PERTE. «Algunos de ellos dependerán del ministerio en cuestión y estarán listos para la fecha, pero para los más complejos nos sugieren esa opción de que la ejecución la acometa una entidad pública empresarial», indican fuentes presentes en las negociaciones con Europa. Se refieren en concreto a proyectos como el destinado a impulsar el hidrógeno.