El regulador afirma que la sostenibilidad financiera del sistema en las próximas décadas está sujeta a mucha incertidumbre
17 nov 2023 . Actualizado a las 19:48 h.El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, volvió a rebajar ayer el optimismo recaudatorio que el Gobierno defendió en el momento de aprobar su reforma de las pensiones, advirtiendo que «el gasto en salud sobre PIB aumentará de forma considerable, casi 1,5 puntos porcentuales, en las próximas tres décadas, según el último informe sobre el envejecimiento poblacional de la Comisión Europea».
En su discurso en la Conference on Ageing organizada por el regulador, dejó claro que la evolución demográfica no deja margen en lo que a la salud financiera del sistema de pensiones se refiere. Las estimaciones que maneja el organismo apuntan a que la ratio de población de más de 70 años y la que está en edad de trabajar (de 16 a 67 años) aumentará un 20 % en los próximos 25 años, del 24 % al 43 %. Y aunque la edad de trabajar vaya aumentando, el envejecimiento poblacional contrarrestará esa vía de ingresos por cotizaciones con la mayor demanda de servicios públicos sanitarios y cuidados de larga duración.
El Banco de España considera que «la estimación del impacto que las distintas medidas aprobadas puedan tener sobre los ingresos y gastos del sistema en las próximas décadas está sujeta a mucha incertidumbre». Cabe recordar que la última reforma de pensiones persigue incrementar los ingresos de la Seguridad Social para minimizar el aumento del gasto por la jubilación de los baby boomers, contemplando el aumento de las cotizaciones de forma progresiva por diversas vías.
Sin embargo, el Banco de España es cauto en sus previsiones: «como consecuencia de los cambios legislativos aprobados desde el 2021, el sistema de pensiones tendrá que asumir, en el largo plazo, mayores obligaciones de gasto que no serán totalmente compensadas por los ingresos recaudados».
Insiste en que son urgentes nuevas medidas «para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema». Desde la institución también exigen un proceso de análisis «transparente, continuo y exhaustivo» para evaluar los efectos de las últimas reformas, incluido su impacto en la equidad intergeneracional.