Los fallos dictados en Galicia condenan a las marcas a pagar el 10 % del vehículo
01 dic 2023 . Actualizado a las 08:48 h.El efecto llamada de las sentencias condenatorias al cartel de los coches está provocando una avalancha de denuncias de consumidores que reclaman ante los juzgados gallegos el dinero que pagaron de más cuando compraron su coche. Los pleitos van dirigidos contra los fabricantes que durante años mantuvieron oculto un pacto de precios, que ahora les está saliendo caro.
Los juzgados de toda España llevan meses dictando sentencias a favor de las reclamaciones presentadas contra el conocido como cartel de los coches, que involucra a 23 marcas en un fraude consistente en pactar precios entre los años 2006 y 2013, descubierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el 2015.
Fuentes jurídicas hablan de más de medio millar de fallos que dan la razón a los afectados, que se cuentan por millares —cinco millones en toda España, alrededor de 400.000 en Galicia—, según el grupo Consultores Técnicos, pionero en la cuantificación de daños derivados de esta práctica ilegal.
Vigo y Pontevedra, a la cabeza
De hecho, la provincia de Pontevedra se está convirtiendo en referente de este complejo caso, a raíz de varias sentencias condenatorias dictadas por el magistrado Manuel Marquina Álvarez, titular del Mercantil número 1, que han tenido gran repercusión. En una de ellas «declara probados y no prescritos» los sobreprecios pactados, —obliga a Ford a reponer a la demandante el 10 % del coste del vehículo— frente a la argumentación de las marcas basada precisamente en la prescripción del fraude; y en un último auto, este pasado verano, hace extensiva la posibilidad de reclamar también a los propietarios de furgonetas.
Ante las perspectivas de éxito, son muchos los despachos, grandes y pequeños, y asociaciones de consumidores que han decidido reclamar a las marcas, obligadas a proveerse de fondos para hacer frente a las indemnizaciones. Por ejemplo, Stellantis ha reservado más de tres millones para pagar las demandas (el fabricante ya encajó dos multas de Competencia por importe de 53,3 millones).
Así lo explica la compañía: «Como consecuencia del mencionado expediente de la CNMC, desde mediados del 2022 la sociedad está recibiendo numerosas reclamaciones judiciales y extrajudiciales de clientes supuestamente afectados, reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios en la compra de vehículos hasta el 2013, que en el caso de las primeras se están sustanciando en procedimientos judiciales contra la sociedad, obteniéndose hasta la fecha sentencias en su mayor parte favorables, aunque no permiten confirmar una tendencia futura».
Precisamente, el hecho de que la división española de Stellantis, que tiene nueve de sus marcas sancionadas —Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge, Opel y, por supuesto, Peugeot y Citroën— tenga su sede social en Vigo, sumado a las sentencias condenatorias del juez Marquina hacen que el volumen de demandas presentadas y esperadas amenacen con colapsar los juzgados vigueses, según denunciaban estos hace apenas unos días. El propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reclamado refuerzos para el Juzgado Mercantil con sede en Vigo porque prevé que el año que viene ingresarán más de 20.000 asuntos relacionados con el cartel de coches.
Macrodemanda en A Coruña
Esto ocurre porque los despachos y afectados organizados en plataformas se han lanzado a la preparación de demandas colectivas, tal y como explica el abogado Rafael González del Río, del despacho coruñés Caruncho y Tomé, que presentará a principios de año, junto con otros despachos de distintos punto de España, una que aglutina a 50.000 usuarios. El abogado explica que aquellos damnificados por estos pactos anticompetencia que se produjeron entre los años 2006 y 2013 podrán presentar sus reclamaciones, dado que las últimas sentencias sobre el caso sitúan el período de prescripción en el año 2026. «Esta ampliación es una oportunidad para todos los afectados que todavía no han comenzado con su reclamación por creer su caso prescrito», señala el abogado coruñés. La reclamación puede ayudar a cada uno de los clientes estafados a recuperar entre el 10 y el 15 % del precio que pagaron por sus vehículos.
El informe pericial, principal causa de desestimación
El abogado González del Río advierte que, si bien hay bastantes fallos que están dando la razón a los demandantes, esto no ocurre en todos los casos. Hay también procesos ganados por fabricantes; y en otros juzgados reconocen indemnizaciones muy inferiores a las esperadas. «La causa principal de desestimación de demandas es la insuficiencia probatoria, por no contar con un buen informe pericial», aclara el abogado. Las fuentes consultadas reflejan otro problema: las indemnizaciones son más bajas de lo esperado en aquellas plazas donde sí se estima que la marca causó un daño al consumidor, es decir, en donde se han vendido más vehículos víctimas del fraude.
Los jueces están reconociendo a los consumidores sobrecostes ilegales de entre un 3 y un 10 %. En Pontevedra, varias sentencias (de las más generosas) estiman un daño del 10 %. En Toledo se quedan en el 7%, mientras que Madrid, Palma de Mallorca o Almería aceptan sobrecostes de hasta el 5 % más intereses. Por su parte, Barcelona registra varios antecedentes donde el juez no reconoce un perjuicio superior al 3 %.