José Luis Escrivá, un ministro de carácter volcánico para negociar con los funcionarios
ECONOMÍA
El albaceteño se encargará de modernizar la Administración tras sobrevivir a dos reformas de las pensiones
29 dic 2023 . Actualizado a las 10:33 h.Fue el fichaje estrella de Pedro Sánchez para el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. José Luis Escrivá Belmonte (Albacete, 1960) se incorporó al gabinete como guardián de la caja de una Seguridad Social que por primera vez en cuarenta años se desgajaba del Ministerio de Trabajo, que Podemos reclamó para sí en el pacto de investidura. El cortafuegos era evidente: el PSOE retenía la gestión económica de las cotizaciones sociales y las pensiones (más de 190.000 millones de euros este año) y dejaba a los morados solo la parte normativa de las relaciones laborales.
Pura imagen de la ortodoxia económica (comenzó su trayectoria en el Banco de España y de ahí pasó al BCE y al Banco Internacional de Pagos de Basilea antes de dar el salto al sector privado, al BBVA), antes que ministro fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo creado durante la anterior crisis por mandato de Bruselas para supervisar las finanzas públicas y al que llegó nombrado por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con el PP. Con esa hoja de servicios desembarcó en el Gobierno con el encargo de servir de marcaje no solo a Yolanda Díaz sino también al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya que Sánchez engordó su cartera con las competencias de Inclusión para que fuese él, y no el entonces vicepresidente, quien diseñase la renta básica universal acordada por los dos partidos en su acuerdo de legislatura.
Entre ambos surgieron chispas, pero ni medio año después de llegar al Gobierno (y en plena pandemia), Escrivá alumbró un ingreso mínimo vital (IMV) que, superado el embudo inicial en la gestión y a todos los retoques que se han ido haciendo para facilitar su tramitación, llega a menos familias de las previstas inicialmente y de las que cumplen los requisitos para cobrarlo. En concreto, solo un 35% de los potenciales beneficiarios perciben la ayuda, según un informe publicado este año por la AIReF que desató una guerra entre el ministro y sus antiguos compañeros de este organismo.
Y es que si algo tiene Escrivá es que no esquiva el cuerpo a cuerpo. Lo mismo se enreda en redes sociales con economistas críticos con alguna de sus políticas que es capaz de llamar en directo a una tertulia de radio para afear los comentarios de los tertulianos sobre su gestión. El último episodio se vivió con el traslado de migrantes desde Canarias a varios puntos de la Península, cuando el ministro se revolvió contra los alcaldes y presidentes autonómicos que le reprochaban la falta de información acusándolos de xenofobia y oportunismo político. Antes que eso, tuvo que lidiar con el colapso de la Seguridad Social por la falta de citas previas, que impedía a los ciudadanos acudir a las oficinas para hacer trámites. Aunque Escrivá trató de minimizar el problema (llegó a calificarlo de «bulo» en sede parlamentaria), el propio Pedro Sánchez ha acabado por enmendarle la plana en el último debate de investidura, cuando anunció un nuevo sistema de atención con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria.
Las grandes reformas
Pese a ese carácter a veces volcánico, durante su mandato el ministro ha conseguido desbloquear algunas reformas que llevaban años pendientes, como la acordada con las asociaciones de autónomos para que estos profesionales coticen a la Seguridad Social en base a sus ingresos reales, al igual que los asalariados. Una reforma que todavía está en su fase de despliegue inicial y que deberá consolidarse a lo largo de esta legislatura.
Pero, sin duda, el gran hito de estos cuatro años en su departamento ha sido la doble reforma de las pensiones para revertir la aprobada en el 2013 por el Gobierno de Rajoy. Si entonces se apostó por actuar por el lado del gasto, limitando la subida de las prestaciones mientras la Seguridad Social estuviese en números rojos y recortando la nómina de los nuevos pensionistas para ajustarla al aumento de la esperanza de vida, la de Escrivá ha optado por incidir en los ingresos. Así, atendiendo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, se volvió a ligar la revalorización de las prestaciones con el IPC, aunque se hizo en un momento crítico de inflación descontrolada por la guerra en Ucrania, lo que ha provocado un aumento récord del gasto. Para compensarlo y limitar el déficit del sistema, se han articulado recargos en la cotización que serán más elevados en el caso de los salarios por encima de la base máxima.
Un bagaje reformista que, pese a las objeciones de sus críticos, que lo acusan de presentar unas proyecciones irreales que solo se sostienen en las hojas de Excel, le ha servido para mantenerse en el Gobierno tras el terremoto que ha generado la salida de Nadia Calviño. Eso sí, abandonado la cartera de la Seguridad Social, que ahora reposa en manos de Elma Saiz. Desde su nuevo puesto como ministro de Transformación Digital ha ido asumiendo en las últimas semanas parte de las competencias y de las estructuras que hasta ahora recaían en el Ministerio de Asuntos Económicos (entre ellas, dos de las tres secretarías de Estado de este departamento). A partir de ahora también sumará a su cartera las labores de Función Pública, aligerando la carga sobre los hombros de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien seguirá al frente de Hacienda y deberá coordinar la política económica del Ejecutivo.
¿Qué retos le esperan a Escrivá en este 2024? El propio Sánchez explicó este viernes que «pretendemos reforzar nuestra apuesta por una Administración moderna, más ágil y eficiente y, para ello, debemos aprovechar la digitalización para mejorar la calidad de los servicios públicos». El albaceteño será el encargado de negociar con los sindicatos de funcionarios la transformación y modernización de la Administración. Los precedentes, no obstante, no son alentadores. Como ministro de la Seguridad Social hizo frente a un aluvión de críticas por su gestión de la cita previa, que colapsó servicios como la atención para la tramitación de pensiones o prestaciones como el IMV.
El nuevo modelo, de atención presencial y sin cita previa obligatoria, deberá contar con recursos humanos suficientes y horarios flexibles, evitando la exclusión de colectivos como el de las personas mayores, para quienes la digitalización de los trámites supone un enorme reto.
También tendrá que coordinar a todos los departamentos para garantizar una respuesta rápida (máximo de 30 días) a las solicitudes de prestaciones sociales importantes como la de desempleo o las ayudas para la dependencia.
En sus manos reposa otra patata caliente: la subida del salario de los funcionarios para el año 2024, que deberá incluirse en los Presupuestos del próximo año. Según lo pactado en octubre del 2022 -una subida salarial conjunta de hasta el 9,5% entre el 2024, 2025 y el 2026-, las nóminas de más de 3,5 millones de empleados públicos deberían subir un 2% a partir del 1 de enero, pudiéndose elevar otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC.