Siete de cada diez euros de gasto público se destinan a pensiones y sueldos de los funcionarios
ECONOMÍA
El presupuesto de todas las administraciones rondará este año los 694.268 millones de euros, alrededor del 45 % del PIB
04 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno se encuentra inmerso en la elaboración de los Presupuestos Generales para este año, donde la mayor dificultad va a ser lograr el apoyo parlamentario suficiente para aprobarlos, con Junts haciendo valer a precio de amnistía cada uno de sus votos. Si no llegaran a aprobarse en el Parlamento los nuevos Presupuestos, el Gobierno funcionará con las cuentas de 2023 prorrogadas, como ya hizo en 2019 y 2020. En realidad, el Presupuesto es como un trasatlántico, que pesa demasiado, al que es difícil cambiar el rumbo de repente porque lo mantiene aunque solo sea por inercia. Causas excepcionales, como la pandemia del coronavirus, obligan a tomar medidas extraordinarias y los fondos europeos ‘Next Generation' han permitido dar un impulso a la inversión que de otro modo hubiera sido imposible. El Plan Presupuestario del Gobierno contempla alcanzar los 694.268 millones de gasto público este año, el 45 % del PIB, un 8 % más que lo presupuestado para 2023, aunque inferior en ocho décimas en porcentaje del PIB.
El último ejercicio certificado por la Intervención General del Estado y que permite analizar el detalle de la ejecución presupuestaria es 2022. Se superaron los 637.500 millones de euros y solo con el gasto comprometido en pensiones y en remuneración de los cerca de tres millones de empleados públicos se decide casi el 70 % del total. En el reparto por partidas, las prestaciones sociales (donde el 80 % son pensiones) se llevaron el 45,6 % del gasto total; la remuneración de asalariados, el 24,3 %; los consumos intermedios (como las camas para un hospital, los pupitres o pantallas para los colegios, las mesas y papel en los ministerios, etc) absorbieron el 12,4 %; para la inversión quedó el 6 % y un 11,7 % para el cajón de sastre de ‘resto'.
España muestra un peso relativamente elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales y los pagos de la deuda, pero un peso relativamente menor en educación e inversión pública. Un gasto público con menor peso en inversión y educación suele estar asociado con menos crecimiento potencial de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad, según el Banco de España. «Nunca hay mucho margen» para decidir dónde gastar, señala María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, «salvo que se introduzcan cambios estructurales». El porcentaje del gasto sobre el que hay capacidad de decidir puede estar entre el 10 y el 20 % del total. Hay gastos que no se pueden tocar: el primero, el pago de los intereses de la deuda pública o los subsidios y prestaciones por desempleo, pero también las pensiones que por ley deben revalorizarse con el IPC cada año. Eso garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y también supone que se lleva cada vez más parte del gasto. Cuatro de cada diez euros del gasto se destina a las pensiones y otros elementos de protección social.
La prioridad que se da a cada una de estas políticas de gasto ha cambiado poco con los años y con los distintos Ejecutivos. De hecho, la mayor variación se ha producido en protección social, que ha crecido en 69.000 millones de euros en diez años, donde la parte del león se la llevan las pensiones, lo que obedece por un lado al envejecimiento de la población y, por otro, al cambio estructural que supuso la ley que blinda la revalorización con el IPC de las pensiones.
Lo que hay que examinar es la eficiencia del gasto público. Para José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA, se podría mejorar la gestión de recursos humanos en las administraciones y llevar a los funcionarios donde más falta hacen y mejorar la calidad de los servicios públicos; sin embargo, no hay un mecanismo razonable para hacerlo y el encorsetamiento del catálogo de puestos de trabajo impide una gestión ágil. Boscá considera que el Gobierno tiene que presentar un plan de consolidación presupuestaria plurianual, más ahora que vuelven las reglas fiscales europeas y que obligarán a reducir el déficit y la deuda pública.
Para María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, «hay que buscar la forma de reducir el tamaño del Estado, con un replanteamiento de muchas políticas de gasto y analizar si son necesarias o no o si su recorte no daña la calidad de los servicios públicos».
Quién gasta
Si nos fijamos en cuál es la administración responsable del gasto, se observa que el primer actor es la Seguridad Social, responsable del 34,3 % del gasto público; seguida por las Comunidades Autónomas, con el 32,9 % del total; a continuación va el Estado, con el 22,2 % y, por último, los ayuntamientos, con el 10,6 %. Más de la mitad del aumento del gasto del Estado cada año se destina a cubrir el incremento de gasto en pensiones. Su desembolso no deja de aumentar: Este año superará los 200.000 millones de euros de gasto no financiero. Entre 2016 y 2023 ha crecido más de un 40 % y la próxima jubilación de la generación del ‘baby bum' presionará más el sistema de Seguridad Social.
El Plan Presupuestario para 2024 contempla que los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas representen un 42 % del PIB frente al 41,9 % de 2023, alcanzando los 648.660 millones de euros en términos de contabilidad nacional. En cuanto al gasto, este año está previsto alcanzar los 694.268 millones, el 45 % del PIB, que incluye la revalorización de las pensiones con el IPC (un 3,5 % de media), así como el incremento en un 2,5 % de las retribuciones de todos los empleados públicos.
Una de las principales competencias de las comunidades autónomas es la sanidad. Se trata de un servicio público muy tensionado donde faltan medios y existe precariedad. La partida de salud ha pasado de representar un 12,7 % del gasto total en 2012 al 14,6 % en 2022, con un pico del 14,7% en el año de la pandemia. A pesar de este incremento de 28.000 millones en diez años, falta personal (pediatras, psicólogos, enfermeros.) y las listas de espera para especialistas siguen en niveles elevados. Otra partida básica es la educación, también competencia de las comunidades autónomas. Representa poco más del 9 % del gasto público total. Ha aumentado su peso en siete décimas porcentuales respecto a 2012, pero ha bajado en comparación con 2017. En cualquier caso, no ha llegado a tener ni uno de cada diez euros de gasto. En el último Informe PISA España tuvo los peores resultados desde que se publica este estudio (año 2000), aunque el desplome fue generalizado en todos los países europeos. La pandemia explica una parte del empeoramiento, pero no toda.
La hermana pobre de los presupuestos es la vivienda. Tantos años abandonada han acabado convirtiéndola en una de las principales preocupaciones de los ciudadano. A vivienda, una política que también depende en gran medida de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, apenas se le ha destinado en los últimos diez años el 1 % anual del gasto total de las administraciones públicas. En 2012 absorbió 5.886 millones de euros, el 1,15 % del más de medio billón de euros de gasto público, y en 2012 fueron 6.493 millones, el 1 % del total. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se ha convertido en una preocupación para el 7,3 % de los ciudadanos, cuando en 2018 solo el 2,7 % manifestaba alguna inquietud por este asunto.