Las nuevas reglas fiscales de la UE ya están listas para aplicarse en el 2025
ECONOMÍA
Eurocámara y Consejo pactan sendas de ajuste de la deuda y del déficit adaptadas para cada país
10 feb 2024 . Actualizado a las 16:55 h.El Parlamento Europeo y el Consejo (donde están representados los Veintisiete países de la UE) han llegado este sábado a un acuerdo en torno a las nuevas reglas fiscales de la UE.
Las dos instituciones han pactado las bases para que los países puedan empezar a trabajar en sus planes nacionales de ajuste, con el objetivo de hacer sostenibles las cuentas públicas a medio plazo. Con el calendario actual, no será hasta el 2025 cuando se empiecen a aplicar.
Los objetivos no se han cambiado respecto a la última década. Para lograr una situación de equilibrio es necesario que la deuda no supere el 60% del producto interior bruto (PIB) y que el déficit no rebase el 3%. Son metas ambiciosas si se tiene en cuenta que la deuda de países como España, Italia, Grecia o Portugal rebasa el 100% del PIB.
La pandemia primero y la crisis energética después obligaron a los Gobiernos europeos a desembolsar grandes cantidades de dinero para evitar el colapso de sus economías y la quiebra financiera de los hogares. Pero esas medidas de apoyo históricas han tenido un alto coste en forma de hipoteca a futuro.
Ahora es el momento de ajustar cuentas, pero no con las reglas del pasado. A partir del 2025, los países deberán empezar a cuadrar sus cuentas de forma «realista, gradual y sostenible», como explica la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario dice haber aprendido las «lecciones de la respuesta de la UE a la crisis financiera, cuando la falta de inversión lastró una recuperación económica rápida».
Es por ello que se ha llegado al acuerdo de que cada país elabore sus propia hoja de ajuste a medio plazo, teniendo en cuenta las trayectorias de referencia que fije Bruselas para cada uno de ellos. Esos planes deberán orientarse a cumplir con las recomendaciones por países que anualmente elabora la Comisión, tras analizar las debilidades de cada economía.
A España, por ejemplo, se le ha instado a mejorar la eficiencia de las Administraciones públicas y limitar la subida del gasto corriente (aquí se incluye el gasto en pensiones) a no más del 2,6%, pero el Gobierno ha elevado el techo de gasto a un nivel histórico. Tanto es así que Bruselas advirtió en diciembre que esas partidas «están aumentando más rápido de lo planeado al tiempo que las inversiones financiadas por el Estado están cayendo».
Esos planes nacionales deberán establecer unos objetivos (nominales) y unas medidas (reformas estructurales e inversiones), para garantizar que las cuentas públicas se van estabilizando en un plazo de cuatro años, ampliables a siete. A diferencia del pasado, algunos gastos no se tendrán en cuenta a la hora de valorar los esfuerzos de cada Estado miembro, como aquellos dirigidos a cumplir prioridades políticas de la UE, como el aumento de las inversiones en Defensa.
Tanto la Comisión como el Consejo deberán aprobar esos planes y estudiar los informes anuales de progreso que deberá hacer cada país. Además, en caso de que haya un cambio de Gobierno tras unos comicios, el nuevo Ejecutivo tendrá margen de maniobra para renegociar la hoja de ruta.
Obligaciones comunes
Habrá sanciones, y más frecuentes, para quienes se desvíen de forma recurrente de sus objetivos y no cumplan con los compromisos de ajustes.
Y, aunque cada país acompasará los ajustes a su propio ritmo de crecimiento, se han acordado unos umbrales mínimos de esfuerzo. Los Estados cuya deuda pública rebase el 90% PIB, como es el caso de España, deberán reducirla a un ritmo de un punto porcentual al año. La mitad si se sitúa entre el 60 y el 90%.
Además, se ha pactado una reducción del déficit hasta el 1,5% -el máximo umbral permitido es del 3% del PIB- con la idea de crear colchones nacionales a los que poder recurrir en caso de que estalle una nueva crisis.
«Necesitamos un plan ambicioso de consolidación fiscal»
Las reglas fiscales se mantuvieron congeladas en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Pero se han reactivado este año, y eso exige que los Gobiernos, también el español, pongan orden en sus cuentas.
Según explicó recientemente el economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, España necesita de forma urgente «un plan ambicioso de consolidación fiscal para reducir el déficit público y el stock de deuda». A su parecer, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería acometer cuanto antes una reforma fiscal «que se centre en la ampliación de las bases tributarias, eliminando agujeros como los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos».
También resulta inaplazable los cambios en la fiscalidad ambiental y la revisión del sistema de pensiones «con el fin de limitar el crecimiento de estas prestaciones, que amenaza con dejarnos con muy poco margen fiscal para afrontar otras prioridades».