El Gobierno aprobará un paquete fiscal con el ajuste del IRPF al SMI y el incentivo a las energéticas
ECONOMÍA
Montero anunció que se dará luz verde a ambos cambios, que estaban previstos en los Presupuestos fallidos de este ejercicio
21 mar 2024 . Actualizado a las 19:50 h.El Gobierno prevé aprobar este año un paquete fiscal, que incluirá el incentivo a las empresas energéticas para que se deduzcan sus inversiones en España, y también el ajuste del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para ajustarlo a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), según anunció ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de ejecución presupuestaria. Ambas medidas estaban incluidas en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2024, que el Gobierno renunció a presentar tras el adelanto electoral en Cataluña. No obstante, aseguró que creen contar con apoyo para aprobar estas dos medidas, «que no corren prisa porque [los impuestos] no se liquidan hasta el año que viene».
Aunque no concretó, esto hace pensar que el Ejecutivo va a esperar a que pasen las elecciones en Cataluña, en el País Vasco y las europeas para recabar los votos necesarios, alejados ya de la rivalidad en los comicios.
Gravámenes definitivos
Otra cuestión, que «puede ir o no en la misma norma», es el acuerdo entre PSOE y Sumar para hacer definitivos los gravámenes a entidades financieras y empresas energéticas. Montero fue clara sobre la posición del Gobierno frente al Banco de España, que recomendó que el impuesto a la banca incluya incentivos para los bancos que incrementen sus colchones de solvencia. Montero afirmó que el impuesto permanente al sector se tiene que diseñar «para que las entidades financieras contribuyan a la financiación de los servicios públicos, no para que puedan pasar mejor los test de estrés».
En lo que respecta al déficit público del conjunto de las Administraciones, en el 2023 fue de 53.556 millones de euros, el 3,66 % del producto interior bruto (PIB), lo que supone una reducción de más de un punto porcentual respecto al 2022, más de 10.000 millones, expuso Montero. Esta reducción se debe fundamentalmente a la Administración central, que rebajó su déficit en 10.348 millones, hasta los 30.828, bajando del 3,1 % del PIB en el 2022 al 2,1 %.
Esto compensó la desviación de las comunidades, que en conjunto no cumplieron el compromiso con Bruselas. Según explicó la ministra, las autonomías superaron en tres décimas la tasa de referencia para sus presupuestos, fijada en el 0,6 %. No obstante, el comportamiento varía según cada comunidad, con Andalucía y Madrid como las regiones que más aumentaron su déficit.
Así, el desfase de conjunto de las comunidades bajó del 1,12 % del PIB en el 2022 al 0,9 %, tras obtener recursos récord del sistema de financiación. Los ayuntamientos registraron el déficit previsto del 0,1% del PIB y la Seguridad Social hasta los 8.211 millones, el 0,56 % del PIB.
Montero también señaló que la ley para condonar deuda a las comunidades irá al Congreso «cuando la tengamos consensuada».