Del «usar y tirar» al «arreglar y reutilizar»: la UE extenderá la garantía tras una reparación

«Recuerdo a mi abuelo intentando arreglar un producto; siempre lo conseguía. Ahora quien quiere reparar no puede, o le cuesta un ojo de la cara», denunció ayer la eurodiputada luxemburguesa Martine Kemp. Este martes, el Pleno de la Eurocámara ha dado luz verde a la directiva que han negociado con la Comisión y el Consejo para poner coto al despilfarro. Las estadísticas sacan los colores a la UE: el año pasado se generaron 35 millones de toneladas de residuos procedentes de bienes de consumo que se podrían haber arreglado. Una cifra que no solo tiene impacto en el medio ambiente, también en el bolsillo de los europeos, que pierden unos 12.000 millones de euros anuales al sustituir artículos de forma prematura. Y eso que el 77% de ellos, según el Eurobarómetro, prefieren reparar un bien antes que comprar uno nuevo.

«Los productos cada vez tienen menos vida útil y terminan rápido en una montaña de basura, desperdiciando materias primas críticas. Nuestro modelo económico se ha basado en el consumo rápido y eso tiene que cambiar», manifestó ayer el ponente del informe, René Repasi, antes de pedir el respaldo de la Eurocámara.

Ahora que la propuesta de directiva ha salido adelante, en los próximos años será más fácil y asequible reparar que comprar, según explicó la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson. Con la nueva normativa, los fabricantes deberán ofrecer a los consumidores la opción de reparar gratis o «a precios razonables» los artículos defectuosos o estropeados —tras el período de garantía—. Para ello, deberán informar de manera gratuita de la naturaleza del daño, el precio y el tiempo que requiere la reparación. Podrán pedir al cliente un pago extra en caso de que sea necesario hacer un diagnóstico. En cualquier caso, dice el texto, el presupuesto «debe ser razonable [...] Fijar una cuantía que no disuada de forma intencionada al consumidor de beneficiarse de la obligación del fabricante a reparar». Es más, el precio inicial del servicio no podrá variar en los 30 primeros días desde que se traslade al cliente la oferta. «Esto garantiza que los consumidores tienen tiempo suficiente para comparar diferentes ofertas de reparación», reza la directiva, que también otorga a los clientes el derecho a decidir quién le arregla el producto. Podrá buscar un profesional en la plataforma online que habilitarán los países para registrar los talleres especializados en cada población.

Un año más de garantía

Quien opte por arreglar un electrodoméstico o dispositivo electrónico una vez expirado el período de garantía, dispondrá de un año adicional de protección. Además, los fabricantes estarán obligados a prestar un producto de sustitución durante el período de reparación y deberán facilitar el acceso a piezas de recambio a precios «asequibles». Tendrán prohibida la imposición de obstáculos contractuales a la reparación y el impedir que los consumidores puedan utilizar piezas de segunda mano o impresas en 3D. También el uso de software para dificultar los arreglos, una vertiente más de la obsolescencia programada.

Críticas

Algunos eurodiputados señalaron inconsistencias, como el hecho de que la reparación de un bien podría chocar con el derecho a la propiedad intelectual. Otros manifestaron su decepción al no ver extendido por más tiempo el período de garantía o al no haber reforzado las normas para garantizar el desmontaje de productos y la prohibición explícita de programar los dispositivos para disminuir su tiempo de vida. «¿Habrá suficientes componentes para todos esos productos, modelos marcas?... ¿Suficiente mano de obra capacitada para arreglar esos productos averiados?», deslizó una eurodiputada escéptica.

En la sesión plenaria también se ha sometido a votación la directiva que pretende prohibir la comercialización en la UE de productos elaborados con mano de obra esclava. La normativa concede a la Comisión el poder de iniciar investigaciones en terceros países.

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