El TSXG pide a los jueces europeos que resuelvan rápido la consulta sobre parques eólicos

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

La línea de alta tensión daría servicio al parque eólico de Paradela
La línea de alta tensión daría servicio al parque eólico de Paradela ROI FERNANDEZ

Reconoce que la situación es «de profunda incertidumbre» porque siguen abiertos 202 litigios que afectan a 82 proyectos

28 jun 2024 . Actualizado a las 18:50 h.

Al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le han entrado las prisas, después de paralizar un total de 49 parques eólicos en la comunidad, autorizados previamente por la Xunta.

Los jueces de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo tienen entre sus manos 202 litigios que afectan ya a un total de 82 proyectos «que se han tramitado de forma idéntica». Reconocen que «ese número elevado de autorizaciones en litigio ocasiona una situación de profunda incertidumbre», por eso han solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que apure los plazos y que tramite de forma acelerada la triple cuestión prejudicial que planteó el pasado 7 de marzo en torno a la tramitación ambiental de los proyectos. Argumenta que, dada la naturaleza de los litigios, que versan sobre el medio ambiente, procede resolverlo de forma exprés. Otro argumento al que se han asido los magistrados para pedir presteza a Luxemburgo es que existe una recomendación de la Comisión Europea fechada el 13 de mayo del 2024 en la que se insta a acelerar los procedimientos de concesión de autorizaciones para proyectos de energía renovable y de infraestructuras conexas.

¿Qué es lo que debe aclarar la Justicia europea? El TSXG le ha pedido que determine si la Xunta debió poner a disposición del público interesado, «no solo los promotores», los informes sectoriales, claves para formular alegaciones en contra de los parques y participar en el proceso de decisión en torno a las autorizaciones. Esos informes en cuestión, señalan los jueces gallegos, contienen información sobre materia forestal, de aguas, de patrimonio natural y cultural, de turismo, salud, energía eléctrica y seguridad aérea, entre otras. El TSXG sospecha que las leyes estatal y autonómica que regulan el proceso «podrían no haber transpuesto (adaptado) de forma adecuada la directiva europea 2011/92, para la evaluación de repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

En su artículo 6.3, se dice de forma explícita que los Estados miembros «garantizarán, dentro de unos plazos razonables, que se pongan a disposición del público interesado» los principales informes, de forma que se puedan formular observaciones y opiniones antes de resolver sobre proyectos con un potencial impacto en el medio ambiente, «para lo que contarán con un plazo no inferior a 30 días». El TSXG aprecia que esa fase de consulta, o no tuvo lugar o no se dispuso en la ley de ningún trámite posterior para ofrecer la posibilidad real de participar a todas las partes.

Cuestionado sobre este asunto, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez Díaz-Castroverde, ha señalado que se ha solicitado este trámite acelerado, «de mayor urgencia y rapidez», porque los jueces son «conscientes de la importancia y la responsabilidad» que implica este asunto, según recoge Europa Press. Con todo, ha subrayado que, aunque «hay que comprender todos los intereses en juego», también «hay que entender» que los magistrados están «para decidir». «Y queremos que se respete nuestra decisión», ha apuntado, antes de recalcar que, como presidente del TSXG, él está para «garantizar la independencia» de los jueces en Galicia.

Consecuencias

La paralización de los parques ha obligado a posponer inversiones multimillonarias y pone en riesgo el calendario de despliegue de proyectos para ayudar a la descarbonización de las industrias gallegas.

La sección tercera es un tribunal presidido por Francisco Javier Cambón y del que forman parte los magistrados Juan Carlos Fernández, María de los Ángeles Braña, Dolores López y Luis Villares, quien fue candidato a la Xunta por En Marea y luego se reincorporó a la carrera judicial.