La Lei de Recursos Naturais impondrá topes mínimos a los beneficios sociales

La llamada Lei de Recursos Naturais de Galicia que acaba de iniciar su tramitación en el Parlamento, con previsión de ser aprobada a principios del próximo otoño, obligará a las empresas que quieran desarrollar proyectos industriales en la comunidad a establecer porcentajes mínimos en su cuenta e resultados para destinarlos a beneficios sociales, especialmente a medidas que supongan un abaratamiento del precio de la luz para las zonas afectadas o bien para el conjunto de la sociedad gallega u otra serie de ventajas que pueden ir desde la concesión de becas para estudiar idiomas en el extranjero o la financiación de equipamientos de atención social.

Así lo avanzó la conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, en el transcurso de un café de redacción organizado por La Voz de Galicia, en el que también participaron Arantxa Prado, directora de la Cámara Oficial Minera de Galicia (COMG) y Mónica Carballeira, vicepresidenta de Invenergy Services, el operador privado líder a nivel global en el desarrollo de energías renovables.

Los proyectos industriales a los que apela la Lei de Recursos Naturais son todos aquellos dedicados a la producción de energía a partir de fuentes renovables (eólico, solar, hidráulico, biomasa o hidrógeno verde), las explotaciones mineras y todos aquellos que requieran de la concesión de aguas para la producción de bienes, por lo que afectaría también a buena parte de la industria agropecuaria, acuícola o la de base forestal.

Por lo pronto, explicó Lorenzana, la norma autonómica se limita a identificar unos «indicadores cuantitativos» que permitan valorar el impacto social y económico asociado a cada proyecto industrial con el fin de que redunden de manera especial en las comunidades locales que sufren dicho impacto.

Paralelo al canon

Dichos beneficios sociales no van a reemplazar, sino que se van a añadir, al canon autonómico que ya recauda la Xunta y que grava a actividades como la explotación minera o los parques de generación de energías renovables. Es más, para no dejar lugar a dudas, la ley amplía expresamente dicho canon para cualquier proyecto de eólica marina que se pueda desarrollar en el futuro, por lo que en realidad los beneficios sociales supondrán un coste añadido para las empresas interesadas en explotar recursos naturales en Galicia.

«Es algo que se tiene que asumir en cada proyecto, dependiendo siempre de los beneficios de las empresas —apuntó María Jesús Lorenzana—, aunque creo que hay posibilidades de llegar a un equilibrio». «Se trata de establecer un win-win», añadió a su vez Mónica Carballeira, para que todos salgan ganando, tanto las compañías como la sociedad.

Los indicadores que establece la ley para canalizar los beneficios van desde la reducción de los precios de la energía «de forma específica para el consumidor final en el ámbito local o autonómico», hasta la generación de empleo adicional, de medidas complementarias de formación o reinversión de parte de los beneficios en proyectos sociales, como podría ser un centro de día o una residencia de mayores.

Los porcentajes para dichos beneficios sociales se fijarán más en detalle en la planificación industrial y energética que está diseñando la Xunta. «Lo que es evidente es que el ciudadano que vive en una zona de riqueza natural va a ver abaratadas sus facturas y de manera señalada la factura de la luz», remarcó la conselleira.

Lorenzana: «Hoy nadie puede coger el patrimonio natural de un territorio y expoliarlo»

La exigencia del plan de beneficios sociales que deberá acompañar a cada proyecto industrial que se quiera ubicar en Galicia «no va a sustituir a todos los requisitos de carácter ambiental que también condicionan estas actividades», manifestó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante el café de redacción. Es más, aclaró que en torno al 50 % de los parques eólicos que llegaron a la Xunta desde el año 2021 «fueron denegados porque se consideró que no eran ambientalmente viables».

Ni valen todos los proyectos ni todos aportan valor añadido. «Lo que es evidente es que hoy nadie puede coger el patrimonio natural de un territorio y expoliarlo», abundó Lorenzana, como asegura que deslizan algunas fuerzas políticas, en alusión al BNG. «Es legítimo defender una determinada posición de país, pero lo que le reprocho al Bloque es que no tenga una idea económica de Galicia, solo el no por sistema», esgrimió.

Frente a eso, contrapuso el modelo que está promoviendo la Xunta, que se puede entrever en la Lei de Recursos Naturais o el Plan de Desarrollo de los Recursos Mineros que permitirá desbloquear los más de 200 permisos que estaban parados exploración de materias primas estratégicas.

«Es una negligencia para un Gobierno tener paralizado el territorio, nosotros queremos ordenarlo de manera sostenible y aprovechar los beneficios para el conjunto de la sociedad», señaló la conselleira, que puso de ejemplo el aprovechamiento forestal: «Tener un monte abandonado genera más problemas y riesgo de incendios que un monte productivo».

Otro caballo de batalla es la agilización de los plazos para autorizar determinados proyectos, algo que la Xunta intenta amortiguar con el Plan de Aceleración, para todas las inversiones de más de 700.000 euros, o la declaración de Proyecto Industrial Estratégico, como el concedido a la mina de Touro y O Pino, que asegura su tramitación en menos de un año.

«Los proyectos de renovables que hacemos son todos fuera de Galicia, y es preocupante»

La ingeniera de As Pontes Mónica Carballeira fundó en el 2005, junto a su socio Ernesto Prieto, la compañía HUSO, adquirida hace dos años por la estadounidense Invenergy Services, de la que es vicepresidenta en España. Su ámbito de actuación es el desarrollo de todo tipo de proyectos en el campo de la renovables, un sector que lamenta que se haya quedado estancando en Galicia. «Es una pena que después de ser pionera en generación de energía eólica, todos los proyectos de instalación y repotenciación son fuera de Galicia, en Castilla y León y en Aragón, y es preocupante», señala.

Evita pronunciarse sobre la paralización de decenas de parques eólicos decidida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero no cree razonable que cuando se cumplen todos los requisitos que exige la Xunta para la instalación de dichos proyectos, «que son muchísimos», matiza, se puedan descartar estas operaciones y prescindir de la riqueza que generan y de su contribución al desarrollo industrial del país y al cumplimiento de los objetivos de la descarbonización, «cuando tenemos el desafío de llegar al año 2050 con cero emisiones de CO2, que no vamos a llegar si no se desarrollan las renovables».

Cerrar ciclos en Galicia

Por su parte, Arantxa Prado, directora de la Cámara Oficial Minera de Galicia, pone de relieve que la Lei de Recursos Naturais «tiene una parte interesante para el sector», pues aparte de apoyar a los proyectos mineros en sus objetivos, «fomenta que se cierra en Galicia el círculo de la cadena de valor», no solo para extraer materiales que acaban en fundiciones o centros de tratamiento de fuera, sino que se prevé desarrollar las tecnologías que se precisan para producir metal puro a pie de mina.

Prado considera que Galicia tiene un gran potencial minero para poder extraer al menos siete de las 34 materias primas críticas de la Unión Europea, entre las que estarían el cobre, el níquel, el litio, el wolframio o el coltán. Pero entiende que para eso es necesario agilizar los concursos de exploración, «porque solo el 2 % de las exploraciones que se hacen acaban siendo minas», recalcó,

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