El Gobierno renueva el bono alquiler, que solo llega al 0,8 % de los jóvenes
ECONOMÍA
Creará un registro único de viviendas de corta estancia para perseguir el fraude y prohibir su oferta en plataformas como Airbnb
15 oct 2024 . Actualizado a las 20:24 h.Siete de cada diez jóvenes españoles con trabajo siguen viviendo en casa de sus padres, y otros muchos se ven obligados a compartir piso para poder emanciparse. «Nos encontramos ante el precio de alquiler más alto de la historia», advertía recientemente el Consejo de la Juventud de España (CJE). La crisis habitacional arrecia y empiezan a surgir tensiones sociales, como quedó de manifiesto el pasado domingo, cuando miles de personas se manifestaron en Madrid para reclamar el derecho a una vivienda digna.
Para aplacar las críticas, y también las divisiones dentro del Gobierno de coalición, el Consejo de Ministros aprobó este martes la renovación del Bono Alquiler Joven —esta es su tercera edición—, al que se destinarán otros 200 millones de euros —11,4 de ellos para Galicia (el 5,7% del presupuesto)—. Es la misma cuantía que se movilizó en el 2022, a pesar de que, desde esa fecha, el precio de los inmuebles en el circuito de alquiler ha subido de media en España un 25%.
La ayuda para la emancipación de los jóvenes menores de 36 años consistirá en un cheque de 250 euros mensuales —hasta un máximo de 6.000 euros en dos años— para sufragar el coste del arrendamiento. Lo podrán solicitar siempre que sus ingresos anuales sean iguales o inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) —25.200 euros anuales este año—. Además, deberán demostrar que tienen una fuente regular de ingresos y empadronarse en la vivienda arrendada.
El Gobierno prevé que el cheque llegue a unos 66.000 jóvenes y que empiece a funcionar en noviembre.
Impacto marginal
Para el Consejo de la Juventud de España (CJE), el bono es una medida «insuficiente» y poco eficaz en vista de la magnitud de la crisis. Y es que solo ha llegado al 0,8% de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años (65.522 beneficiarios el año pasado). La organización cree que se han dejado de lado otras medidas más audaces como la regulación de los precios del alquiler, la penalización a las viviendas vacías o elevar la fiscalidad a la inversión inmobiliaria especulativa —cuando la compra no está vinculada al uso residencial—, además de incrementar la ambición de los planes de construcción de vivienda pública destinada al alquiler social.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cargó con parte de la responsabilidad a las comunidades autónomas: «Tienen que mejorar. Hay algunas que han necesitado tres meses para resolver las ayudas, otras más de un año. Los pagos se tienen que hacer de forma más inmediata», reclamó en la rueda de prensa posterior a la reunión. El presidente Pedro Sánchez ha convocado una conferencia de presidentes para abordar la crisis.
Viviendas turísticas
El Consejo de Ministros también aprobó este martes la creación de un registro único de viviendas de alquiler de corta duración —incluye los apartamentos de uso turístico, alquileres de temporada y alquileres de habitaciones— para «perseguir y sancionar» a aquellos que no cumplen con la normativa y se ofertan de forma fraudulenta. «Será imposible comercializarlos en plataformas», anunció Rodríguez.
Los propietarios de inmuebles que se quieran ofertar en portales como Airbnb estarán obligados a solicitar un número de identificación en esta ventanilla única, que cotejará los datos con el Registro de la Propiedad, para comprobar que cumplen con las ordenanzas municipales y que no tienen prohibido operar en una comunidad de propietarios (por mayoría de dos tercios pueden prohibir los pisos turísticos).
El número de registro se podrá solicitar a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores y tendrá una vigencia de 12 meses.
Sumar arremete contra la ayuda: «Es un bizum a los caseros. Subirán los precios»
El malestar público por la falta de viviendas asequibles y la timorata reacción del Gobierno ha crispado los ánimos dentro del propio Ejecutivo de Sánchez. Su principal socio, Sumar, volvió a cargar contra el bono alquiler. El portavoz del partido en el Congreso, Íñigo Errejón, fue tajante al asegurar que «este bono es hacerle otro bizum de dinero público a los caseros, que se quedarán la ayuda pública y volverán a subir los precios». En esa misma línea se expresaron los ministros de Trabajo y Cultura, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, quienes calificaron la medida de «parche», asegurando que es «insuficiente» y que puede agravar la crisis de vivienda si no viene acompañada de un plan más ambicioso para intervenir el mercado con topes al alquiler, la prohibición de ofertar más alojamientos turísticos y de vender inmuebles que no sean para uso residencial o alquiler social. La semana pasada, sus eurodiputados pidieron «crujir a impuestos» a quienes compran vivienda para especular y no como solución habitacional.
Rechazo colectivo
Al aluvión de críticas se sumó el principal partido de la oposición. La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, advirtió ayer al Gobierno de que intervenir el mercado «lo único que hará es sacar viviendas» del circuito. «Al propietario, cuanta más inseguridad jurídica, cuantas más limitaciones se le ponen, lógicamente, más miedo le da y lo que hace es sacar su propiedad de la oferta», añadió, antes de poner en cuestión la eficacia del bono, que ni siquiera incorpora novedad alguna.
Tampoco los sindicatos están satisfechos. «Me parece una aspirina en medio de un mar bravo», deslizó el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Las asociaciones de consumidores OCU y Facua también calificaron el anuncio de «parche». Señalan que «ya se ha comprobado que (el bono) no sirve para solucionar el problema».
En medio de la oleada de reproches por su inacción, los socios del Gobierno y el PP han conseguido que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparezca el próximo 23 de octubre para rendir cuentas sobre su gestión.