La Comisión Europea rechaza de nuevo intervenir contra el proyecto de Greenfiber en Palas de Rei
ECONOMÍA
La institución muestra su confianza en que la Xunta velará por el cumplimiento de las normas ambientales
17 oct 2024 . Actualizado a las 19:19 h.Por segunda vez en menos de dos meses, la Comisión Europea ha rechazado intervenir contra el proyecto de una planta de fibras textiles y celulosa impulsado por la empresa Greenfiber en el concello de Palas de Rei.
Si a principios de septiembre la Comisión respondió a la eurodiputada Ana Miranda (BNG) que no detecta «ninguna infracción» en materia ambiental en la iniciativa industrial a estas alturas de su tramitación; ayer miércoles emitió otra contestación en la que rechaza solicitar la suspensión del proyecto.
Esta vez la Comisión se manifestó ante una pregunta presentada por la eurodiputada Estrella Galán (Sumar), que quiso saber si las autoridades europeas están «investigando la posible violación de normativa comunitaria y ha exigido información al respecto a las autoridades españolas competentes [Xunta]» y si « En línea con los principios de 'cautela y prevención' que rigen la política medioambiental europea, ¿piensa solicitar la suspensión del proyecto?».
La respuesta recuerda que «el procedimiento de evaluación de impacto ambiental pertinente con arreglo a la directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA)1 está actualmente en curso», por lo que «es demasiado pronto» para «verificar el cumplimiento del derecho de la Unión».
Lejos de confirmar que esté investigando a la Xunta, la Comisión «espera que las autoridades regionales responsables velen por que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental sólida a la luz de todos los objetivos medioambientales». Sobre la masa de agua potencialmente afectada por el proyecto, que «presenta un potencial ecológico inferior a bueno», la Comisión señala que se debe garantizar que no haya «ningún nuevo deterioro y que el proyecto no le impida alcanzar un buen estado».
Por último, como ya hizo en la respuesta a Miranda, la Comisión recuerda que «los estados miembros son los principales responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de la UE» y añade que «existen vías de recurso nacionales y, en caso de supuestas infracciones de la ley, los tribunales nacionales competentes pueden ordenar la suspensión del proyecto, cuando proceda».